La dimisión del jefe operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, tras ser denunciado por violación a una subordinada, ha reabierto un debate incómodo pero necesario: ¿quién controla a quienes tienen el poder de vigilarnos? El caso no solo expone un presunto delito grave, sino también las grietas de un sistema en el que la impunidad, los favores internos y la falta de transparencia pueden proteger a los responsables en lugar de sancionarlos.
Un caso que huele a encubrimiento
La denuncia de la agente, presentada en 2022, permaneció en un limbo burocrático hasta que el Gobierno actuó —según su versión— con «contundencia» al conocer los hechos. Sin embargo, surgen preguntas incómodas: ¿por qué tardó tanto en salir a la luz? ¿Por qué el comisario implicado en presuntas coacciones (ofreciendo a la víctima un puesto a cambio de silencio) recibió la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, la máxima condecoración de la institución, que además conlleva un complemento económico?
El hecho de que este comisario, señalado por ayudar a González a presionar a la denunciante, fuera premiado mientras el caso estaba en curso sugiere un sistema de lealtades por encima de la justicia. No es la primera vez que la Policía Nacional se ve envuelta en escándalos de este tipo: desde casos de corrupción hasta abusos de poder, la institución ha demostrado que, en ocasiones, sus mecanismos internos fallan a la hora de depurar responsabilidades.
El problema de la autovigilancia policial
La Policía es una de las instituciones con mayor poder coercitivo del Estado, pero también una de las más opacas. Su estructura jerárquica y la cultura de silencio que impera en muchos cuerpos hacen que las denuncias internas rara vez prosperen. Cuando un agente denuncia a un superior, se enfrenta a represalias, aislamiento e incluso a la expulsión del cuerpo.
En el caso de González, la víctima tuvo que recurrir a la vía penal porque el sistema disciplinario interno no le dio garantías. Esto no es excepcional: según datos de la Fiscalía, en 2022 se registraron 1.200 denuncias por delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad, pero solo una pequeña parte termina en condena. La razón es clara: la policía investiga a la policía, y cuando hay intereses corporativos en juego, la imparcialidad se resiente.
¿Dónde estaba el Gobierno?
El Ejecutivo ha defendido que actuó con rapidez al conocer los hechos, pero ¿por qué no se investigó antes? La denuncia llevaba meses en los juzgados, y la víctima había alertado a sus superiores sin obtener respuesta. Si el Gobierno solo intervino cuando el caso saltó a los medios, ¿no es eso una muestra de que el sistema solo reacciona bajo presión?
Además, la condecoración al comisario implicado en las coacciones plantea dudas sobre quién decide los premios y castigos en la Policía. Si un alto cargo puede ser premiado mientras está siendo investigado por encubrimiento, ¿qué mensaje se envía al resto de agentes? La impunidad, en estos casos, no solo perjudica a las víctimas, sino que debilita la confianza en la institución.
¿Qué se puede hacer?
El caso González no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural. Para evitar que se repitan situaciones como esta, se necesitan cambios profundos:
- Mecanismos independientes de control: La policía no puede ser juez y parte. Se necesitan órganos externos (como una autoridad independiente de derechos humanos) que investiguen las denuncias contra agentes sin interferencias internas.
- Protección real a los denunciantes: Las víctimas de abusos policiales deben tener garantías de que no sufrirán represalias. Esto incluye anónimato, apoyo legal y reubicación laboral si es necesario.
- Transparencia en las condecoraciones: Si un agente es investigado por delitos graves, no puede ser premiado. Las medallas y ascensos deben revisarse con criterios éticos, no solo por lealtades internas.
- Cultura de denuncia: Romper el silencio dentro de la policía requiere formación en derechos humanos y protocolos claros para que los agentes sepan que denunciar abusos no les costará su carrera.
Conclusión: La justicia no puede depender de los medios
El caso González ha puesto en evidencia que, cuando el poder se vigila a sí mismo, la justicia suele ser la primera víctima. Que un alto cargo dimita no es suficiente si quienes lo encubrieron siguen en sus puestos, e incluso son premiados. La sociedad no puede conformarse con que los escándalos policiales solo salgan a la luz cuando los medios los destapan.
¿Quién vigila al vigilante? La respuesta no puede ser «nadie». Si queremos una policía que proteja a los ciudadanos y no a sus propios miembros, el sistema debe cambiar. La impunidad no solo daña a las víctimas, sino que corroe la democracia. Y en un Estado de derecho, eso es algo que no nos podemos permitir.
Fuente ElDiario.es
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