Han pasado ya cuatro décadas desde que en España se diera un paso crucial en materia de derechos y salud reproductiva: la aprobación, en 1985, de la primera ley que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos muy concretos —violación, malformación del feto y riesgo para la salud física o psíquica de la gestante. Aquella norma supuso un cambio drástico frente al Código Penal anterior, donde el aborto se castigaba sin matices, y abrió el camino a un debate social y político que ha acompañado ininterrumpidamente la historia reciente de nuestra democracia.
Del sistema de supuestos a la ley de plazos
Con la llegada del año 2010, España se sumó a los países europeos que reconocen el derecho al aborto dentro de un marco de plazos. La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo permitió a las mujeres interrumpir el embarazo libremente durante las primeras 14 semanas de gestación, ampliables hasta las 22 en casos de grave riesgo o anomalías fetales. Esta medida situó al país en sintonía con la normativa de la mayoría de socios comunitarios, consolidando por fin un modelo más garantista con la autonomía de las mujeres.
Sin embargo, el consenso fue breve. Durante el gobierno del Partido Popular se introdujo una modificación: las adolescentes de 16 y 17 años, que hasta entonces podían abortar sin autorización parental (bastando únicamente la notificación), pasaron a requerir el consentimiento explícito de sus progenitores o tutores. Esta vuelta atrás, aunque pequeña en apariencia, simbolizó la fragilidad de un derecho que nunca ha dejado de estar sometido al vaivén ideológico.
El aborto como cuestión de igualdad
Es importante recordar que la interrupción voluntaria del embarazo no es una decisión que deba tomarse a la ligera ni una experiencia cotidiana. Precisamente por eso, garantizar que las mujeres tengan la posibilidad de decidir con libertad y seguridad resulta un mínimo esencial en términos de salud e igualdad. Se trata, en el fondo, de una cuestión de justicia social: reconocer a las mujeres como sujetos plenos de derechos capaces de decidir sobre su maternidad, su vida y su futuro.
Eliminar o restringir este derecho no reduce el número de abortos, sino que pone en riesgo la vida y la dignidad de quienes se ven obligadas a recurrir a prácticas clandestinas. La historia reciente en otros países demuestra que, cada vez que se limitan estas libertades, lo que aumenta no es la natalidad deseada, sino la vulnerabilidad de las mujeres.
Entre avances y amenazas
En pleno 2025, reconocer los cuarenta años de la legalización del aborto en España debería servir, no solo para celebrar lo alcanzado, sino también para advertir de lo frágil que sigue siendo este derecho. No son pocas las fuerzas políticas y sociales que, en nombre de valores supuestamente superiores, colocan de nuevo la autonomía de las mujeres bajo sospecha y buscan retrocesos.
El aborto es probablemente uno de los primeros derechos que se verían afectados si quienes se oponen a él alcanzan cotas de poder suficientes. Y en ese terreno, la experiencia ya ha mostrado cómo pequeños ajustes legales, justificados como correcciones técnicas, esconden en realidad un retroceso en la capacidad de las mujeres para decidir sobre su vida.
No dar un paso atrás
Cuarenta años después de aquella tímida despenalización de 1985, y quince años después de la consolidación del sistema de plazos, la lección es clara: el derecho al aborto no está asegurado por completo. Aún queda camino por recorrer, tanto para reforzar las garantías jurídicas y sanitarias, como para combatir la desigualdad territorial que todavía restringe el acceso a las mujeres en determinadas comunidades.
Defender este derecho es defender una sociedad más libre, justa e igualitaria. Por eso, en este asunto, la consigna sigue siendo la misma: ni un paso atrás.
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