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De 7% es la posibilidad de que un homicida sea castigado por la justicia en Colombia, según la UE

Ese es uno de los datos más reveladores de un estudio que divulgó sobre la eficacia del nuevo sistema Penal Acusatorio y que tiene varias alarmas encendidas en Gobierno, Fiscalía y Judicatura.

La cifra sale de sumar los 62.737 homicidios que hubo en el país desde el primero de enero del 2005 hasta mayo del 2008 y confrontarla con los 1.699 casos que terminaron con condenas en el mismo lapso.

La investigación, que fue realizada por dos académicos que se basaron en cifras de la Fiscalía, es hasta ahora el estudio más amplio sobre el nuevo modelo penal en el país.

Aunque la discusión por la validez de sus resultados es fuerte, parece haber consenso en que cuatro años después del arranque del nuevo sistema llegó la hora de hacer ajustes importantes.

El balance es crítico y, de hecho, no es compartido por el Consejo Superior de la Judicatura: «Los cambios de naturaleza procesal poco inciden en la reducción de la criminalidad y de la impunidad -dice el informe de la Unión Europea-(…) La impunidad antes del sistema procesal actual giraba en torno al 95 por ciento; ahora lo hace alrededor del 97 por ciento».

En los primeros tres años del sistema oral hubo 1,4 millones de ‘noticias criminales’. Pero en 612 mil casos no hubo mayores avances y otros 252 mil apenas están en etapa previa; es decir, no hay una investigación formal contra nadie.

Uno de los frentes urgentes es el de los capturados en flagrancia (cometiendo un delito), pues de cada diez casos solo tres terminan en una condena que, se supone, debía estar asegurada.

El mismo presidente Álvaro Uribe ha mencionado en las últimas semanas su preocupación por el problema. El mandatario hizo referencia a dos decisiones de jueces de garantías de Córdoba que dejaron en libertad a 10 personas que, según la Policía, estaban en bandas criminales.

El primer caso ocurrió el pasado 20 de febrero, cuando fueron capturados cinco hombres que tenían en su poder dos fusiles AK-47, un revólver y una pistola calibre nueve milímetros. A uno de ellos le descubrieron cuatro fotografías de las que se supone iban a ser sus víctimas en lo que probablemente sería un nuevo episodio de la guerra entre ‘don Mario’ y ‘Los Paisas’. La captura se cayó porque el juez consideró que fue ilegal.

«Es claro que el sistema debe respetar las garantías, pero no se puede caer en que el exceso de garantismo termine rayando en la impunidad», dice el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos.

La historia se repitió tres semanas después en San Bernardo del Viento, donde cinco hombres fueron capturados. Cuando la Policía llegó hasta el sitio, encontró dos pistolas y 97 paquetes de a kilo que contenían una sustancia blanca. Era coca, pero todos quedaron libres por supuestos errores de procedimiento.

Noticia completa en: ELTIEMPO.COM (Colombia)

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