admin
La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Vídeo sobre los derechos de autor
¿Quién sabe si algún día será la cruda realidad?
Etiquetas: Pulsa aquí para acceder al vídeo
La ICAR, una religión sin salida
La Iglesia española no ve inconveniente en el ingreso en la fe de bebés sin uso de razón, pero pone trabas a quienes exigen no ser considerados católicos La Agencia de Protección de Datos da la razón parcialmente a los apóstatas
ENTRAR es fácil; salir, no tanto. No hablamos de un laberinto o de un centro comercial, ni siquiera de un contrato de telefonía móvil, sino de la Iglesia católica. La institución no tiene inconveniente en que el bautismo se administre a bebés incapaces de dar su consentimiento; en cambio, exige numerosos requisitos para dejar constancia de que uno no es católico.
Apostatar es, según el Diccionario de la Real Academia, «negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo». En los últimos años, en España ha aparecido un cada vez más visible movimiento apóstata: junto a los actos colectivos de abandono de la confesión en la calle, Internet se ha convertido en un foro en el que muchos ateos, agnósticos o ex creyentes buscan ayuda para culminar su separación de la Iglesia católica. Algunas organizaciones de gays y lesbianas, molestas por la actitud del episcopado hacia la homosexualidad, se han sumado de forma entusiasta a este movimiento.
La propia institución eclesiástica no tiene una política definida para responder a los apóstatas. Aunque todas las diócesis coinciden en negarse a borrar la partida de bautismo de un individuo, algunas si asumen la petición del interesado de anotar, junto a su asiento en el libro de bautismo, que no desea ser católico. En otras, en cambio, ponen todo tipo de trabas: por ejemplo, los arzobispados de Madrid y Valencia han recurrido en los tribunales las resoluciones de la Agencia Nacional de Protección de Datos que amparan el derecho de los apóstatas.
Prueba de que no hay una posición clara respecto a este asunto es la respuesta del Arzobispado de Granada al requerimiento de IDEAL. El vicario general, Juan Rodíguez Segura, aseguró que la diócesis de Granada no pone ningún impedimento a la apostasía; como ejemplo, recordó ue la última solicitud se presentó un lunes y a finales de semana ya estaba anotado, en el libro de bautismo de la apóstata, su condición de no católica. «Seguimos exactamente la directiva interna de la Conferencia Episcopal Española (CEE)», dijo el vicario. Y esa normativa «confidencial», afirmó, fue enviada a todos los obispados de España el 7 de noviembre de 2005 por el vicesecretario para asuntos generales del episcopado, quien podría aclarar su contenido. Sin embargo, el gabinete de Comunicación de la CEE dijo a IDEAL que tal normativa no existe y «cada obispado actúa de forma autónoma».
«Una decisión pensada»
Hace unas semanas, el secretario general de la CEE, Juan Antonio Marínez Camino, justificaba las dificultades para darse de baja en los libros de bautismo en que la Iglesia debe «garantizar» que tan «dramática decisión» es una «opción libre, pensada y con conocimiento de causa. Apostatar es una decisión seria, ya que significa dejar de ser católico, con todo lo que eso significa».
«También bautizarse es una decisión seria, ya que significa comenzar a ser católico, con todo lo que eso significa -replica Albert Villanova, creador de la web apostasia.es-. Por tanto, las exigencias para el bautismo deberían ser anÃáogas a las de la apostasía».
El movimiento apóstata exige a la Iglesia que unifique los criterios para apostatar de acuerdo a la ley, mediante un procedimiento «claro, rápido y gratuito para desasociarse», como señala el periodista, psicólogo y escritor José Rodríguez en su web (www-pepe-rodriguez.com). Villanova, además, reclama al Gobierno que regule este asunto para garantizar «el efectivo ejercicio del derecho a abandonar una determinada confesión religiosa, recogido en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa».
Procedimiento
Cuando la Iglesia, a través de la parroquia o el obispado correspondiente, no atiende la declaración de apostasía, el solicitante puede reclamar ante la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), competente en estos casos y que ya ha emitido decenas de resoluciones casi idénticas.
En todos los casos, la ANPD da la razón al reclamante en el sentido de que la parroquia y/o el obispado deben apuntar, en el acta de bautismo correspondiente, una anotación marginal en la que conste el «derecho de cancelación», es decir, que el interesado no desea figurar en ese listado ni pertenecer a esa organización. El efecto legal es que los datos relativos al apóstata quedan «bloqueados» y no pueden ser utilizados de ningún modo sin su permiso.
Sin embargo, la Agencia no obliga a la Iglesia a destruir la hoja del bautismo, al aceptar la pretensión eclesial de que los libros de bautismo registran «hechos históricos», pero no constituyen un «fichero» o «base de datos». También asume la tesis esgrimida por el episcopado frente a los apóstatas, según la cual «el asiento en el registro bautismal no es identificable con la pertenencia a la Iglesia católica».
Una afirmación, esta última, muy discutida por el movimiento apóstata. Pepe Rodíguez señala varios párrafos del catecismo en los que se establece que el bautismo es «la incorporación a la Iglesia» y recuerda que el Código de Derecho Canónico identifica las «obligaciones de los fieles» con las de «los bautizados».
En sus resoluciones, la ANPD cita un informe del año 2000 en el que la Dirección General de Asuntos religiosos del Ministerio de Justicia aseguraba que «la Iglesia católica no posee ficheros de sus miembros, ni relación alguna de ellos». Pero también recuerda que la ley establece que «los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado», lo que, en estos casos, significa registrar su condición de apóstata.
En todo caso, varios apóstatas han recurrido también ante la Audiencia Nacional para que les reconozca su derecho a ser borrados de todo registro de la Iglesia. Quizá las sentencias clarifiquen un procedimiento que hoy por hoy sigue siendo confuso. Y muy insatisfactorio para quienes no pueden salir de una organización en la que jamás entraron.
igallastegui@ideal.es
La imprenta que contrató el PP tenía sellos aduaneros falsificados
Marfeme, la imprenta que falsificó 1.000 solicitudes de voto por correo en Melilla por encargo del gerente del PP, Javier Lence -en una causa archivada por la juez en contra del criterio del fiscal-, ocultaba una intensa actividad ilegal que la investigación de la Guardia Civil vincula a la falsificación de tarjetas de identidad italianas, pasaportes y precintos aduaneros marroquíes y rótulos de caducidad de alimentos.
El 11 de enero, guardias civiles vigilaban el almacén de la imprenta Marfeme. Un magrebí salió de la nave con varias bolsas de basura y las arrojó a un contenedor. Los agentes recuperaron las bolsas, que despedían un olor pestilente. En su interior encontraron algunas pruebas de las actividades ilícitas que supuestamente se hacían en la imprenta y que dejaron reflejadas en un atestado:
– Precintos aduaneros marroquíes.
– Sellos aduaneros oficiales para adjuntar a pasaportes marroquíes.
– Un trozo de papel vegetal en el cual se encuentran impresos varios anagramas, entre los que destaca un sello con la leyenda Comune [ayuntamiento] di Albenga, de los utilizados para la tramitación oficial obligatoria de las tarjetas de residencia de extranjeros. Concretamente este sello serviría para la concesión de la carta de identidad italiana.
– Dos envases de cartón deteriorado perteneciente, en apariencia, a la marca de detergente Ariel.
La Guardia Civil tiró de aquel hilo y siguió investigando. La policía aduanera marroquí confirmó que los precintos y los sellos arrojados a la basura desde Marfeme eran falsos.
Otro hecho fortuito aceleró las pesquisas.
El 16 de febrero fue interceptado un vehículo Mercedes modelo 190D en la calle de García Cabrelles de Melilla. Su conductor, Adriano Menini, muestra una carta de identidad italiana que infunde a los agentes serias sospechas de falsedad. Lo llevan a la comandancia. Las gestiones con las autoridades italianas premian el olfato de los guardias civiles: el documento de identidad es falso. Menini está borrado oficialmente como residente del municipio italiano de Albenga y su última carta real de identidad italiana fue emitida en 1995.
Los investigadores dieron otro paso que resultó decisivo: analizaron la tarjeta falsa de Menini y los papeles de la basura de la imprenta. El cotejo resultó: la falsa tarjeta italiana de Menini tenía el mismo sello del ayuntamiento de Albenga que habían encontrado en los recortes de papel arrojados en bolsas de basura por el personal de la imprenta Marfeme.
El 17 de enero, la Guardia Civil montó un nuevo dispositivo de vigilancia en torno al almacén de la imprenta. A las 19.50, una furgoneta llegó al lugar y entró marcha atrás en el local. Su actividad de carga del material de la imprenta quedó oculto a miradas indiscretas. Varias personas se dedicaron a introducir cajas de cartón en el vehículo.
Los guardias identificaron a tres personajes: los dueños de la imprenta, José María y Jaime Cerezo Fernández, y el conductor de la furgoneta, Mohamed Benlamkadem. Los agentes lograron atisbar que estaban cargando cajas desmontadas de detergente Ariel, y que en el interior se apilaban decenas de paquetes de dicho producto. Calculan que el almacén podía ocultar hasta 15.000 paquetes. Los guardias civiles siguieron la pista de la furgoneta cuando abandonó la imprenta hasta su destino, un local propiedad del dueño del vehículo situado en la carretera del dique sur de Melilla.
En dicho establecimiento se vendía todo tipo de productos de alimentación y limpieza. Los agentes simularon ser meros particulares e intentaron comprar un paquete del falso Ariel. El dueño les dice que sólo lo vende en bloques de cuatro cartones, a un precio total de 14 euros. Los guardias acceden y compran el lote. Con el detergente tienen la prueba del supuesto delito.
El contenido y el cartón del paquete de Ariel son enviados para su análisis a la firma oficial fabricante del producto, Procter and Gamble España. La empresa ratifica a la Guardia Civil que continente y contenido son ajenos a su marca. Son falsos.
La investigación siguió con más escuchas. Y en una de ellas irrumpió el gerente del PP local, Javier Lence, con su encargo de impresos falsificados para solicitar el voto por correo.
Fuente: El Pais
El precio de cocaína en calles de E.U. ha bajado 36 por ciento en los últimos años
Más alcaloide circulando en las calles de ese país o una caída significativa en el consumo son las dos posibles explicaciones. Pero esto último es poco probable, según expertos.
La situación tiene encendidas las alertas en Washington: según cifras de la misma Casa Blanca, además de que el precio de la cocaína que se vende en ese país ha venido cayendo dramáticamente en los últimos cuatro años, la pureza del alcaloide se ha incrementado. Los dos indicadores son clave para evaluar la efectividad de la lucha contra las drogas, pues son un reflejo de la disponibilidad de narcóticos en el mercado estadounidense. Además, tienen implicaciones complicadas para la política de erradicación del Plan Colombia. Los cultivos y carteles colombianos siguen siendo los principales proveedores de cocaína en E.U. y lo que dicen las reglas del mercado es que a mayor disponibilidad, menor precio.Las nuevas estadísticas aparecieron en una carta que envió la Casa Blanca al senador Chuck Grassley y fueron reveladas por John Walsh, de la Oficina en Washington para América Latina (Wola). Se trata de un informe del Instituto para el Análisis de la Defensa (IDA), que se encarga de recopilar la información que utiliza la DEA. Los resultados, hasta ahora, no habían sido divulgados. Según el IDA, el precio en las calles de E.U. a octubre del 2006 -el último disponible- es de 135 dólares por gramo de cocaína totalmente pura. Esa misma cantidad valía 210 dólares en julio del 2003. Ahora, además, el alcaloide tiene mayor pureza. Se pasó de un promedio del 60 por ciento en el 2003 al 72 por ciento el año pasado. Según Walsh. la única explicación posible para este fenómeno, diferente a que el Plan Colombia no esté frenando la oferta, sería una disminución de la demanda en E.U.»Pero eso -asegura el analista de Wola- no ha sucedido. La demanda se estabilizó en el 2000 y desde entonces no existen estadísticas que demuestren que está cayendo».De hecho, en el último Sondeo Nacional para el uso de la Droga y la Salud, utilizado por la Casa Blanca para determinar el uso de cocaína entre consumidores ocasionales en la franja de adolescentes, la demanda se ha mantenido más o menos estable desde 1999.»Uno creería que si existen datos que demuestren la reducción en el consumo, la Casa Blanca ya los habría entregado. Pero no lo ha hecho», cuestiona Walsh. Investigadores de la Policía Nacional expertos en la lucha antidrogas dijeron que este fenómeno se puede presentar por dos razones: o la cocaína que en este momento está saliendo de Colombia es de mayor calidad o hay una mayor producción que las 700 toneladas anuales que, oficialmente, se estiman.»Hemos detectado por los decomisos que la mayoría de la droga que está yendo para Estados Unidos es la que los delincuentes llaman ‘escama de pescado’, cuya pureza es del 99 por ciento. Entonces, cuando llega allá la mezclan con otra droga de menos calidad y otras sustancias y de un kilo sacan tres», explicó un agente con 11 años de experiencia en la lucha antinarcóticos.La información se conoce en un momento determinante para el Plan Colombia: justo en el momento en el que el Congreso estadounidense -ahora controlado por demócratas- está evaluando el futuro de esa estrategia. Aparece también a pocos días del viaje del presidente Álvaro Uribe Vélez a Washington y cuando se está a la espera de las cifras oficiales sobre los cultivos de coca en Colombia para el año 2006, que, según conoció EL TIEMPO, disminuyeron en cerca de 10 por ciento.
20.000 dólares es el precio en Miami de un kilo de cocaína enviada desde Colombia. Si la droga es puesta en Canadá, el precio aumenta hasta cuatro veces.
Hace 2 años gramo llegó a los US$ 200 Las nuevas estadísticas ponen entredicho el victorioso anuncio que realizó el zar antidrogas John Walters en noviembre del 2005. Walters, utilizando datos suministrados por IDA, documentó un aumento en el precio de la coca, que bordeó los 200 dólares por gramo, y una disminución de su pureza (65 %) como prueba de que el Plan Colombia había comenzado a dar resultados. Pero casi de inmediato, según las cifras de IDA, el precio comenzó a caer sistemáticamente, hasta alcanzar el de octubre del 2006. Es el segundo más bajo que se registra en los últimos 5 años, según datos oficiales de E.U.SERGIO GÓMEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
