El lema de este año para celebrar el día es «Racismo y Conflicto», con la intención de destacar el hecho de que el racismo y la discriminación a menudo están en la raíz de graves conflictos.
El lema fue escogido para captar la muchas veces ignorada y, sin embargo, mutuamente retroalimentada relación entre el racismo y el conflicto. En muchas partes del mundo, el racismo, los prejuicios, y la xenofobia crean una tensión extrema y se usan como poderosas armas para generar miedo u odio en tiempos de guerra. Los prejuicios y la xenofobia pueden llevar, incluso, al genocidio, los crímenes contra la humanidad, la limpeza étnica y los crímenes de guerra.
El lema de este año tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre estos temas y recordar el sufrimiento de las víctimas que han sufrido o siguen sufriendo como resultado de los conflictos relacionados con el racismo.
El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de promover y proteger este ideal.
«El racismo sigue causando sufrimientos a millones de personas en todo el mundo… Espero que todas las personas se sumen a las Naciones Unidas en nuestro empeño por eliminar el racismo. Debemos erradicar el racismo, la estigmatización y los prejuicios tanto individual como colectivamente.»
Calcula la ONU que alrededor de 200000 mujeres han sido víctimas de violaciones en la República Democrática del Congo durante los últimos 12 años de guerra, y además padecen la falta de atención médica o psicológica y recursos económicos.
Así lo indica un informe emitido por el grupo de alto nivel constituido por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, para estudiar las necesidades de las víctimas de la violencia sexual, convertida en un arma de guerra en dicho país africano. El grupo fue constituido en agosto de 2010 con el objetivo de escuchar directamente a las víctimas de la violencia sexual acerca de sus necesidades.
Presidido por Kyong-wha Kang, alta comisaria adjunta para los derechos humanos, el panel está formado igualmente por Elisabeth Rehn, ex ministra de defensa de Finlandia, y el doctor Denis Mukwege, director del Hospital Panzi de Bukavu, en la provincia de Kivu Sur.
El grupo trabajó sobre el terreno entre septiembre y octubre de 2010, cuando se reunió con un total de 61 víctimas, de edades comprendidas entre tres y 61 años.
Entre ellas había mujeres que habían contraído el sida tras ser violadas, otras que habían quedado embarazadas, algunas fueron rechazadas por sus maridos después de sufrir el abuso sexual.
La mayoría de las agresiones sexuales las cometieron militares y miembros de los grupos rebeldes, pero también civiles violaciones.
“Sus vidas quedaron en gran parte destruidas, y sus sufrimientos físicos, psicológicos y materiales son considerables, y su victimización prosigue después de la agresión debido al estigma que sufren en su familia y en su comunidad”, señalan los expertos.
Los miembros del grupo destacan en su informe las enormes diferencias en cuanto a asistencia con que cuentan las mujeres en las ciudades y en las zonas remotas, pues en estas últimas “el acceso a cualquier ayuda o forma de reparación es inexistente”.
“En situaciones post-conflicto como la del Congo, la Justicia sólo puede atender a los reclamos individuales de una fracción de las víctimas debido al número de demandas, a la debilidad del sistema legal y a que las víctimas frecuentemente no pueden identificar a sus agresores”, señaló la alta comisionada, Navi Pillay, al presentar el informe.
El grupo recomienda el establecimiento, de forma prioritaria, de un fondo destinado a financiar las reparaciones destinadas a las víctimas de las violencias sexuales.
Dicho fondo debería estar gestionado por representantes del Estado, de Naciones Unidas, de los donantes, de la sociedad civil y de las propias víctimas.
“La compensación no sólo implica el derecho a un acceso a la justicia efectivo y equitativo, sino la necesidad de resolver las consecuencias del daño sufrido, a través de actos como la rehabilitación, la compensación o las garantías de que el hecho no volverá a repetirse”, afirmó la alta comisionada.
El grupo encontró a algunas víctimas que habían logrado, a pesar de las dificultades, que sus agresores fueran condenados, pero luego estos se fugaron de la cárcel, y nunca entregaron las indemnizaciones acordadas por la justicia.
Por ello el panel apela a que las autoridades de la República Democrática del Congo adopten medidas inmediatas para que se paguen las indemnizaciones acordadas en los casos en que haya habido condenas.
Pero la mayoría de las víctimas con las que se entrevistó el panel no obtuvieron justicia de los tribunales ya que no pudieron identificar a sus agresores.
En Bukavu, el grupo se entrevistó con víctimas de violaciones en Kivu Norte y Sur, entre ellas un grupo de niñas de 12 a 14 años, todas violadas.
Una de ellas, cuyos padres fueron asesinados, fue mantenida como esclava sexual durante cuatro meses y después quedó embarazada; otra sufre de incontinencia como consecuencia de las agresiones, lo que le hace ser objeto de burlas, señala el informe.
El grupo hace alusión al caso de un matrimonio que fue atacado por la noche por un grupo rebelde en 2008, el marido fue asesinado y la esposa pudo escaparse dejando a su hija de tres años durmiendo. Al volver al día siguiente descubrió que la niña había sido violada.
“A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno y la comunidad internacional en los últimos años, los obstáculos para que las víctimas tengan acceso a la Justicia son enormes, y van desde las distancias geográficas hasta los costes que implica un procedimiento judicial y la falta de asistencia legal”, señaló Pillay.