Junts y PP: la pinza xenófoba que el PSOE no supo frenar

Hay leyes que nacen de un diagnóstico riguroso, de una necesidad social contrastada, de la evidencia empírica. Y hay leyes que nacen del miedo. La ley de multirreincidencia que acaba de salir adelante en el Congreso pertenece, sin disimulo, a la segunda categoría. Pero lo verdaderamente revelador no es que exista —propuestas punitivas las ha habido siempre—, sino el mapa de intereses que la ha hecho posible. Un mapa en el que PP y Junts, desde trincheras aparentemente opuestas, confluyen en un mismo punto: la rentabilización política de la xenofobia.

Junts: la ultraderecha como espejo

Empecemos por donde hay que empezar, que es por Junts. Porque si esta ley existe como condición legislativa, si ha llegado hasta la mesa de negociación del Gobierno, es porque Carles Puigdemont y los suyos la pusieron ahí desde el primer día de la legislatura. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene un partido independentista catalán en endurecer las penas por robo de móviles en toda España?

La respuesta tiene nombre propio: Aliança Catalana. Esta formación de ultraderecha, nacida en el caldo de cultivo del independentismo más identitario, ha encontrado un filón electoral en un discurso tan viejo como eficaz: culpar al inmigrante. Inmigración igual a delincuencia, delincuencia igual a inseguridad, inseguridad igual a votos. La fórmula funciona en toda Europa y funciona también en Cataluña. Y a quien le está funcionando es precisamente al competidor directo de Junts en el espacio soberanista.

Junts, en lugar de combatir ese discurso, ha decidido copiarlo con modales institucionales. No dice lo que dice Aliança Catalana, pero legisla en la misma dirección. No señala al inmigrante con el dedo en un mitin, pero exige leyes que parten de la misma premisa: que el problema de la seguridad ciudadana se resuelve metiendo a más gente en la cárcel, y todos sabemos a qué perfil social y étnico apunta esa gente en el imaginario colectivo. Es la xenofobia con corbata, la que no grita pero firma.

Esto es lo que hace Junts: perseguir a Aliança Catalana por la derecha mientras mantiene su fachada de partido respetable. Y lo hace con una ventaja añadida: tiene la llave de la legislatura. Puede exigir al PSOE que trague con medidas que ningún gobierno progresista debería aceptar, y lo hace sin pagar coste reputacional alguno, porque el foco mediático siempre acaba en Sánchez.

El PP: coherente en lo peor

Del PP hay menos que decir, pero no porque su papel sea menor, sino porque es más predecible. El Partido Popular lleva años instalado en el discurso de la inseguridad como ariete contra cualquier gobierno de izquierdas. Ha votado a favor de esta ley con entusiasmo porque encaja perfectamente en su relato: España es insegura, los delincuentes entran y salen, la justicia es blanda. Que los datos no respalden ese relato es lo de menos.

Lo relevante del PP en esta ecuación es que su voto convierte la ley en un hecho consumado con una mayoría aplastante. PP, Vox y Junts —más el PSOE, claro— forman una coalición de facto en materia penal que debería inquietar a cualquiera que se tome en serio los derechos fundamentales. Porque cuando la derecha española, la ultraderecha española y el independentismo conservador catalán coinciden en que la solución a un problema social es el endurecimiento penal, lo que se está construyendo no es seguridad: es consenso autoritario.

El PP, además, se beneficia doblemente. Consigue una ley que quería y, al mismo tiempo, puede señalar al PSOE por haberla pactado con Junts. Es el negocio perfecto: cobrar por la mercancía y además quejarse del vendedor.

Una ley que no funcionará

Pero más allá del juego político, queda la realidad. Y la realidad, tozuda, dice que las leyes de este tipo no funcionan. Lo dicen los datos, lo dice la experiencia comparada, lo dicen los criminólogos. Endurecer las penas para delitos menores reiterados no reduce la reincidencia. Lo que hace es llenar las cárceles de presos preventivos, saturar un sistema penitenciario ya al límite, y alimentar un circuito de marginalidad del que es cada vez más difícil salir.

El perfil del multirreincidente en delitos menores no es el del criminal profesional que calcula riesgos y beneficios antes de actuar. Es, en la inmensa mayoría de los casos, el de una persona en situación de exclusión social severa, a menudo con problemas de adicción o de salud mental, para quien la cárcel no es disuasión sino estación de paso. Meterla más tiempo entre rejas no resuelve nada. Solo la aparta temporalmente de la vista.

Lo que se ha perdido

Lo más grave de esta ley no es su contenido, que será probablemente ineficaz y eventualmente corregible. Lo más grave es lo que revela sobre el estado de nuestra política. Revela que Junts está dispuesto a importar el marco mental de la ultraderecha para no perder votos. Revela que el PP sigue apostando por el populismo penal como sustituto de cualquier política social seria. Y revela que el PSOE, acorralado por la aritmética parlamentaria, es capaz de cruzar líneas que decía infranqueables.

La ley de multirreincidencia no hará las calles más seguras. Pero sí hará algo: normalizar la idea de que ciertos problemas sociales se resuelven con castigo. Esa idea tiene padres concretos. Se sientan en los escaños de Junts y del PP. Y deberían responder por ella.