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Evidencias de ADN (DNA) sirven para revocar condenas

Cerca de 700 presos de Connecticut (EE.UU.), muchos de ellos cumplen largas condenas por asesinato o asalto sexual, están recibiendo cartas de un equipo de abogados defensores, fiscales y expertos forenses, ofreciéndoles la oportunidad de ver si hay alguna evidencia de ADN que podrían exonerarles del delito.

El Estado, mediante una subvención de 1.5 millones de dólares del Departamento de Justicia de EE.UU., pasará los próximos 18 meses revisando los casos de condena.

«Todos en la cárcel siempre dicen que son inocentes y, como hemos visto en Connecticut, algunos de ellos realmente son, y esta será una oportunidad para ver algunos casos más antiguos con la nueva tecnología», dijo el fiscal de New Haven, James Clark, que es el supervisor del equipo.

Siete personas están trabajando a tiempo completo en lo que algunos están denominando «Operación inocencia». Además de Clark, los otros son: Karen Goodrow, director ejecutivo del «Proyecto Inocencia» de Connecticut, un abogado e investigador de su oficina, un inspector del Estado, un analista de ADN y un criminólogo de la  policía científica estatal.

El grupo envió las solicitudes a cerca de 700 presos que fueron condenados por cualquiera de los tres crímenes: asesinato, homicidio o asalto sexual – antes del año 2000, cuando las pruebas de ADN era inexistentes, o en sus inicios. Los reclusos serán entrevistados por Goodrow y su equipo.  Si el equipo considera que un asunto tiene potencial, Clark determinará si la prueba de ADN está disponible  para verificación y luego enviarla al laboratorio estatal.

Clark dijo que los contactos preliminares con las oficinas de los secretarios judiciales sugieren que hay algunas pruebas disponibles en los casos de más antigüedad.

«Habrá algunos casos en que no se disponga de pruebas o de que no habrá pruebas biológicas para probar porque no había ningún motivo para reunirlas entonces», dijo Clark. «Será la suerte, de que algunos tienen elementos de ADN comprobables y otros no.»

No todos los reclusos desean participar, dijo Clark. Uno de los requisitos del programa es que el ADN de los reclusos se introducirá automáticamente en la base de datos nacional, una vez que se ha recolectado.

Clark dijo que los 700 reclusos se dividen aproximadamente mitad y mitad entre los que fueron condenados por un jurado o que se declararon culpables y nunca fueron a juicio.  El equipo espera concentrarse primero en los casos que fueron a juicio, alrededor de 100 de esos casos son de la oficina de Clark de New Haven.

El hecho de que Clark fue fiscal en muchos de los casos y esto ha suscitado cierta preocupación entre los abogados de la defensa sobre la voluntad de Clark para abrir realmente los casos.  Los críticos señalan los esfuerzos de Clark para bloquear un nuevo juicio para Ronald Taylor y George Gould.

Gould y Taylor fueron condenados en el 4 de julio de 1993, por el asesinato del propietario de la Bodega Vega, Eugenio De León en New Haven. De León recibió un tiro en la cabeza, las manos atadas  con un cable eléctrico blanco, su cuerpo se desplomó sobre un montón de cajas de  cereveza Budweiser en un pequeño refrigerador en la parte trasera de su tienda. Clark obtuvo la condena basada en el testimonio de dos mujeres: Doreen Stiles y Mary Boyd.

A petición de habeas de un nuevo juicio presentada por Gould y Taylor demostró que el ADN encontrado en el cable eléctrico no pertenece a ninguno de los dos.

Gerald O’Donnell, uno de los antiguos inspectores de Clark, que volvió a investigar el caso después de que se retirara, pide a las mujeres renunciar a su testimonio en el juicio. O’Donnell llevó sus conclusiones a Clark y el Fiscal del Estado de New Haven, Michael Dearington, pero el caso nunca fue reabierta por esa oficina.

Clark dijo que no haría comentarios sobre el Taylor y el caso de Gould, ya que está a punto de ir ante un juez. Dijo, sin embargo, que las pruebas de ADN en el caso no están claras.  «El cable del que estamos hablando se encuentra en un área pública, no se protege de nadie», dijo Clark, «así que podría ser el ADN de cualquier persona de un oficial de policía a un secretario de la corte o un abogado en él.»

Los abogados de Gould y Taylor se dedicaron los últimos seis meses a la presentación de pruebas ante un juez de Corte Superior en Rockville.  Se deben presentar escritos al juez Stanley T. Fuger Jr., quien tiene 120 días para emitir una decisión sobre si los dos homicidas obtienen un nuevo juicio. Mientras que las nuevas pruebas presentadas en su caso son prometedoras, las probabilidades están en contra de Taylor y Gould.

«Tienes más posibilidades de acertar la lotería», dijo el abogado de Gould, Joseph Visone. «Los jueces son reacios a anular las condenas a menos que haya pruebas concluyentes».

Hay 1101 peticiones de hábeas pendientes en los tribunales estatales, casi todas ellas en la Corte Superior en Rockville. El poder judicial no tiene registros sobre cuántos de esas actuaciones efectivamente dan lugar a nuevos juicios, pero los abogados involucrados hablan de muy pocos casos de éxito.

Así, un caso en el que un preso fue puesto en libertad tras los exámenes de ADN  llama la atención.  Hace dos meses, James Bain de  Florida (EE.UU.)  fue liberado después de pasar 35 años en prisión por la violación de un niño de 9 años. Bain fue la 245 ª persona liberada a nivel nacional después de que las pruebas de ADN demostraran que no cometió ninún crimen. El «Connecticut Innocence Project» ha liberado a tres hombres que estaban cumpliendo largas penas de prisión sobre la base de pruebas de ADN.  Su éxito es una de las razones de por qué Connecticut es uno de 14 estados que tiene dinero de la subvención del Instituto Nacional de Justicia, un organismo del Departamento de Justiciade los EE.UU.. En los últimos dos años, el instituto ha otorgado $ 17.6 millones a los estados para después estas pruebas de ADN.

James Tillman era el preso de Connecticut excarcelado por primera vez, en 2006, después de haber sido declarado culpable de una violación en Hartford y trabajó 18 años. Más tarde fue compensado con $ 5 millones en la legislatura estatal.

Miguel Romano fue liberado en 2009 después de cumplir 20 años por un asesinato en 1988 de su novia de 17 años, Carmen López, en Hartford, cuando las pruebas de ADN señalaron a otro hombre, Pedro Miranda.  El ADN de Miranda había sido almacenado en la base de datos del Estado como consecuencia de condenas por otros delitos graves. Fue acusado de matar a López y otras dos chicas adolescentes de Hartford en la década de 1980.

En agosto pasado, Kenneth Ireland fue puesto en libertad después de cumplir 21 años de 50 años de condena de prisión por matar a Barbara Pelkey en Wallingford en 1986. Las pruebas de ADN mostraron que la evidencia biológica descubierta en el cuerpo de Pelkey no pertenecía a Ireland.

Fuente:  Courant.com

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