En 2024, el derecho al aborto en España sigue enfrentando importantes desafíos en cuanto a su acceso efectivo, a pesar de estar legalmente reconocido. Según el último informe presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García, cerca del 82% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en centros privados, mientras que solo un 18% suceden en la red pública. Esta realidad pone en evidencia una desigualdad territorial y una falta de oferta pública suficiente para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho sin barreras.
Un derecho con obstáculos territoriales y desigualdades en la sanidad pública
La disparidad entre comunidades autónomas es marcada. La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, ejemplifica esta problemática con una histórica negativa a fortalecer la oferta pública de aborto. En la última década, se practicaron más de 162000 interrupciones en esta región, pero únicamente 177 en hospitales públicos, una cifra que ha sido calificada por la ministra como «absolutamente inaceptable» y contraria a la ley de 2023 que busca garantizar la accesibilidad en la sanidad pública.
La ministra García ha reiterado el compromiso del Ministerio para exigir a las comunidades planes claros y efectivos que reviertan esta situación. La sanidad pública, al ser el sistema que garantiza mayor equidad y calidad, debe liderar la prestación de este servicio para eliminar dificultades económicas, sociales y territoriales que muchas veces obligan a las mujeres a recurrir a centros privados o desplazarse lejos de su lugar de residencia.
Perfil, motivos y tendencias en las interrupciones voluntarias del embarazo
El informe revela que la tasa de abortos se mantiene estable, con un 12,36 abortos por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. Sin embargo, se observan incrementos en ciertos grupos de edad: especialmente en mujeres entre 35 y 39 años y entre menores de 20 años, donde los abortos aumentaron un 7% en 2024 respecto a 2023.
Las causas mayoritarias detrás de esta decisión son la voluntariedad de la mujer (94,62%), seguidas de casos por riesgo grave para la vida o salud de la gestante, anomalías fetales y enfermedades incompatibles con la vida. Además, la mayoría de las intervenciones (76,58%) se realizan durante las primeras ocho semanas de gestación, mostrando un acceso temprano a los servicios.
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Métodos y prevención: hacia una atención integral
El método farmacológico, menos invasivo, gana peso en la red pública, representando un 31% de las interrupciones. En cambio, en los centros privados y extrahospitalarios predomina el método quirúrgico. Este contraste refleja tanto las distintas capacidades de infraestructura como las preferencias y circunstancias de cada mujer.
Un dato preocupante es que en la mitad de los abortos (49%) la interrupción ocurre tras relaciones sin uso de anticonceptivos, lo que evidencia importantes lagunas en educación sexual, acceso a métodos y prevención. Por ello, la ministra García ha subrayado la necesidad de fortalecer la educación sexual integral, eliminar barreras económicas, y facilitar el acceso a anticonceptivos —como la distribución gratuita de preservativos para jóvenes de 16 a 22 años.
Reflexión final: un camino todavía por recorrer
Garantizar el derecho al aborto no es solo promulgar leyes, sino traducirlas en servicios públicos accesibles, de calidad y sin desigualdades. A pesar de avances normativos y la voluntad ministerial, la realidad del 2024 muestra que España aún debe avanzar en materia de cohesión territorial, recursos públicos, prevención y educación sexual.
La clave está en evitar que las mujeres se vean obligadas a elegir entre la dificultad de acceder a un aborto en la sanidad pública o desplazarse contra su voluntad a centros privados. Para que el derecho sea real y efectivo, es imprescindible que la sanidad pública refuerce su papel, que las comunidades autónomas cumplan con sus responsabilidades, y que toda la sociedad se comprometa en acompañar a la mujer desde la prevención hasta la atención integral.
En este contexto, la igualdad, la autonomía y la salud son los pilares sobre los que debe construirse una política de aborto justa, digna y efectiva en España. El camino es largo, pero no es opcional: es una cuestión de derechos humanos y garantía plena de la libertad reproductiva.
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