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Comunicado de las asociaciones progresistas de Jueces y Fiscales, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales

Noticias criminología. Comunicado de las asociaciones progresistas de Jueces y Fiscales. Marisol Collazos Soto

 

Las asociaciones progresistas de Jueces y Fiscales, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, tras la reunión conjunta que ha tenido lugar en Barcelona, han aprobado los comunicados que se adjuntan, en los que dan respuesta a los anuncios y propuestas precipitados, incoherentes, innecesarios y propagandísticos que desde el Ministerio de Interior y el de Justicia se vienen haciendo sobre diversas materias.

Los asuntos examinados, han sido, en síntesis:

1.- El reciente anteproyecto de ley de implantación de tasas judiciales, que merma el derecho a la tutela judicial efectiva, sentando las bases de una justicia reservada para aquéllos que puedan pagársela.

2.- Los anuncios de reformas del Código Penal en materia de orden público, que pretenden criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales instrumentales para explicitar el desacuerdo político, como los derechos de reunión y manifestación.

3.- Las tasas de población penitenciaria y delincuencia en el ámbito de la Unión Europea, que evidencian la “paradoja española”, donde a menor tasa de delincuencia se da la mayor tasa de población reclusa, lo que contradice las declaraciones del Ministro de Interior que sigue insistiendo en la falsa idea de que el índice de delitos ha aumentado para justificar un innecesario incremento de penas.

4.- La insostenible situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, convertidos en reductos de control de la población extranjera que carece de autorización administrativa para residir en España.

5.- La “contrarreforma laboral”, que degrada las bases de la relación laboral.

6.- La decisión de no ofertar nuevas plazas de Jueces y Fiscales, al tiempo que se ofertan nuevas plazas de policías, lo que, como colofón, evidencia las prioridades del Ejecutivo, anteponiendo el control policial a la defensa de las garantías de la ciudadanía.

En un contexto generalizado de recortes de derechos sociales básicos para la convivencia ciudadana, afirmamos que este conjunto de medidas ejemplifica el tránsito del “Estado” Social al “Estado Penal”.

Comunicado completo en: iustel DIARIO DEL DERECHO

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