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La nueva cruzada de Robert F. Kennedy Jr. contra la ciencia establecida
El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado recientemente una revisión de la evidencia científica sobre los posibles efectos para la salud de la radiación emitida por los teléfonos móviles. A primera vista, anunciar una revisión científica no debería generar alarma: la ciencia se nutre del constante cuestionamiento y la actualización del conocimiento. Sin embargo, el contexto político y la figura que impulsa esta iniciativa —Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud y Servicios Humanos— han encendido las alarmas de la comunidad científica internacional. No se trata de una actualización metodológica ordinaria, sino de la extensión de una cruzada anticientífica que ya ha colonizado el debate sobre las vacunas y ahora amenaza con expandirse a otros campos de la salud pública.
El problema no reside en la revisión en sí, sino en quién la promueve y con qué intencionalidad. Kennedy, conocido por décadas de activismo antivacunas y la promoción de teorías conspirativas sobre la salud, ha ordenado la eliminación o modificación de páginas informativas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que recogían el consenso científico establecido: que no existe evidencia convincente de que la exposición habitual a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de los móviles cause daños a la salud. Esta decisión administrativa, ajena a nuevos datos científicos, responde a una agenda política que prioriza la siembra de duda sobre el método científico riguroso.
El consenso científico vs. la política de la desinformación
La evidencia acumulada durante décadas es contundente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado hasta once revisiones sistemáticas recientes, en las que han participado más de noventa científicos independientes de múltiples países, examinando más de cien mil artículos científicos sobre los efectos de las radiaciones de radiofrecuencia. La conclusión unánime indica que, a los niveles habituales de exposición, no existe evidencia de una relación causal con efectos adversos para la salud humana. Incluso un informe reciente del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), tras analizar las revisiones sistemáticas encargadas por la OMS, confirmó que la evidencia epidemiológica en humanos no muestra asociación convincente con cáncer u otros daños, a pesar de algunos hallazgos experimentales en animales de laboratorio que no se traducen en riesgo para las personas.
Esta base científica sólida, construida durante años de investigación independiente, está siendo deliberadamente erosionada desde las instituciones mismas que deberían protegerla. El patrón es preocupantemente familiar: se elimina información basada en evidencia de portales oficiales gubernamentales, se anuncian «nuevas revisiones» que parten de cero ignorando décadas de consenso, y se presenta la desinformación institucionalizada como «transparencia» o «libertad científica». Como señalan Alberto Nájera y Jesús González, profesores de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Castilla-La Mancha, «la preocupación surge por el historial de quien lo anuncia, el actual responsable de salud americano, adalid de una cruzada anticiencia».
De las vacunas a los móviles: la expansión del escepticismo sistemático
El historial de Kennedy Jr. en materia de salud pública es extenso y bien documentado. Ha cuestionado reiteradamente la seguridad y utilidad de las vacunas, ha vinculado erróneamente el paracetamol y el embarazo con el autismo, ha difundido mensajes alarmistas sin respaldo empírico y ha promovido narrativas que chocan frontalmente con décadas de investigación biomédica sólida. Recientemente presentó una nueva pirámide alimenticia que contradice la evidencia científica establecida y contiene contradicciones evidentes. Su llegada al Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la administración Trump, ha transformado estas opiniones marginales en políticas públicas con alcance federal.
La estrategia operativa es consistente: primero se sembraron dudas infundadas sobre la seguridad de las vacunas, luego se cuestionó el uso de aluminio en las formulaciones —a pesar de estudios recientes que no encuentran conexión con alergias—, y se reorganizaron comités asesores federales incluyendo escépticos de las vacunas. Ahora, el mismo patrón se replica con la radiación de los dispositivos móviles. El objetivo no es necesariamente demostrar un daño real, sino institucionalizar la duda como herramienta política y deslegitimar las agencias científicas que durante generaciones han protegido la salud pública.
Este enfoque tiene consecuencias tangibles. En agosto de 2025, el Departamento de Salud suspendió quinientos millones de dólares en subvenciones para el desarrollo de vacunas de ARNm, incluidas versiones más duraderas contra COVID-19. El gobierno federal dejó de recomendar vacunas contra el coronavirus para mujeres embarazadas sanas y para niños, sin consultar al comité asesor de vacunas que tradicionalmente participaba en esas decisiones. Ahora, con los móviles, se abre un nuevo frente que podría generar pánico infundado sobre tecnologías que mil millones de personas utilizan diariamente sin riesgo demostrable.
La ruptura de la confianza institucional
La historia de la salud pública demuestra que la siembra estratégica de duda donde existe consenso científico ha acompañado reiteradamente momentos en los que la evidencia entraba en conflicto con agendas ideológicas o políticas. El resultado inevitable es la quiebra de la confianza en la ciencia y en las instituciones encargadas de proteger la salud de la población, lo que tiene consecuencias medibles sobre la salud pública. Cuando los ciudadanos no pueden distinguir entre información basada en evidencia y discurso político disfrazado de ciencia, la toma de decisiones informadas sobre la salud se vuelve imposible.
El caso de los teléfonos móviles ilustra perfectamente este riesgo. A diferencia de las vacunas —donde el escepticismo ya ha causado brotes de enfermedades prevenibles en comunidades con bajas tasas de inmunización—, la preocupación por la radiación de radiofrecuencia ha permanecido relativamente contenida gracias a la comunicación clara de agencias como la FDA y la OMS. Si estas mismas agencias comienzan a emitir señales contradictorias o eliminan información tranquilizadora basada en evidencia, el daño a la percepción pública podría ser inmediato y duradero.
Expertos en salud pública advierten que esta estrategia de «desinformación institucionalizada» no tiene límites predecibles. Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Saskatchewan, ha calificado la agenda de Kennedy como «radical» y ha advertido que «la gente va a empezar a darse cuenta, pero no será suficiente para detener la ola de muertes, incluidas las de niños». La extensión de estas tácticas desde las vacunas hacia otros ámbitos tecnológicos sugiere que estamos ante una transformación sistémica de la política de salud estadounidense, donde la ideología reemplaza a la evidencia como criterio decisorio.
El futuro de la salud pública en juego
El giro antivacunas de Estados Unidos no es un fenómeno aislado ni transitorio. Representa una reconfiguración profunda de la relación entre ciencia, política y salud pública, con repercusiones globales. Cuando el país con la industria farmacéutica más poderosa del mundo y una de las agencias reguladoras más respetadas históricamente decide eliminar información científica de sus portales oficiales por motivos político-administrativos, envía una señal peligrosa a otros gobiernos y sociedades.
La comunidad científica internacional, incluyendo organismos como el CCARS en España y la OMS, mantiene firme el consenso: no existe evidencia convincente de daños por la radiación de móviles a niveles de exposición habituales. Pero en la era de la posverdad política, la evidencia científica ya no basta. Se requiere una defensa activa de las instituciones que generan conocimiento fiable y una ciudadanía informada capaz de distinguir entre revisión científica legítima y manipulación ideológica.
El artículo original de The Conversation, elaborado por Alberto Nájera y Jesús González, concluye con una advertencia que resume la gravedad del momento: «No hablamos de opiniones marginales. Hablamos de decisiones y discursos con impacto directo en políticas públicas y en la confianza de la población en la ciencia». Cuando esa confianza se quiebra, la salud pública entera resiente las consecuencias. El giro antivacunas ha llegado a los móviles, pero no será el último campo de batalla. La ciencia, y la sociedad que depende de ella, deberán estar preparadas para defender la evidencia contra la política de la duda infundada.
Este artículo se basa en información publicada originalmente en The Conversation por Alberto Nájera y Jesús González, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en reportajes de KFF Health News, CalMatters y otros medios especializados en salud pública.
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