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Rumanía podría convertirse el primer país en que los adivinos paguen una multa o acaben en la cárcel si sus predicciones no se cumplen. Los políticos están debatiendo el borrador de una ley que, además, exigirá a los videntes dar recibos a sus clientes y les prohibirá trabajar cerca de escuelas e iglesias. Hace sólo un mes, el Gobierno rumano reconoció la brujería como profesión, lo que tampoco gustó a sus practicantes porque les obliga a pagar impuestos. Ahora, brujos, astrólogos, videntes y demás fauna están todavía más molestos.

En su intento de esquivar toda responsabilidad, Bratara Buzea, de 63 años y que se hace llamar la Reina Bruja,ha declarado a la agencia AP que, si fallan en sus pronósticos, «no pueden condenar a las brujas, deberían condenar a las cartas». Es de risa: para justificar que no siempre aciertan, los adivinos culpan a sus útiles: ¿se imaginan a un cirujano diciendo que la culpa de que se le haya ido la mano con el bisturí la tiene el bisturí o a un asesino, que él no ha matado a nadie, que ha sido la pistola? Pero no les basta con esa tontería. «¿Qué pasa cuando el cliente nos da información falsa? No pueden culparnos de eso», ha añadido Buzea. ¿Pero es que no son videntes?, ¿es que no son capaces de ver que el tipo que entra por la puerta les va a intentar engañar?

Los críticos dicen que con esta ley el Gobierno rumano quiere desviar la atención de la grave situación económica del país, pero lo cierto es que estaría bien que en el resto del mundo civilizado se tomara nota y extendieran las políticas de protección del consumidor ante quienes venden servicios y productos inexistentes, ante quienes estafan a los ciudadanos con total impunidad.

Fuente: Magonia

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