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La Fiscalía de Madrid denunció ayer en el juzgado presuntas irregularidades en el servicio de proteción telemática (las conocidas como pulseras antimaltrato) a las víctimas de violencia de género de la región, que gestiona, mediante concesión del gobierno de Esperanza Aguirre (PP), la empresa ERO&STAFF S.L.

Acercamiento consentido

Según denunció una trabajadora de la concesionaria a la Fiscalía, empleados de ERO&STAFF, sabedores de que algunos agresores estaban acercándose a sus víctimas incumpliendo la orden judicial que se lo prohibía, les dieron permiso para entrar en la zona de exclusión.

Además, no pusieron en conocimiento del juez el quebrantamiento de la orden, tal y como están obligados. Sin esta información, la autoridad judicial no puede tomar cartas en el asunto y estudiar si se deben imponer medidas más restrictivas a los agresores.

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