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En 1997, el gobierno de José María Aznar aprobó una reforma que abrió las puertas de la sanidad pública a las empresas privadas. Casi tres décadas después, el resultado es contundente: uno de cada tres hospitales públicos en España está gestionado por manos privadas, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Ahora, el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha presentado un proyecto de ley para revertir —o al menos contener— este proceso. La pregunta es obligada: ¿llega tarde? ¿Es suficiente? ¿O marca un punto de inflexión en la defensa de lo público?
El legado de la privatización: cuando lo público se convierte en negocio
La ley de 1997, impulsada por el PP, permitió que las comunidades autónomas externalizaran la gestión de hospitales y centros de salud a través de concesiones administrativas (el famoso modelo Alzira, por la localidad valenciana donde se probó). El argumento era la eficiencia: las empresas privadas, decían, gestionarían mejor los recursos. La realidad, sin embargo, ha sido otra:
- Costes más altos: Estudios como los de la Universidad de Alicante o la FADSP demuestran que la sanidad privatizada cuesta entre un 20% y un 30% más que la pública, por los márgenes de beneficio de las empresas.
- Recortes en personal: En hospitales gestionados por privadas, hay menos médicos y enfermeras por paciente (en Madrid, por ejemplo, la ratio en la pública es de 1 médico por cada 250 habitantes; en la privatizada, 1 por cada 350).
- Listas de espera selectivas: Las empresas priorizan procedimientos rentables (como cirugías programadas) y dejan en segundo plano los crónicos o complejos, que revertirán a la sanidad pública.
- Opacidad: Muchos contratos incluyen cláusulas de confidencialidad que impiden auditar cómo se gastan los fondos públicos.
El caso más extremo es la Comunidad de Madrid, donde el 40% de los hospitales son privados (aunque financiado con dinero público). Pero también destacan Valencia, Cataluña o Andalucía, donde modelos como el hospital de Torrejón (gestionado por Ribera Salud) o el Consorcio Sanitario de Terrassa (con participación de Capio) han sido objeto de polémicas por sobrecostes y mala praxis.
La nueva ley: ¿un freno real o un parche?
El proyecto de ley presentado por Sanidad introduce tres cambios clave:
- Prohibición de «llave en mano»: Hasta ahora, era común que una misma empresa construyera un hospital y lo gestionara durante décadas (como en el caso de Quirónsalud en Valencia). La norma impedirá esta práctica para evitar conflictos de interés.
- Informe técnico previo y público: Antes de externalizar un servicio, habrá que demostrar que no existe capacidad pública para prestarlo, y un comité independiente (con representantes de profesionales y usuarios) deberá dar su visto bueno. Además, el informe será accesible para la ciudadanía.
- Reversión de concesiones: Se facilita que las comunidades autónomas recuperen la gestión pública de hospitales privatizados cuando venza el contrato, sin necesidad de licitación.
¿Es suficiente? Depende de cómo se aplique. La ley deja margen a las autonomías (competentes en sanidad) para interpretarla. Por ejemplo:
- Madrid o Murcia, gobernadas por el PP, podrían alegar «falta de capacidad pública» para seguir externalizando.
- Cataluña o País Vasco, con modelos mixtos, podrían usar la norma para auditar contratos opacos.
- Andalucía o Valencia, si hubiera gobiernos progresistas, podrían acelerar la reversión de concesiones (como ya hizo la Generalitat con el hospital de Manises).
El riesgo es que, sin financiación adicional para la sanidad pública, algunas comunidades sigan recurriendo a lo privado por «falta de alternativas». Como advierte Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP: «Una ley no sirve de nada si no va acompañada de inversión. Si no hay médicos ni camas en la pública, la privada seguirá colándose por la puerta de atrás».
El debate de fondo: ¿sanidad como derecho o como mercado?
Más allá de los detalles técnicos, esta ley reabre un conflicto ideológico:
- Para la derecha (PP y Vox): La colaboración público-privada es «inevitable» y «modernizadora». Argumentan que empresas como Quirónsalud, Ribera o Vithas aportan «agilidad» al sistema. Lo que no dicen es que, según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), la sanidad privatizada cuesta 1200 millones más al año a las arcas públicas.
- Para la izquierda (Sumar, Podemos, IU): La sanidad debe ser 100% pública, sin intermediarios. Critican que, con la excusa de la «eficiencia», se ha creado un negocio con fondos públicos: en 2022, las cinco grandes empresas sanitarias privadas facturaron más de 5000 millones, muchos procedentes de conciertos con administraciones.
- Los profesionales: Colegios de médicos y sindicatos como CCOO o SATSE denuncian que la privatización precariza el empleo (sueldos más bajos, peores condiciones) y fragmenta el sistema, generando sanidades de «primera» (para quienes pueden pagarla) y de «segunda» (la pública, saturada).
¿Qué puede pasar ahora?
- El pulso autonómico: La ley necesita el apoyo de las comunidades. Si el PP (que gobierna en 8 autonomías) la boicotea, su aplicación será desigual. De momento, Madrid ya ha anunciado que recurrirá partes del texto.
- La presión social: Plataformas como Marea Blanca o Yo Sí Sanidad Universal exigen ir más allá: prohibir totalmente la gestión privada de lo público y auditar todos los contratos vigentes. Su lema es claro: «Lo público no se vende, se defiende».
- El factor económico: España gasta un 6,3% del PIB en sanidad (frente al 9% de la UE). Sin un aumento de financiación, la tentación de externalizar persistirá. La nueva ley, en solitario, no resolverá el problema de fondo: un sistema público infrafinanciado y asfixiado por recortes.
Conclusión: un paso necesario, pero no suficiente
La ley contra la privatización sanitaria es un avance simbólico y práctico: pone límites a un modelo que ha demostrado ser caro, ineficiente y desigual. Sin embargo, su éxito dependerá de:
- La voluntad política de las autonomías (¿están dispuestas a recuperar lo público, aunque cueste más a corto plazo?).
- La movilización ciudadana (sin presión, los gobiernos pueden relajar su aplicación).
- La inversión real (sin más recursos, la sanidad pública seguirá siendo el «plan B» para lo que la privada no quiere asumir).
Como dijo un médico y activista: «La sanidad no es un gasto, es una inversión en cohesión social». Esta ley es una oportunidad para recordar que la salud no debería tener precio. Pero el camino para desmontar 30 años de privatización será largo —y estará lleno de resistencias.
Para profundizar:
- Informe de la FADSP sobre costes de la privatización: enlace
- Análisis de la AIReF sobre financiación sanitaria: enlace
- Campaña «Yo Sí Sanidad Universal»: @YoSiSanidad
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