El púlpito contra el voto: ¿Es legítima la injerencia de la Iglesia en política?

Getting your Trinity Audio player ready...

La laicidad es el primer fundamento de la democracia, porque establece la independencia del Estado respecto de la religión y garantiza que lo público permanezca separado de las creencias personales. Sin embargo, en España, país que se declara constitucionalmente aconfesional, la Iglesia católica mantiene una presencia institucional tan intensa que cuestiona esa supuesta neutralidad. La pregunta entonces es inevitable: ¿es lícita esta injerencia política, o constituye una violación flagrante de los principios democráticos?

El silencio que nunca llega

En diciembre de 2024, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, hizo un llamamiento público a la convocatoria de elecciones generales anticipadas, defendiendo explícitamente la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre la situación política del país. El Gobierno respondió acusándole de vulnerar la neutralidad que debe mantener una institución religiosa financiada con dinero público, y el debate quedó servido: ¿puede una organización que recibe miles de millones del erario público actuar como actor político partidista?

Lo primero que conviene recordar es que esta no es una excepción aislada. En las misas, las alusiones políticas e incluso la petición explícita de voto a las derechas suelen ser frecuentes. La fe, convertida en herramienta de movilización electoral, funciona como un «buen filón de confianza incondicional», como señalan los críticos del clericalismo. Y no es casualidad que los países más democráticos del mundo —los nórdicos— sean también los más laicos, mientras que allí donde la presencia religiosa es más intensa, la democracia se resiente.

El peso del oro y las exenciones

Para comprender la magnitud del problema, es necesario hablar de números. Según estimaciones de Europa Laica, la Iglesia católica española recibió aproximadamente 11800 millones de euros de dinero público en 2020. Esta cifra incluye partidas directas como la casilla del IRPF —que en 2023 ascendió a unos 360 millones de euros—, pero también conceptos indirectos que multiplican exponencialmente el flujo de recursos públicos hacia las arcas eclesiásticas.

Entre estos conceptos figuran los 5400 millones destinados a la enseñanza concertada y al pago de profesores de religión designados por los obispados pero financiados por la Administración, los 2000 millones en exenciones fiscales (IBI y otros impuestos), 900 millones por actividad hospitalaria, y 600 millones en mantenimiento del patrimonio artístico. Del total recibido por IRPF, solo el 25% se destinó a labores asistenciales y pastorales, mientras que el 75% restante fue directamente a las diócesis para salarios, Seguridad Social y funcionamiento interno.

La paradoja es aplastante: una institución que se financia mayoritariamente con dinero de todos los españoles —incluidos ateos, musulmanes, agnósticos y progresistas— se permite intervenir abiertamente en el debate político defendiendo posiciones ideológicas de derechas. Desde el momento en que la Iglesia recibe muchísimo dinero público, solo está legitimada para mantener una asepsia ideológica que garantice su imparcialidad y su respeto por la diversidad, que es el pilar de toda democracia.

La memoria que no olvida

Para entender la presente injerencia hay que mirar al pasado. En febrero de 1936, la prensa católica anunciaba que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada, declarando al gobierno del Frente Popular ilegítimo, tiránico y enemigo de Dios. En julio de ese mismo año, la Iglesia se sumó con fervor a la «Santa Cruzada» de los militares golpistas. El catolicismo fue el fundamento ideológico del franquismo, cuyo jefe era «caudillo de España y de la Cruzada».

Hoy, 47 años después de una Constitución que declara un Estado aconfesional, la Conferencia Episcopal actúa como si siguiéramos en el nacionalcatolicismo, con poder para intervenir y controlar la vida política. Esta continuidad histórica no es accidental: la falta de una política laicista clara y el mantenimiento de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, herederos del Concordato franquista de 1953, han convertido a la Iglesia en un actor político con poder y sin control democrático.

El muro que nunca se construyó

La teoría es clara. La separación entre Iglesia y Estado es un principio jurídico-político fundamental en las democracias modernas, consolidado históricamente durante la Ilustración y las revoluciones liberales. Como escribió Thomas Jefferson en 1802, debe existir un «muro de separación entre Iglesia y Estado» que garantice que la religión permanezca como un asunto entre el individuo y su divinidad, sin que los poderes públicos tengan alcance sobre las opiniones religiosas.

La práctica española, sin embargo, es otra. La Constitución de 1978 establece en su artículo 16.3 que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero inmediatamente añade que los poderes públicos «tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Este «principio de cooperación» —ambigua reformulación de antiguas relaciones de privilegio— permite establecer mediante acuerdos todo tipo de beneficios que contradicen palmariamente el principio democrático de separación.

El resultado es una laicidad de cartón piedra: España es formalmente aconfesional pero funcionalmente confesional. La Iglesia controla 2591 centros educativos concertados que atienden a más de 1,5 millones de alumnos, moldea valores desde la infancia, presiona sistemáticamente en temas como el aborto o la eutanasia alineándose con sectores conservadores, y mantiene una excepcionalidad jurídica incompatible con los principios de igualdad y no discriminación que supuestamente rigen el Estado de derecho.

La legitimidad que no existe

¿Tiene entonces la Iglesia legitimidad para pronunciarse políticamente? La respuesta depende de qué entendamos por legitimidad. Si hablamos de libertad de expresión, por supuesto que cualquier ciudadano u organización puede opinar sobre política. Pero la Iglesia no es una organización más: es una institución que disfruta de privilegios únicos, financiación masiva del Estado, exenciones fiscales millonarias y presencia institucionalizada en educación, sanidad, prisiones y fuerzas armadas.

Es un acto de injerencia política con clara orientación ideológica de derechas, como han señalado incluso personas cristianas comprometidas con la democracia. No se trata ya de que una organización antidemocrática, machista y protectora de pederastas pretenda dar lecciones de moral pública —lo cual resulta obsceno—, sino de que utiliza su posición de poder institucional, financiada con dinero de todos, para condicionar el sistema democrático desde postulados confesionales y conservadores.

Incluso el propio Concilio Vaticano II estableció que la Iglesia no debe entrar en política partidista. Muchos obispos en España contradicen a diario dicha instrucción, y apenas hay voces dentro de la institución que lo denuncien. La pregunta entonces no es solo sobre la legalidad de esta injerencia, sino sobre su hipocresía fundamental: una organización que predica obediencia a sus propias normas, las viola sistemáticamente cuando le conviene políticamente.

La urgencia democrática

La defensa de la laicidad es hoy una exigencia democrática. No se puede hablar de igualdad ni de soberanía popular mientras una institución religiosa pretenda dictar el rumbo político del país desde una posición de poder, impunidad y privilegios. Durante décadas, organizaciones laicistas han exigido la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, el fin de toda financiación pública directa o indirecta, y la eliminación de privilegios económicos y jurídicos incompatibles con un Estado verdaderamente democrático.

Francia tiene desde 1905 una ley de separación de Iglesias y Estado que prohíbe la injerencia religiosa en asuntos públicos y garantiza que los centros educativos estatales estén libres de adoctrinamiento religioso. En el mundo existen aproximadamente 4200 religiones, y si algo debería caracterizar a una democracia madura es tratar a todas por igual —o mejor dicho, mantenerlas a todas en el ámbito privado que les corresponde.

La injerencia de la Iglesia en política no es solo inmoral: es antidemocrática, inconstitucional y profundamente dañina para la convivencia plural que caracteriza a las sociedades modernas. Mientras el Estado siga financiando masivamente a una institución que se permite dar instrucciones electorales desde el púlpito, la democracia española seguirá siendo una democracia a medias, lastrada por los fantasmas del nacionalcatolicismo y la connivencia histórica entre el trono y el altar.

La separación entre Iglesia y Estado no es un capricho ideológico de sectores anticlericales: es la condición necesaria para que todos los ciudadanos, creyentes o no, puedan ejercer sus derechos en igualdad. Como sentenció Thomas Jefferson hace más de dos siglos, la religión debe permanecer como un asunto entre cada persona y su divinidad. El poder político debe legitimarse por la soberanía popular, no por ningún elemento religioso. Y mientras eso no ocurra, seguiremos viviendo en una democracia tutelada por sotanas que cotizan en bolsa con dinero ajeno.

Generado por Claude