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Decenas de jueces y cargos han renunciado a la protección privada desde el año pasado

Sólo en escoltas privados para proteger a las personas amenazadas, los Gobiernos central y vasco habrán gastado a finales de este año más de 700 millones de euros, tomando como referencia el año 2000, cuando ETA rompió la tregua. En los dos últimos años, decenas de jueces y cargos públicos socialistas amenazados han prescindido de los servicios de protección. Pese a todo, los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco no revisarán aún los servicios de escoltas. «Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Sólo se ha abierto una puerta, y desconocemos lo que hay al otro lado. Y en esto sólo valen los hechos, no los dichos», dice el número dos de la Consejería de Interior, Mikel Legarda.

Ambos Ejecutivos ya se enfrentaron a esta situación con la tregua parcial decretada por ETA para los cargos amenazados en junio de 2005. Tanto Interior como PP y del PSE acordaron mantener la protección. En el caso de los socialistas, comenzó el goteo de renuncias, que ahora se prevé alcance un nuevo pico, según la policía vasca. Para entonces, Interior llevaba más de un año enfrentándose a las numerosas renuncias que llegaban desde el mundo de la judicatura en Euskadi, donde decenas de ellos han prescindido de sus escoltas. Un asunto que incluso se ha discutido con preocupación en el órgano de gobierno de los jueces vascos.

El cese de la violencia obligará a Interior a repensar la seguridad. Pero antes se tomarán un tiempo. Tras un periodo en el que los expertos policiales deberán constatar que ETA da por enterrada cualquier manifestación violenta, ambas administraciones decidirán conjuntamente cuándo, cómo y de qué manera las sombras que han seguido durante tantos años a los amenazados por ETA pueden ir desapareciendo de las calles. «No va a ser inmediato, y deberemos constatar que el cese de la violencia es irreversible e universal», dice el número dos de Interior vasco, Mikel Legarda.

El problema añadido que ya se está percibiendo es que la presión por parte de los cargos, sobre todo socialistas, para que se les retire la escolta no va a parar, salvo que la kale borroka se haga presente con la intensidad de la última tregua. «Eso ya se está viendo y de hecho nuestros protegidos no se comportan igual en Guipúzcoa, donde la presión del terrorismo ha sido siempre mayor, que en Álava», indicaba ayer un ertzaina que realiza tareas de escolta a un cargo socialista. La incidencia a medio plazo en el sector de la seguridad privada será elevada. Muchos de los escoltas tendrán que volverse a «vestir de romano», como llaman en su argot al uniforme de vigilante. El sector sólo en 2003, año del último asesinato de ETA, tuvo un volumen de negocio de 3.000 millones de euros, según su patronal, Aproser.

Si el desembolso total para hacer el museo Guggenheim ascendió a 165 millones de euros, con el dinero que el erario público habrá destinado entre 2000 y 2006 a escoltas privados se hubieran podido construir 4,5 Guggenheims.

ETA no ha causado sólo mucho dolor y sufrimiento a las 817 familias de víctimas de los terroristas desde 1968. Hay un coste crematístico que se ha ido acumulando en los presupuestos públicos y en las cuentas de resultados de muchas empresas. Ya en noviembre de 2002, en pleno debate sobre el plan Ibarretxe, el actual director de la Policía, Víctor García, entonces parlamentario vasco, preguntó al consejero de Interior, Javier Balza, sobre el coste presupuestario de ETA. «Ahora que se habla del coste de la no España, merece la pena reflexionar de lo que de verdad cuesta ETA, no sólo en vidas, sino en dinero de todos».

Al año siguiente, Balza trajo la respuesta bajo el brazo. «El coste de ETA supera los 80 millones de euros», el 53% del presupuesto operativo -que no incluye el gasto de personal y los sueldos de los ertzainas– de esa cartera. Y la partida estrella era la destinada a pagar a las empresas de seguridad privada por los servicios de escolta a los amenazados por ETA, un colectivo que no ha parado de crecer desde que la dirección de ETA ordenara el asesinato en enero de 1995 de Gregorio Ordóñez. Una estrategia de «socialización del sufrimiento», en palabras de los terroristas, que alcanzó su clímax en 2000. Ese año, los terroristas etarras asesinaron a 23 personas, diez de ellos concejales o militantes del PP y del PSOE.

Fue el pistoletazo de salida para el crecimiento de las partidas para escoltas privados. Primero fueron los cargos públicos; luego, jueces y fiscales, tras el asesinato del magistrado José María Lidón, en noviembre de 2001. Periodistas, empresarios, profesores… siguieron ampliando la lista de amenazados con escolta hasta superar los 1.000 sólo en Euskadi. En paralelo, crecía el negocio privado de la seguridad. Interior vasco destinó en su primera partida, en octubre de 2000, 2 millones de euros. En 2004, pese a que los terroristas no mataban desde mayo de 2003, esa partida se había disparado hasta los 74,8 millones. La progresión en las arcas del Ministerio del Interior tampoco ha parado de crecer. En 2005, la partida para ese cometido en el País Vasco y Navarra había superado los 92,3 millones de euros y este año hay presupuestados 94,6 millones.

Fuente: Elpais.es 2006/03/25

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