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En Senegal, una mujer víctima de violación puede terminar condenada si decide interrumpir el embarazo resultante de esa agresión. Esta paradoja cruel expone una de las contradicciones más dolorosas entre los compromisos internacionales del país y su realidad jurídica interna, donde el control sobre el cuerpo femenino sigue siendo un campo de batalla entre derechos fundamentales y conservadurismo social.
Un compromiso internacional sin aplicación
El 27 de diciembre de 2004, Senegal ratificó el Protocolo de Maputo, tratado de la Unión Africana destinado a promover y proteger los derechos de mujeres y niñas en el continente. El artículo 14 de este protocolo establece claramente que los Estados signatarios deben autorizar el aborto terapéutico en casos de agresión sexual, violación, incesto o cuando el embarazo pone en peligro la salud mental o física de la madre o del feto.
Dos décadas después, ese compromiso permanece como letra muerta en la legislación senegalesa. Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Liga Senegalesa de Derechos Humanos (LSDH) y el Encuentro Africano para la Defensa de los Derechos Humanos (RADDHO) denuncian persistentemente este incumplimiento. Su informe «Double peine» («Doble condena»), publicado en 2024, documenta cómo las mujeres víctimas de violación o incesto se ven forzadas a llevar sus embarazos a término, convirtiéndose en víctimas dos veces: primero de la violencia sexual y luego del Estado que las abandona.
La trampa legal que criminaliza a las víctimas
Los artículos 305 y 305 bis del Código Penal senegalés prohíben el aborto, permitiéndolo únicamente en casos terapéuticos extremos para salvar la vida de la madre. Esta legislación restrictiva empuja a las mujeres hacia prácticas clandestinas que resultan peligrosas y frecuentemente mortales.
Las cifras son escalofriantes: según la plataforma Prison-Insider, hasta el 46% de las mujeres detenidas en la prisión Liberté VI de Senegal han sido condenadas por infanticidio. Esta estadística devastadora revela la magnitud de una tragedia social donde mujeres desesperadas, sin opciones legales ni apoyo institucional, recurren a medidas extremas que terminan en condenas penales. La sociedad que debería protegerlas las convierte en criminales.
El laicismo teórico frente a la imposición religiosa práctica
Senegal se define constitucionalmente como una república laica que garantiza la igualdad ante la ley sin distinción de religión. Sin embargo, aunque más del 95% de la población es musulmana, el argumento religioso domina el debate sobre el aborto, eclipsando consideraciones médicas, jurídicas y de derechos humanos.
Esta contradicción resulta particularmente hipócrita. En un marco laico auténtico, el debate sobre la interrupción del embarazo debería centrarse en criterios médicos y en los derechos individuales de las mujeres. Incluso desde perspectivas teológicas islámicas, existen interpretaciones que sostienen que el alma se infunde después de 120 días de gestación, lo que abriría espacio para interrupciones tempranas del embarazo sin entrar en conflicto con creencias religiosas.
Pero la verdadera pregunta que esta imposición religiosa colectiva elude es fundamental: ¿tiene el Estado derecho a obligar a una mujer a continuar un embarazo contra su voluntad? ¿El argumento de que un feto no tiene voz debe anular el derecho de una mujer consciente, con dignidad y autonomía, que tampoco dio su consentimiento para ser violada?
El patriarcado disfrazado de moral tradicional
Más allá de la religión, el argumento de la «moral tradicional» se invoca constantemente para justificar el control sobre los cuerpos femeninos. Pero ¿de qué moral hablamos exactamente? Si preservar la moral significa negar a una mujer el control sobre su propio cuerpo, especialmente tras una violación o incesto, entonces esa moral debe ser cuestionada radicalmente.
La verdadera moral que debería protegerse es la dignidad, la libertad y la autonomía de las mujeres, no un conservadurismo patriarcal que perpetúa su subordinación. Lo más revelador es que este sistema cuenta con defensoras entre las propias mujeres, incluso aquellas con educación superior. Este fenómeno demuestra hasta qué punto las normas patriarcales están profundamente interiorizadas, incluso por quienes más sufren sus consecuencias.
Argumentos emocionales contra realidades devastadoras
En toda África, los argumentos contra el derecho al aborto se repiten con asombrosa similitud: religión, tradiciones y «valores africanos». Se construyen sobre la premisa de que abortar equivale a matar, que es una práctica occidental importada que amenaza el orden moral tradicional, y que el feto inocente no debe pagar por las circunstancias de su concepción.
Sin embargo, estos discursos se fundamentan en emociones, tabúes y conservadurismo, raramente en ciencia, derechos fundamentales o en la realidad brutal de la violencia sexual. Ignoran convenientemente el sufrimiento de mujeres reales, con vidas, proyectos y dignidad, para privilegiar una vida potencial.
La organización JGEN, que lucha contra la violencia de género en Senegal, multiplica sus esfuerzos de incidencia para que el Estado deje de criminalizar a las víctimas y respete sus compromisos internacionales. Su trabajo visibiliza una contradicción escandalosa: Senegal firma tratados de derechos humanos en foros internacionales pero mantiene leyes que violan sistemáticamente esos mismos derechos en su territorio.
La doble victimización: de la violación a la prisión
La situación actual crea un círculo vicioso de victimización. Una mujer es violada o víctima de incesto, quedando embarazada de esa agresión. Sin acceso legal al aborto, enfrenta dos opciones igualmente terribles: llevar a término un embarazo forzado, con todo el trauma psicológico y las consecuencias sociales que conlleva, o recurrir a un aborto clandestino arriesgando su vida.
Si sobrevive al procedimiento clandestino o si, desesperada, comete infanticidio, puede terminar en prisión. El Estado senegalés, en lugar de protegerla tras la primera violencia sufrida, la castiga por intentar recuperar el control sobre su vida. Esta es la definición misma de la doble condena que denuncian las organizaciones de derechos humanos.
El costo de sacrificar vidas conscientes por vidas potenciales
El razonamiento según el cual debe privilegiarse la vida del feto sobre la dignidad y salud de la mujer no se sostiene desde ninguna perspectiva ética coherente que valore genuinamente la vida humana. Pedirle a una víctima de violación que lleve a término un embarazo no deseado en nombre de un «valor social» abstracto no es solo hipócrita, es profundamente violento e injusto.
Cada mujer debe poder decidir libremente sobre su cuerpo, su vida, su salud mental y física, y su futuro. Esta no es una posición radical, es simplemente reconocer la humanidad plena de las mujeres. Elegir no debería ser un lujo reservado para quienes pueden pagar abortos clandestinos en condiciones relativamente seguras o viajar al extranjero; debería ser un derecho fundamental garantizado por el Estado.
Un cambio urgente y necesario
La situación en Senegal no es una excepción en África, pero eso no la hace menos urgente de resolver. Requiere voluntad política para armonizar la legislación nacional con los compromisos internacionales, campañas de sensibilización que desafíen tabúes y normas patriarcales, y sobre todo, el reconocimiento de que los derechos reproductivos son derechos humanos fundamentales.
Mientras Senegal mantenga leyes que criminalizan a las víctimas de violencia sexual, mientras obligue a mujeres a elegir entre un trauma perpetuo o arriesgar su vida en procedimientos clandestinos, el país seguirá siendo cómplice de una violencia institucional contra las mujeres. El cuerpo de una mujer debe pertenecerle a ella, y solo a ella. Todo lo demás es opresión disfrazada de tradición o moralidad.
Fuente: GlobalVoices
Licencia CC
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