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De software, internet, legales Sobre autores mediocres piratas

Para los que llevamos muchos años con el software libre es ya una historia conocida: después de ignorarte o reirse de ti llega la fase del “ataque”. Así nos han dicho de todo, talibanes, cáncer, fanáticos, ladrones, etc. etc.

Ahora estamos viviendo una esta similar de los que proponen la regulación de Internet y el recorte de las libertades individuales en favor de sus propios intereses: mantener un modelo de negocio imposible.

Así, aunque el debate es variado y con opciones diversas (por ejemplo EDans no tiene [gran parte de] razón o Casciari tiene razón, pero peligrosamente optimista), esos ignorantes del debate y que se han quedado sin argumentos entran a saco con la descalificación personal y de toda la comunidad. Un ejemplo lo sufrí en persona y en directo por la radio, pero el que leí el domingo pasado en El País me dejó frío, aunque ya debería estar acostumbrado.

Se trata de Sobre piratas y ladrones de Jose María Guelbenzu. No había visto tanta ignorancia, tanto FUD, tanto maniqueismo y <perez_reverte>cainismo</perez_reverte> en tan pocas líneas. No sé cómo El País se atreve a publicar semejante artículo… o sí que lo sé. Pero que al menos no le llamen “Tribuna”, en todo caso “La grada” o “La voz de sus amos”.

De cualquier forma creo que da una excelente oportunidad para responderle en los mismos términos, estilo y falacias ad-hominem a tutiplen. Me servirá para practicar un poco de populismo victimista y con suerte saldrá publicado en algún periódico.

Sobre autores mediocres piratas

Para ciertos individuos la sociedad tiene una deuda hacia ellos. Ésta es la idea bajo cuya bandera muchos de ellos, consciente o inconscientemente, están cometiendo toda clase de atentados contra la libertad individual gracias a la mal llamada propiedad intelectual.

En la sociedad, la palabra propiedad intelectual lo envenena todo, es la coartada perfecta para toda clase de injurias y calumnias al tiempo que privatizan la cultura.

Las leyes de propiedad intelectual permite apropiarse de contenidos que bien son copiados directamente o bien, siendo incluso adquiridos inicialmente, se redistribuyen o se revenden a precios discriminatorios al tiempo que se convierte en delincuente al que comparte cultura.

Ya no es teoría ni especulación la idea de una propiedad total sobre la cultura y el conocimiento como representación de un mundo donde la privacidad e intimidad no tienen cabida. Es como un Gran Hermano orwelliano, pero mucho peor.

Simbólicamente, Victor Hugo es la imagen del autor que a pesar de los favores y dineros que recibía de Luis XVIII o la Reina Victoria no fió su fortuna ni la de sus descendientes a la gracia de sus señores o del público. Hasta entonces, el artista creaba a expensas de su protector, ya fuera éste el rey, una institución o incluso un comerciante enriquecido; desde Victor Hugo, el “artista”, amparándose en la Convención de Berna que ayudó a crear, empezó a reclamar propiedades antes inexistentes, a cobrar por cada pieza vendida y tratar de ladrones a sus lectores. Cuando los intermediarios entraron en escena se montó una cadena de negocio al final de la cual estaban los abogados.

En los últimos años, una figura ha empezado a reproducirse vertiginosamente en el mundo de la cultura: el autor mediocre. El autor mediocre es un ser humano que se dispone, a diferencia del resto de los humanos, a sacar partido de la sociedad cobrando de por vida más noventa años del trabajo que hizo sólo una vez.

Ha escrito un libro intrascendente, abona su cuota a la sociedad gestora, trabaja para un gran medio de comunicación y tiene conciencia de pertenecer a un lobby o asociación que salvará a la cultura. Toda esta inversión procede de su trabajo en una gran empresa, o de la sociedad gestora, o de subvenciones estatales, de las cuales cobra un dinero.

El autor mediocre considera indiscutible su derecho a ser pagado –de por vida y también sus descendientes– por su breve trabajo, pero, ¡oh paradoja!, considera igualmente indiscutible apoderarse, sin pagar por ello, del trabajo ajeno en nombre de la cultura popular. De donde venga esta idea es algo misterioso.

Quizá su origen remoto esté relacionado con el proceso que comenzó hace años con el new age bajo el lema “todo es relativo”, que viene a decir que tanto vale mi opinión como la misma realidad, aunque la realidad sea tozuda y yo un piernas que no pudo acabar estudios universitarios de letras. Por esa línea de pensamiento débil o simplemente tonto se llega a la idea de que libertad depende de cómo la mires y quién se la merece. Y ahí está el corazón del problema.

En los viejos tiempos, muchos desdichados viajeros eran abordados por salteadores de caminos que, pistola en mano, les conminaban a entregar “la bolsa o la vida”. Por lo general, entregaban la bolsa y la ropa y se iban con una mano delante y otra detrás mientras los bandidos se repartían el botín.

En nuestros días, el autor mediocre, influencia política en mano, se apropia del dinero ajeno para su entretenimiento, y si se anuncia mayoritariamente de parte de los expertos de que alguna medida legal es inconstitucional, como en Francia, avisan de que les da igual, es decir, que seguirán insistiendo, calumniando y cobrando al resto de la sociedad. Toda una declaración de intención; ahí no hay inconsciencia.

La sociedad a la que se le quita el dinero y algunas asociaciones preocupadas por un justo balance entre interés cultural y la libertad individual, buscan soluciones que pasan por la re-estructuración (que los autores rechazan airadamente) de un cánon injusto y gestionado de manera oscura que no llega a los autores de las obras que consumimos,  o a las compañías de telefonía (que también se niegan pagar el mismo impuesto que ya les obligarán a pagar a TVE y así transferir cientos de millones de euros de publicidad hacia la televisiones privadas, gestionadas por los mismos grupos mediáticos).

Yo no estoy en contra de pagar un cánon, pero sí a favor de una distribución justa y transparente al tiempo que no se restrinjan las libertades individuales, porque negar la libertad individual es una manera de fomentar la quiebra de la democracia y la solidaridad social imprescindible.

Y estoy decididamente a favor de fomentar la cultura; pero así como generarla cuesta dinero a la sociedad, por la misma razón no se debe de pagar dinero por descargarse libros, películas o canciones que ya han sido debidamente pagadas por todos.

Es la palabra propiedad intelectual la que lo envenena todo y la coartada perfecta, así que debe de usarse la palabra adecuada: latrocinio, despojo, apropiación indebida… y tendría que explicarse ya desde el colegio.

La mala conciencia del autor mediocre aparece cuando éste intenta justificarse acusando de abusos a la propiedad intelectual (que también abusa de una mayoría de artistas que trabajan cada día): no me cabe duda de que los ha habido y los habrá, lo que no justifica que la respuesta sea la del señor feudal que se echa a los caminos a condenar a todos sus vasallos.

Y por último, las asociaciones de autores ya se han convertido desde hace décadas, con sus millones de euros provenientes de cánones y subvenciones, en grupos de presión sobre el poder para que éste legisle contra derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, Carta de los Derechos Humanos y acuerdos europeos e internacionales: el de la libertad individual, la intimidad y la privacidad de las comunicaciones. Es el triunfo de los adoradores del becerro de oro de la propiedad intelectual y la miseria de la política esclavizada a los grupos de presión y sus artistas lameculos.

Parafraseando a Goebbels: “¡Oh, Propiedad Intelectual, una mentira, repetida cien años, se convierte en verdad!”.

Ricardo Galli es programador, profesor y empresario, con estudios acabados, sin braguetazo conocido, sin relación alguna con grandes medios ni voluntad de vivir sin trabajar. [*]

[*] Aviso para tuiteros que sólo se quedan con la frase que les conviene: es también la obligada boutade, recomiendo leer la impresionante biografía del autor del artículo original

Para los que llevamos muchos años con el software libre es ya una historia conocida: después de ignorarte o reírse de ti llega la fase del “ataque”. Así nos han dicho de todo, talibanes, cáncer, fanáticos, ladrones, etc. etc.

Ahora estamos viviendo una esta similar de los que proponen la regulación de Internet y el recorte de las libertades individuales en favor de sus propios intereses: mantener un modelo de negocio imposible.

Así, aunque el debate es variado y con opciones diversas (por ejemplo EDans no tiene [gran parte de] razón o Casciari tiene razón, pero peligrosamente optimista), esos ignorantes del debate y que se han quedado sin argumentos entran a saco con la descalificación personal y de toda la comunidad. Un ejemplo lo sufrí en persona y en directo por la radio, pero el que leí el domingo pasado en El País me dejó frío, aunque ya debería estar acostumbrado.

Se trata de Sobre piratas y ladrones de Jose María Guelbenzu. No había visto tanta ignorancia, tanto FUD, tanto maniqueismo y <perez_reverte>cainismo</perez_reverte> en tan pocas líneas. No sé cómo El País se atreve a publicar semejante artículo… o sí que lo sé. Pero que al menos no le llamen “Tribuna”, en todo caso “La grada” o “La voz de sus amos”.

De cualquier forma creo que da una excelente oportunidad para responderle en los mismos términos, estilo y falacias ad-hominem a tutiplen. Me servirá para practicar un poco de populismo victimista y con suerte saldrá publicado en algún periódico.

Sobre autores mediocres piratas

Para ciertos individuos la sociedad tiene una deuda hacia ellos. Ésta es la idea bajo cuya bandera muchos de ellos, consciente o inconscientemente, están cometiendo toda clase de atentados contra la libertad individual gracias a la mal llamada propiedad intelectual.

En la sociedad, la palabra propiedad intelectual lo envenena todo, es la coartada perfecta para toda clase de injurias y calumnias al tiempo que privatizan la cultura.

Las leyes de propiedad intelectual permite apropiarse de contenidos que bien son copiados directamente o bien, siendo incluso adquiridos inicialmente, se redistribuyen o se revenden a precios discriminatorios al tiempo que se convierte en delincuente al que comparte cultura.

Ya no es teoría ni especulación la idea de una propiedad total sobre la cultura y el conocimiento como representación de un mundo donde la privacidad e intimidad no tienen cabida. Es como un Gran Hermano orwelliano, pero mucho peor.

Simbólicamente, Victor Hugo es la imagen del autor que a pesar de los favores y dineros que recibía de Luis XVIII o la Reina Victoria no fió su fortuna ni la de sus descendientes a la gracia de sus señores o del público. Hasta entonces, el artista creaba a expensas de su protector, ya fuera éste el rey, una institución o incluso un comerciante enriquecido; desde Victor Hugo, el “artista”, amparándose en la Convención de Berna que ayudó a crear, empezó a reclamar propiedades antes inexistentes, a cobrar por cada pieza vendida y tratar de ladrones a sus lectores. Cuando los intermediarios entraron en escena se montó una cadena de negocio al final de la cual estaban los abogados.

En los últimos años, una figura ha empezado a reproducirse vertiginosamente en el mundo de la cultura: el autor mediocre. El autor mediocre es un ser humano que se dispone, a diferencia del resto de los humanos, a sacar partido de la sociedad cobrando de por vida más noventa años del trabajo que hizo sólo una vez.

Ha escrito un libro intrascendente, abona su cuota a la sociedad gestora, trabaja para un gran medio de comunicación y tiene conciencia de pertenecer a un lobby o asociación que salvará a la cultura. Toda esta inversión procede de su trabajo en una gran empresa, o de la sociedad gestora, o de subvenciones estatales, de las cuales cobra un dinero.

El autor mediocre considera indiscutible su derecho a ser pagado –de por vida y también sus descendientes– por su breve trabajo, pero, ¡oh paradoja!, considera igualmente indiscutible apoderarse, sin pagar por ello, del trabajo ajeno en nombre de la cultura popular. De donde venga esta idea es algo misterioso.

Quizá su origen remoto esté relacionado con el proceso que comenzó hace años con el new age bajo el lema “todo es relativo”, que viene a decir que tanto vale mi opinión como la misma realidad, aunque la realidad sea tozuda y yo un piernas que no pudo acabar estudios universitarios de letras. Por esa línea de pensamiento débil o simplemente tonto se llega a la idea de que libertad depende de cómo la mires y quién se la merece. Y ahí está el corazón del problema.

En los viejos tiempos, muchos desdichados viajeros eran abordados por salteadores de caminos que, pistola en mano, les conminaban a entregar “la bolsa o la vida”. Por lo general, entregaban la bolsa y la ropa y se iban con una mano delante y otra detrás mientras los bandidos se repartían el botín.

En nuestros días, el autor mediocre, influencia política en mano, se apropia del dinero ajeno para su entretenimiento, y si se anuncia mayoritariamente de parte de los expertos de que alguna medida legal es inconstitucional, como en Francia, avisan de que les da igual, es decir, que seguirán insistiendo, calumniando y cobrando al resto de la sociedad. Toda una declaración de intención; ahí no hay inconsciencia.

La sociedad a la que se le quita el dinero y algunas asociaciones preocupadas por un justo balance entre interés cultural y la libertad individual, buscan soluciones que pasan por la re-estructuración (que los autores rechazan airadamente) de un cánon injusto y gestionado de manera oscura que no llega a los autores de las obras que consumimos,  o a las compañías de telefonía (que también se niegan pagar el mismo impuesto que ya les obligarán a pagar a TVE y así transferir cientos de millones de euros de publicidad hacia la televisiones privadas, gestionadas por los mismos grupos mediáticos).

Yo no estoy en contra de pagar un cánon, pero sí a favor de una distribución justa y transparente al tiempo que no se restrinjan las libertades individuales, porque negar la libertad individual es una manera de fomentar la quiebra de la democracia y la solidaridad social imprescindible.

Y estoy decididamente a favor de fomentar la cultura; pero así como generarla cuesta dinero a la sociedad, por la misma razón no se debe de pagar dinero por descargarse libros, películas o canciones que ya han sido debidamente pagadas por todos.

Es la palabra propiedad intelectual la que lo envenena todo y la coartada perfecta, así que debe de usarse la palabra adecuada: latrocinio, despojo, apropiación indebida… y tendría que explicarse ya desde el colegio.

La mala conciencia del autor mediocre aparece cuando éste intenta justificarse acusando de abusos a la propiedad intelectual (que también abusa de una mayoría de artistas que trabajan cada día): no me cabe duda de que los ha habido y los habrá, lo que no justifica que la respuesta sea la del señor feudal que se echa a los caminos a condenar a todos sus vasallos.

Y por último, las asociaciones de autores ya se han convertido desde hace décadas, con sus millones de euros provenientes de cánones y subvenciones, en grupos de presión sobre el poder para que éste legisle contra derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, Carta de los Derechos Humanos y acuerdos europeos e internacionales: el de la libertad individual, la intimidad y la privacidad de las comunicaciones. Es el triunfo de los adoradores del becerro de oro de la propiedad intelectual y la miseria de la política esclavizada a los grupos de presión y sus artistas lameculos.

Parafraseando a Goebbels: “¡Oh, Propiedad Intelectual, una mentira, repetida cien años, se convierte en verdad!”.

Ricardo Galli es programador, profesor y empresario, con estudios acabados, sin braguetazo conocido, sin relación alguna con grandes medios ni voluntad de vivir sin trabajar. [*]

[*] Aviso para tuiteros que sólo se quedan con la frase que les conviene: es también la obligada boutade, recomiendo leer la impresionante biografía del autor del artículo original

Fuente:

Bajo licencia Creative Commons

Cuando criminalizar es un gran negocio

Cuando en los años 60 del siglo pasado se descubrió que los particulares hacían copias no consentidas por los titulares de los derechos utilizando la tecnología de aquella época (las cintas magnetofónicas y las musicassettes), se tomaron en consideración los siguientes elementos y se diseñó un sistema de compensación ampliamente conocido como «canon»:

  • Copia privada: todas las que eran ilícitas realizadas en el ámbito doméstico por los particulares para su uso propio.
  • Acreedor del canon: las empresas que se beneficiaban de una mayor venta, esto es, los fabricantes de las cassettes y de los aparatos de grabación.
  • Criminalización social: ninguna, puesto que se convalidaban de esta manera todas las copias realizadas por los ciudadanos.

La filosofía subyacente estaba muy clara: convalidar las copias que los ciudadanos realizaban por no poderse controlar las mismas y remunerar a los autores. Sin embargo, esta filosofía se quebró en nuestro siglo con las actuales copias: las que los ciudadanos realizan con los programas p2p. Como es bien sabido, cuando se reformó en julio de 2006 nuestra Ley de Propiedad Intelectual introduciendo el llamado canon digital, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista aprobaron unánimemente un canon que no sólo no convalidaba las copias realizadas por los ciudadanos sino que, además, en la ley se restringía el concepto de copia privada. De esta manera se traicionaban los fines buscados por la anterior legislación y se pasó a un sistema diferente:

  • Copia privada: una muy escasa proporción de las copias realizadas por los particulares.
  • Acreedor del canon: se deja fuera a los verdaderos beneficiarios del actual estado del arte, que son las empresas de telecomunicaciones y se continúa con el anterior diseño de acreedores.
  • Criminalización social: absoluta.

Nuestros corruptos partidos políticos, sorprendentemente de acuerdo en algo, perdieron una oportunidad histórica de diseñar un canon
acorde con la finalidad de la ley (la convalidación de las copias y satisfacción a los autores), que hubiera sido el siguiente:

  • Copia privada: todas las que los ciudadanos realizan con la tecnología del momento, lo que incluye, por supuesto, las realizadas con los programas de intercambio p2p.
  • Acreedores del canon: las empresas que se benefician actualmente, que son las de telecomunicaciones.
  • Criminalización social: ninguna.

Este sistema, además, tendría una ventaja adicional: ni el Estado, ni las empresas, ni los autónomos, satisfarían canon y el papel del siglo XXI (el soporte digital) dejaría de estar gravado. Si la línea de conexión fuese de una institución administrativa, académica, a una sociedad mercantil o de un autónomo, esa línea se hallaría exenta de canon, pero la empresa de telecomunicaciones lo satisfaría por cada conexión a un domicilio particular. El precio de las líneas debería ser el mismo independientemente de su contratante: si la línea es de un Juzgado y su velocidad es de 3 Megas, su precio deberia ser idéntico al de un particular con igual tipo de conexión. Por supuesto, este nuevo régimen exigiría la supresión del canon actual, que no tiene ningún sentido. Se dejaría de criminalizar a los particulares y pagarían quienes verdaderamente se están lucrando con las descargas.

Ayer acabamos el juicio del caso Soto. Durante el mismo se ha evidenciado la existencia de un sector económicamente muy floreciente: el sector de los servicios «antipiratería». Este sector está compuesto por tres tipos de servicios:

  • Despachos de abogados vinculados a los lobbies de la industria del entretenimiento y, por tanto, interesados en que no se resuelva el actual conflicto social y, mucho menos, partidarios de un canon que convalide todas las copias realizadas por los particulares.
  • Software «antipiratería» utilizado tanto para monitorizar las redes como para sembrarlas de archivos «ruido».
  • Peritos «antipiratería» que en el caso Soto incluso se llegó a aportar una pericial firmada por un profesor de Derecho y con contenido sobre responsabilidad civil, lo que es verdaderamente insólito puesto que de Derecho saben los Tribunales.

Con un canon como el descrito, el caso Soto nunca hubiera existido. ¿Quién hubiera ganado? La sociedad y el desarrollo tecnológico. ¿Quién hubiera perdido? El sector de servicios «antipiratería» vinculado con las reformas legislativas precisamente a través de los lobbies. Criminalizar es un gran negocio. Nos estafaron los dos partidos políticos PSOE y PP cuando reformaron de común acuerdo la Ley de Propiedad Intelectual, lo que nos deja una pregunta pendiente: ¿Quiénes son los verdaderos piratas?

Fuente: Derecho de Internet
Bajo licencia Creative Commons

Enlace de interés: Noticias. La web de Maco048

Compartir es bueno

Diciembre 18, 2008

Señor Ministro de Cultura.

Anuncia usted medidas impopulares para combatir la piratería. Se va a sacar de la manga algún tipo de reglamentación, como ya se  ha hecho en Francia, para perseguir a los usuarios de Internet que descargamos contenidos protegidos; es decir, señor ministro, piensa perseguir ¿al 30, al 50, al 75% de los internautas españoles?

No sé quién le aconseja en estas cuestiones (espero que no sea fruto de su propia iniciativa), y sobre todo, no sé si el Presidente Zapatero se da cuenta de lo perjudicial que es seguir con este tipo de planteamientos sobre el uso de Internet.  Lo que sí sé es que con ellos no van a obtener nada a cambio.

Señor ministro, parece pertenecer usted a ese irreducible grupo de intelectuales para los cuales Internet es más una amenaza que una oportunidad para difundir la cultura que dicen proteger. También es evidente que a su despacho solo tienen acceso esas mismas élites, vanguardia cultural que nos sigue vendiendo (o intentándolo) el mismo producto desde hace 30 años, y que piensa que sigue siendo más rentable (políticamente, me refiero) hacerse una foto con los cuatro cantantes de turno, que reconocer la realidad, a la que, tarde o temprano, todos tendrán que adaptarse. Y es que los tiempos han cambiado; el modelo de negocio de la cultura ya no puede ser el de antes, los canales de distribución de la cultura son otros, y su respuesta como máximo responsable de la cultura en España no puede ser intentar poner puertas al campo. Resulta tan patético como aquellos viejos artistas de Broadway, indignados a comienzos del siglo pasado porque la emisión de música a través de la incipiente radiodifusión iba a dejarles sin espectadores en los teatros. O como aquellos obreros luditas, para los que las máquinas y la tecnología en general eran el motivo de sus malas condiciones laborales y de vida.

Lo peor de todo ello es que existen muchos, muchísimos votantes socialistas que están empezando a reconsiderar su voto por esta cuestión, y aunque no me encuentro entre ellos, me gustaría que alguien dentro del PSOE empezara a cuestionar sus palabras y sus intenciones, señor ministro. Porque es inadmisible destinar dinero público a campañas infantiles que nada tienen que ver con la cultura, y sobre todo porque por mucho que se empeñe en poner trabas a lo que ustedes llaman “piratería”, inmediatamente surgirá una forma de franquearlas.

Fuente: davicius

Protección de Datos expedienta a la SGAE por grabar una boda

contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por grabar sin permiso una boda y aportar el vídeo a un juicio por derechos de autor, lo que puede acarrearle una multa de hasta 300.500 euros.

La SGAE, en el contexto de su pleito contra un salón de celebraciones de Sevilla, contrató a un detective, que se coló en la boda y grabó a los asistentes bailando al ritmo de canciones presuntamente protegidas por derechos de autor.

A escondidas

El salón de bodas fue condenado a pagar 43.179 euros por derechos de autor en base a otras pruebas periféricas, ya que la sentencia del juzgado de lo Mercantil sevillano no admitió el vídeo como prueba porque constituía «una clara violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen» más aún cuando se ejecutó «a escondidas, cuando la celebración estaba ya avanzada».

Al conocer la sentencia, la Asociación para la Protección de Datos de los Consumidores (Consudato) denunció los hechos a la Agencia de Protección de Datos, que ha abierto un expediente sancionador a la SGAE por una posible infracción grave, con una multa aparejada de entre 60.101 y 300.506 euros.

Dice la resolución que el vídeo recoge imágenes «de una celebración en un local cerrado donde se distingue a los asistentes a la misma, pudiéndose identificar a alguno de ellos», y existen indicios de que los datos de carácter personal se usaron posteriormente «con conculcación de los principios y garantías» de la citada ley.

Una herramienta habitual

El letrado del salón de bodas, Joaquín Moeckel, afirma que este expediente puede sentar precedente ya que la SGAE, en su lucha para conseguir el pago de derechos de autor, está aportando a juzgados de toda España pruebas similares grabadas por detectives.

La SGAE ha defendido en ocasiones anteriores que este tipo de pruebas son «absolutamente lícitas y conforme a Derecho», pero la sentencia estableció que se trata de una «intromisión ilegítima» en los derechos constitucionales «a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen».

Fuente: EFE


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El taxi, la policí­a y la SGAE

Hoy tome un taxi para ir a una cita. En el mismo la radio estaba puesta y sonaba lo último de la radio fórmula.

Hasta aquí nada extraño, todas las personas que hemos tomado un taxi alguna vez hemos vivido esta situación (salvo, claro está, que el amable conductor decida que es mucho mejor su conversación, cosa que por cierto suele ser cierta).

Así pues pensarán si se me ha ido la pinza o sufro de algún tipo de oligofrenia. La cuestión es que estaba escuchando música en un lugar público (un taxi) y el citado conductor reconoció (el muy canalla, ;) ) que no pagaba la cuota de la SGAE. Es mas, casi se mea de la risa ante mi pregunta.

Pero en el fondo no era tan estúpida. Si los locales de hostelería, las peluquerías, comercios, etc,…, que ponen contenidos audiovisuales protegidos por derechos de autor están obligados a pagar las susodichas cuotas (por llamarlas de forma amable, en realidad me parece mas bien un acto puramente recaudador sin fin ninguno), ¿por qué motivo los taxis están exentos?.

Los bares y restaurantes, los hoteles, las peluquerías, los comercios,…, etc, todos pagan. Pero los taxistas no, vaya, vaya, ¿acaso han llegado a una acuerdo con la SGAE? ¿llevaran gratis a sus miembros a cambió de la exención? ¿o es que sencillamente su vasta organización criminal tiene a la SGAE acojonada?

Ante tal situación me dirigí a una comisaría de Policía, para como buen ciudadano, denunciar al colectivo del taxi. Para mi sorpresa al entrar en la citada comisaría, oí música, había una radio puesta y rápidamente me dirigí al oficial para preguntarle si estaban al corriente de pago de las cuotas de la SGAE, y si esto no era así me vería en la obligación como ciudadano de denunciarlos allí mismo y ya de paso claro, a todos los taxistas de España.

El oficial de turno me miró con cara de “¿Por qué todos los locos me tocan a mí?” y muy amablemente (por aquello de que a los locos es mejor seguirles la corriente) me mandó a tomar por el saco, que allí estaban para cosas más importantes. Visto que el citado oficial debía de estar comprado por la mafia del taxi, pensé que sería mejor solicitar hablar con un superior. Increíblemente mi solicitud fue concedida (supongo que el oficial debió de pensar “¡juas! el marrón que le paso al jefe”, mas que nada por la alegría que iluminó su rostro),

Acto seguido un oficial de mayor rango se dirigió a mi y oportunamente le explique la situación y mi intención de poner una denuncia contra todos los taxistas de España y ya puestos contra el oficial que me había atendido y contra la propia comisaría. Para dar mayor empaque al tema, relate los hechos con toda meticulosidad, haciendo especial hincapié en que el dejar de pagar esos importes ponía en peligro la perpetuación de la SGAE. Que como buen ciudadano debía de hacer cumplir la ley, la cual nos obliga a pagar a esta entidad privada cantidades desmesuradas de dinero, que no debe de rendirle cuantas a nadie y que además con el dinero que recauda puede hacer lo que le dé la real gana.

Tras mi exposición, el que resultó ser el Comisario Jefe, dudó si llamar a algún servicio médico para que me diesen atención psiquiátrica o sencillamente echarme a patadas. Así de claro me lo expresó, es más, estaba pensando incluso si detenerme o ponerme algún tipo de multa, aunque tenia serias duda de sí ser gilipollas era delito o algún tipo de falta.

Sin lugar a dudas, salí totalmente convencido de que no sólo los taxistas pertenecen a algún tipo de sociedad secreta tremendamente peligrosa, ¡la policía también pertenece a esa sociedad secreta! Es más, incluso creo que hay una conspiración para acabar con la SGAE, y si la SGAE desapareciese, ¡Dios mío! ¿que haríamos entonces con todo ese dinero que sobraría?

Sería el día del juicio final…. del final de la SGAE claro….

Fuente: http://tronera.blog.zm.nu

Una asociación ayudará a consumidores y empresas a reclamar la devolución del canon

La plataforma ‘Todos contra el canon’ ha anunciado hoy en SIMO que impulsará la creación de una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo será gestionar las exenciones de la compensación por copia privada que se aplica a los soportes informáticos de grabación. Representantes del sector han calificado hoy esta tasa de «injusticia», «cacicada» y «agresión».

La Ley de Propiedad Intelectual establece que los autores deben ser compensados por las copias privadas que los consumidores realizan de sus trabajos. Para lograr este fin, establece que los fabricantes de soportes de grabación susceptibles de ser utilizados para realizar las copias paguen una compensación, un canon que se cobra de forma indiscriminada sea cual sea el uso real que se va a dar al disco compacto o DVD. Varias asociaciones empresariales y de internautas, agrupadas en la plataforma ‘Todos contra el canon», se oponen a este modelo de gestión de la propiedad intelectual desde hace meses. Han pedido firmas contra la tasa compensatoria, y con ellas (actualmente dicen haber recibido 722 737 adhesiones) apoyaron una petición remitida al Defensor del Pueblo para que lleve el canon al Constitucional.

Representantes de la Asociación de Internautas (AI), Comisiones Obreras, la Asociación de Usuarios de Internet o la Asociación Española de Documentación Digital, entre otros, han apoyado esta mañana el siguiente paso en la estrategia de la plataforma. Se trata de la creación de una asociación que ayude a quien según la ley no esté obligado a pagar la tasa a exigir que no se le cobre -casos en los que el soporte informático se usa para almacenar obras propias, desde desarrollos de software a las fotos familiares o los documentos que genera un juicio- es un paso más en la campaña de ‘Todos contra el canon’. Los representantes de la plataforma que hoy han acudido a SIMO coinciden en señalar que el canon lastrará el desarrollo tecnológico español al aumentar los costes de empresas y particulares en una sociedad de la información “que ha pasado de ser la cola de Europa a los primeros de África”, según Javier Pagés, de la Asociación de Ingenieros Informáticos. “La nueva economía se va a desarrollar utilizando cada vez más soportes informáticos de grabación a los que si no cambian las cosas se va a aplicar canon, que repercutirá negativamente sobre empresas pequeñas y autónomos”, según ha señalado Salvador Bellido, de la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME). “Es una situación completamente injusta, una cacicda que lastra la economía de las empresas y los profesionales”.

También ha estado presente en SIMO para apoyar los postulados de ‘Todos contra el canon’ Lionel Fernández, de la Asociación de Empresas Operadoras y servicios de Telecomunicaciones”, que considera que la situación generada por la nueva Ley de Propiedad Intelectual es “una agresión contra el sector sin base legal. Fernández comentó que en la actualidad existen sistemas de cobro de derechos basados en la tecnología, como los que se utilizan en los móviles, que son menos indiscriminados, pero que las sociedades de autor no quieren implantarlos de forma general. Frente a la posibilidad de que el canon se extienda a otros soportes informáticos, como el disco duro, o a las líneas ADSL, Miguel Erraste, presidente de ANEI (Asociación Nacional de Empresas de Internet) avanza que la reacción del sector podría ser la deslocalización. “Habría que hablar de mudarse a Andorra”, afirma.

Fuente: ElPais.com

Todos contra el canon digital

Mientras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que da ví­a libre al establecimiento de un nuevo canon para los soportes digitales, continúa su trámite parlamentario, y ha pasado recientemente del Congreso al Senado, un amplio colectivo de asociaciones profesionales y entidades representativas de usuarios, empresas del sector de las tecnologías de la información, telecomunicaciones e Internet, se han reunido para reclamar mayor transparencia hacia el consumidor en este pago que encarece de forma indiscriminada los productos y servicios. Además quieren reafirmar su posición en contra del Canon Digital que según dicen «perjudica el desarrollo de la Sociedad de la Información y a la competitividad de nuestra economía»

A fin de recabar nuevos apoyos entre entidades sociales y ciudadanos particulares, los firmantes han anunciado la puesta en marcha de la plataforma www.todoscontraelcanon.es, y planificado próximas convocatorias y actuaciones con los representantes de todos los grupos parlamentarios.

Algunas de las organizaciones firmantes son: AEDOC (Asociación de Empresas de Documentación Digital), AETIC (Asoc. de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones), AI (Asociación de Internautas), AMI (Asociación de Música en Internet), ANEI (Asoc. Nacional de Empresas de Internet) y ASIMELEC (Asoc. Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones).

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