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La inversión del Gobierno Español para combatir la violencia de género ascendió a 256 millones de euros en 2008

La inversión del Gobierno para luchar contra la violencia de género ascendió a 256 millones de euros en 2008, una cantidad que sirvió para financiar programas de asistencia social e integral a las víctimas, la puesta en marcha del teléfono gratuito de asesoramiento jurídico 016, teleasistencia móvil, medidas de protección integral, unidades de coordinación y de violencia sobre la mujer, Plan de vivienda 2005-2008 o el de renta activa de reinserción, entre otros servicios.

En una respuesta parlamentaria, que recoge Europa Press, el Ejecutivo explica que el desarrollo de la Ley para la Violencia de género requiere de la intervención conjunta de todas las administraciones públicas implicadas, es decir, de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

Así, para el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de género 2007-2008, que contempla la promoción de proyectos autonómicos y locales innovadoras que garanticen la asistencia social de las maltratadas discapacitadas, rurales, menores e inmigrantes, el Gobierno promocionó subvenciones públicas por valor de algo más de 5,8 millones de euros, en régimen de concurrencia competitiva.

Una cifra similar (5,8 millones) invirtió el Gobierno para poner en marcha el servicio de teleasistencia móvil, financiado por el IMSERSO, con el objetivo de proteger a todas las víctimas que lo soliciten, pero que deben cumplir una serie de requisitos, como el de no convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.

Las ayudas sociales para las mujeres maltratadas previstas en la propia Ley, como el pago único para aquellas que presentan dificultades para encontrar un empleo (por su elevada edad o bajo nivel sociocultural), el Ejecutivo destinó casi un millón de euros. Una cantidad que el Ministerio de Igualdad reembolsa a las comunidades autónomas.

EL TELÉFONO 016, CASI UN MILLÓN DE EUROS

Para el teléfono de ámbito nacional de asistencia a mujeres que sufren maltrato, ‘016’, el Gobierno, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, determinó destinar la cantidad de 855.146 euros. Un servicio desde el que se asiste  alas víctimas, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.

Además, indica que deben tenerse en cuenta todas aquellas actuaciones que desarrolla la AGE en las administraciones autonómicas que benefician también a las víctimas, como el Plan Vivienda 2007-2008, la renta de Inserción o las bonificaciones a empresas por contratar a maltratadas.

También considera, aunque sin especificar, que hay que añadir el gasto derivado del ejercicio de las competencias propias del Estado en materia de lucha contra la violencia de género –que varían de unas comunidades a otras– como las actuaciones de Instituciones Penitenciarias, Unidades Espaciales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la creación de Juzgados de Violencia sobre la mujer, o el establecimiento de unidades forenses de valoración integral.

Fuente: EuropaPress

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Enlaces relacionados:

–  La violencia de género sólo es del hombre hacia la mujer

–  Política Criminal. Licenciatura Criminología. UMU

Victimologia. Licenciatura Criminologia. UMU

España, más severa en cumplimiento de penas que países con cadena perpetua

«Que se incluya la palabra cadena perpetua en el Código Penal». «La cadena perpetua habría evitado muchas muertes». «Hace falta un referéndum». «Si hay que cambiar la Constitución, que se cambie». Los padres de Marta del Castillo, la joven asesinada en Sevilla por un ex novio, y los de Mari Luz, la niña muerta a manos de un pederasta en marzo del año pasado, han abierto de nuevo el debate sobre la necesidad de incluir la cadena perpetua en la ley. Una vez más, se alzan voces quejosas por la benevolencia del sistema penal español. Sin embargo, la benevolencia no es tal. El Código Penal de 1995, sus sucesivas reformas y su aplicación han supuesto que España tenga uno de los porcentajes más altos de presos en toda Europa; que los internos cumplan prácticamente toda su pena dentro de la cárcel y que haya, de hecho, una cadena casi perpetua, de 30 o 40 años.

¿Cómo se alienta la polémica? El tratamiento mediático del brutal asesinato de Marta del Castillo -con menores acudiendo al plató para dar detalles del suceso y un seguimiento desmesurado del caso- ha provocado intensos y constantes debates por parte de todo tipo de tertulianos en programas del corazón que se erigen en expertos legales y asientan en la opinión pública la falsa creencia de que los presos en España apenas pasan tiempo en la cárcel. Y no son sólo los tertulianos los que inducen al error. También los políticos contribuyen a ello. El presidente Zapatero recibió ayer al padre de Marta del Castillo y le aseguró que apuesta y trabaja por el cumplimiento íntegro de las penas, aunque matizó que una pena de 30 años, ya prevista en la ley, es «como si fuera una cadena perpetua». El presidente del PP, Mariano Rajoy, abogó en un acto electoral en Galicia por el endurecimiento de las penas en casos de crímenes contra menores, por el cumplimiento íntegro de las condenas para los asesinos y por la revisión de los beneficios penitenciarios, medidas que su grupo presentará en el Congreso en forma de proposición no de ley. Rajoy explicó además que esta iniciativa se presenta por el asesinato de Marta del Castillo, al igual que ya se había hecho anteriormente en el caso de la niña Mari Luz. Una vez más, se asoma el peligro de legislar a golpe de suceso.

A pesar de la convicción contraria de parte de la opinión pública, lo cierto es que las leyes penales llevan endureciéndose sin pausa desde principios de los noventa, como explica el profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona José Cid en El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006. La Constitución de 1978 obliga a que las penas estén orientadas «hacia la reeducación y reinserción social», incompatible con meter a alguien en la cárcel el resto de su vida, pero el Código Penal de 1995 prevé en estos momentos penas muy largas: de 30 años si el reo ha sido castigado por dos o más delitos y alguno de ellos tiene prevista una pena de más de 20 (como el asesinato) o de 40 años si al menos dos de los delitos cometidos tienen una pena de más de 20. También se puede castigar con 40 años de cárcel la comisión de dos o más delitos de terrorismo.

Las penas son largas, pero ¿se cumplen o salen los presos enseguida a la calle? Las estadísticas contradicen esta creencia popular. El número de personas encarceladas aumentó un 43% en apenas 10 años, entre 1996 y 2006. Y este dato no supone, según los estudios del profesor de Derecho Penal José Cid, que entren más personas en prisión, sino que pasan más tiempo dentro. El tiempo medio de estancia en prisión casi se ha duplicado desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Pasó de 9 meses en 1996 a 16 meses en 2004. La razón: el incremento de la duración de las condenas, la abolición de la redención de penas por el trabajo, el poco uso que dan los jueces a las penas alternativas y la cada vez más escasa aplicación de algunos mecanismos importantes de reinserción social como la libertad condicional.

La libertad condicional no es fácil de conseguir en estos momentos. En 2006 se concedieron, en proporción al número de condenados, menos de la mitad que en 1996. Se ha pasado, en 10 años, de 26 libertades condicionales por cada 100 condenados a 11. El Código Penal de 1995 ya endureció las condiciones para obtenerla, y en 2003 hubo una reforma específica para dificultarla aún más. Como explica José Cid, «sólo una minoría de personas, en torno a una cuarta parte de la población reclusa condenada, se beneficia de los principales instrumentos de reinserción establecidos en la ley penitenciaria mientras que aproximadamente tres cuartas partes de las personas extinguen su pena sin que exista un regreso escalonado a la comunidad».

En países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Italia, Holanda o Alemania, donde se supone que existe la cadena perpetua, en realidad es una pena que se puede -y debe- revisar y que difícilmente dura más de 30 o 40 años. «Nominalmente ellos tienen cadena perpetua y nosotros no», explica el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez. «Pero el cumplimiento efectivo de las penas al final es mayor en España que en muchos de estos países, porque aquí no hay revisión posible de la condena impuesta».

En Italia, por ejemplo, a los 26 años se examina el caso para ver si la persona debe seguir en prisión. En Alemania, la condena tiene que revisarse a los 15 años, tras los cuales se podría conceder la libertad condicional -la media de cumplimiento de este tipo de pena era de 19 años en 1998-. En Francia también existen varias posibilidades para analizar la situación del reo después de los primeros 15 años, y Reino Unido y Holanda también tienen mecanismos de revisión que, en la práctica, hacen muy inusual que una persona pase en la cárcel hasta el fin de sus días.

En España no ha habido nunca cadena perpetua en los tiempos modernos. Lo que sí hubo, durante el franquismo, fueron penas muy largas, de hasta 40 años. «Eran tan brutales que eran imposibles de cumplir», explica Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. «Después de la Guerra Civil éste era un país depauperado, sin dinero para cárceles y más de 150.000 presos. Por eso se inventaron cosas como la redención de penas por el trabajo, para aligerar el sistema. Al final, por la necesidad de flexibilizar, la gente cumplía la mitad del tiempo. El Código de 1995 vino a poner coto a esto, y a la arbitrariedad. El Estado democrático pone la pena que considera justa y la hace cumplir».

Durante el periodo constituyente se excluyó la pena de muerte y también, a través de la necesaria reinserción de las penas, la cadena perpetua. El Derecho Penal dejaba de ser un modelo de venganza para recuperar al delincuente. Se excluían las medidas definitivas y absolutas, y los primeros borradores del Código hablaban de límites de 15 o 20 años de la pena de prisión. Sin embargo, a lo largo de los años, y muchas veces para contentar a una sociedad consternada por el terrorismo o por asesinatos y violaciones salvajes, se fueron endureciendo las penas hasta llegar a los actuales 40 años.

«Ya es discutible que el actual cuadro de sanciones sea constitucional», opina Octavio García, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. «En España no hay un grave problema de inseguridad. No es un problema real. Sin embargo, abrimos permanentemente un debate que siempre acaba con la petición de sanciones más graves porque las víctimas se arrogan el derecho a decidir cómo deben resolverse los conflictos». «A los padres que sufren estas tragedias hay que darles todo lo que pidan, pero no convertirlos en portavoces de la opinión pública», coincide el magistrado Sáez. «No tiene sentido que los políticos se presten a esto ni que se legisle así. Lo que hay que hacer es pedagogía».

Frente a algunos constitucionalistas y penalistas que afirman que una cadena perpetua revisable cada cierto tiempo encajaría perfectamente en nuestra Constitución, porque permitiría verificar la reinserción del delincuente y cumplir así con el artículo 25 de la Carta Magna. «La cadena perpetua no es eficaz y atenta contra la dignidad humana», dice Octavio García. «El Estado castiga a gente que ha cometido actos inhumanos con sanciones inhumanas. El debate que debería abrirse es otro: averiguar y examinar las causas de la delincuencia».

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

Importante golpe de las policías de EEUU y Colombia contra la falsificación de moneda

En la operación han sido detenidas nueve personas relacionadas con los diferentes centros de producción. La red desarticulada estaba especializada en la falsificación y distribución de euros, dólares americanos, pesos colombianos, bolívares venezolanos, y otros documentos como visas europeas y lotería de Colombia.

Se han practicado diez registros simultáneos donde se han intervenido 57 planchas de impresión, 394 negativos y positivos -fotolitos- con imágenes de billetes euro de 50, 100 y 500, de dólares americanos y de moneda colombiana. Entre la moneda falsa intervenida hay casi 400.000 euros y más de 5.500.000 dólares USA.

La investigación ha sido realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo de Falsificación de Moneda del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, el Servicio Secreto Americano y Europol. Gracias a la coordinación y cooperación internacional entre las distintas policías se ha asestado el que es el mayor golpe de los últimos años contra la falsificación de moneda.

Desarrollo de la operación

Los siete meses que ha durado la investigación han permitido a los agentes determinar las diferentes técnicas utilizadas por los falsificadores, así como las rutas utilizadas para su distribución en Europa, EEUU, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Ecuador.

Se ha neutralizado el proceso de fabricación de un billete de 500 euros falso en el que la organización estaba trabajando. Han sido incautados los fotolitos de los que posteriormente saldrían las planchas de impresión con las que iban a elaborar esta falsificación.

Además, es la primera vez que se intervienen los fotolitos utilizados para elaborar el holograma de los billetes de 50 y 100 euros. Asimismo, ha sido localizada plancha de impresión utilizada para falsificar la visa Schengen francesa.

Fuente: Cadena Ser

Los españoles gastan anualmente 285 millones en productos falsificados

El gasto medio por compra se sitúa en los 20,66 euros, con una frecuencia media de al menos dos veces al año.
Según el informe, el 18% de los consumidores admite comprar productos falsificados de forma voluntaria. Esta cifra representa una ligera reducción de un 3% respecto a 2001, año en el que Andema elaboró la primera encuesta. La lucha de las propias empresas titulares de marca y las actuaciones aduaneras y policiales, pueden estar detrás del descenso, según la Directora General de Andema, Soledad Rodríguez, para quien la reducción es aún muy baja.

Por sexo, la encuesta pone de relieve un aumento claro de la contribución de las mujeres al consumo de las falsificaciones. Así, 62% de los compradores son mujeres. Además, comparando el dato con 2001 se observa un aumento de seis puntos porcentuales. Por el contrario, mientras que el 44% de los consumidores eran, en 2001 hombres, su porcentaje se ha reducido al 38%.

Los de 25 a 34, los más compradores

En cuanto las edades, se observa una generalización del consumo que va de los 16 años a los 54. En primer lugar, se sitúa el segmento de entre 25 y 34 años (26%), seguidos muy de cerca por los de entre 16 y 24 años /22%) y la población de entre 45 y 54 años (20%). Sólo los consumidores de más de 64 años presenta un porcentaje muy reducido, un 5%.

Por ocupación, lo más destacable es el aumento claro de las amas de casa y el mantenimiento con un aumento de 5 puntos de los empleados no directivos, que se convierten en la base de consumo de las falsificaciones. En concreto, con un 43% se sitúan los empleados no directivos, seguidos de las amas de casa, con un 23%. Los estudiantes, con un porcentaje del 19%, se colocan en tercer lugar. El otro lado de la moneda lo constituyen los jubilados y los autónomos que se convierten en los segmentos de población más fiel a las marcas.

Los datos obtenidos por ?rol familiar?, son las amas de casa las que han registrado los mayores aumentos respecto a 2001. No obstante, son los cabeza de familia, con un 32% los que encabezan la compra, seguidos muy de cerca por las amas de casa (31%) y los hijos (28%). En el caso del ?status social?, el mercado de las falsificaciones tiene una clientela muy fiel: la clase media-media, que se constituye en el núcleo de los consumidores voluntarios y conscientes de las falsificaciones, con un 73% del total.

Perfil del comprador

A la luz de estos datos, podemos concluir que el perfil del consumidor voluntario de productos falsificados responde a una mujer, entre 25-34 años; empleado no directivo o ama de casa y perteneciente a la clase media-media.

En cuanto a los productos falsificados más solicitados, destacan las marcas de textil; en segundo lugar aparecen las falsificaciones en electrónica que casi ha duplicado los porcentajes del 2001. En tercer lugar se encuentra Perfumería y Cosmética, que han incrementado con respecto a 2001 en un 5%; en cuarta posición se sitúa ?marroquinería y complementos. Tanto calzado como relojería han experimentado un descenso en la compra de un 3%.

Las imitaciones

El informe elaborado por la Asociación de Defensa de la Marca, analiza también el comportamiento de los consumidores en el caso de las imitaciones. Un 17% de los encuestados admite comprar voluntariamente imitaciones de marca, con una reducción de tres puntos porcentuales respecto a 2001.

En cuanto al perfil del consumidor de imitaciones, responde a una mujer, el 70% de los compradores son mujeres; de entre 45-54 años (27%); empleado no directivo (37%) y por rol familiar, son las amas de casa las que utilizan más este tipo de productos, pertenecientes a la clase media-media (71%).

Fuente: Europa Press

Sentencias españolas para consultar

Los ciudadanos podrán acceder a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales a través de la página web del Poder Judicial.

Así lo anunciaron el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Martínez Lázaro y el director del Centro de Documentación Judicial, Juan Mateo Ayala, que recordaron que las sentencias del Supremo ya estaban disponibles desde 2003, las de los Tribunales Superiores desde junio de 2006 y que ahora se podrá acceder también a las de las Audiencias Provinciales.

En una rueda de prensa para presentar este nuevo servicio, Martínez Lázaro cifró en tres millones el número de resoluciones que se podrán consultar y dijo que, con esta iniciativa, el Poder Judicial no quiere competir con las editoriales especializadas, sino prestar un servicio público.

«Cualquier ciudadano podrá saber qué ha resuelto un tribunal español sobre cualquier tema», añadió.

Fuente: 20minutos.es

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