En 1907, el papa Pío X promulgó la encíclica Pascendi Dominici Gregis, que pasó a la historia como la más dura condena contra el modernismo dentro del catolicismo. Para Roma, aquel “modernismo” no era una simple corriente teológica, sino una “síntesis de todas las herejías”: un peligro total que parecía cuestionar los fundamentos mismos de la fe. El texto no solo denunciaba a los pensadores católicos que buscaban integrar los avances de la ciencia, la historia y la filosofía con la tradición religiosa, sino que también diseñaba un detallado aparato de vigilancia contra ellos.
La encíclica estableció que profesores y sacerdotes sospechosos de modernismo debían ser investigados y, en muchos casos, expulsados de sus cátedras o censurados públicamente. Con Pascendi, la Iglesia dio un paso que algunos historiadores han calificado como neo-inquisitorial: se creó una red de denuncias y se impuso el famoso juramento antimodernista, obligando a clérigos y docentes católicos a renegar de ideas consideradas sospechosas, como la interpretación histórica de la Biblia o la autonomía de la razón frente a la teología.
El documento refleja el miedo profundo de la institución a perder el control sobre el discurso religioso en un contexto de rápidos cambios culturales. En lugar de ver en el modernismo una oportunidad de renovación y diálogo con la modernidad intelectual, se lo presentó como enemigo interno a reprimir. Esta actitud, lejos de fortalecer a la Iglesia, alimentó la imagen de una institución encerrada en posiciones intransigentes y temerosa del pensamiento libre.
La paradoja es evidente: en su afán de proteger la fe, Pascendi sofocó la reflexión teológica y marginó a voces valiosas que buscaban hacer del cristianismo un interlocutor vivo en el mundo moderno. El resultado fue un catolicismo más rígido, pero también más distante de la cultura contemporánea. Solo décadas más tarde, con el Concilio Vaticano II, la Iglesia comenzaría a abrir el diálogo que el antimodernismo había clausurado con tanta severidad.
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