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El 9 de enero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos inició una operación que transformó de la noche a la mañana a miles de refugiados legales en objetivos de detención. Bajo la denominación «Operación PARRIS» (Post-Admission Refugee Reverification and Integrity Strengthening), agentes de ICE comenzaron a arrestar, encadenar e interrogar a refugiados que habían seguido cada paso del proceso legal al pie de la letra, rompiendo así con 45 años de tradición de protección a quienes huyen de la persecución.
La administración Trump justifica estas detenciones citando una sección de la Ley de Refugiados de 1980 que permite tomar a los refugiados bajo custodia para evaluar su elegibilidad para la residencia permanente. Sin embargo, una nueva directriz de DHS reinterpreta esta autoridad como una licencia abierta para mantener a los refugiados detenidos durante días, meses o incluso años mientras son sometidos a nuevas verificaciones de seguridad. El juez federal John Tunheim, quien bloqueó temporalmente la política en Minnesota el 28 de enero, calificó esta interpretación de «absurda», señalando que llevaría a que todos los refugiados celebraran su primer aniversario en el país tras las rejas.
Este no es un caso aislado. En julio de 2025, la administración anunció otra reinterpretación forzada de una ley de 1996 para imponer detención obligatoria sin fianza a cualquier persona que haya entrado al país sin permiso, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Para principios de enero, unos 300 jueces federales habían declarado ilegal esta política, mientras solo unos 30 la avalaban. Sin embargo, el 5 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito —con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Misisipi— le dio la razón al gobierno, permitiendo detenciones prolongadas en esos estados.
El patrón es claro: la administración está construyendo lo que el profesor de derecho constitucional Evan Bernick identifica como un «Estado dual». Este concepto, desarrollado por el jurista alemán Ernst Fraenkel en los años 30 para describer el Tercer Reich, divide al estado en dos esferas: el estado normativo, donde las leyes se respetan, y el estado prerrogativa, donde el régimen impone su voluntad sin restricciones legales. Mientras la mayoría de estadounidenses vive en la normalidad del estado normativo, inmigrantes y refugiados seleccionados son arrojados al estado prerrogativa, donde ninguna ley ni derecho puede protegerlos.
Para llenar los almacenes que está comprando y convirtiendo en centros de detención, el gobierno necesita víctimas. Y las está encontrando: solo el 5% de los detenidos por ICE en noviembre habían cometido delitos violentos. La administración está deteniendo a personas sin antecedentes criminales que acuden voluntariamente a sus citas de inmigración, incluyendo «Dreamers» que confiaron sus datos al gobierno a cambio de protección, y jóvenes que cruzaron la frontera solos o fueron víctimas de abuso.
Las condiciones dentro de estos centros describen un sistema de crueldad deliberada. Testimonios documentan alimentos con moho que parecen «comida para gatos», negación de medicamentos a personas con condiciones graves de salud, y mujeres que duermen en bancos sin acceso a bombas de extracción de leche después de cesáreas. En el campamento de tiendas de campaña en El Paso, tres personas han muerto desde agosto de 2025, incluyendo un hombre cuya muerte fue clasificada como homicidio por el forense del condado. Estas condiciones son tan brutales que muchos detenidos renuncian a sus derechos legales y aceptan la deportación solo para escapar de la tortura.
La Corte Suprema enfrenta ahora decisiones cruciales. Ya ha permitido que la administración deporte inmigrantes a «terceros países» donde pueden ser torturados o asesinados, y ha avalado el perfil racial en redadas de ICE, expandiendo el terror a ciudadanos estadounidenses basándose únicamente en su apariencia. El 1 de abril, escuchará argumentos sobre la orden ejecutiva que niega la ciudadanía por nacimiento a ciertos niños nacidos en suelo estadounidense, desafiando más de un siglo de consenso constitucional.
Mientras tanto, ICE continúa operando como una fuerza paramilitar que «se abalanza, ignora las salvaguardas, no puedes escapar de ella». Y el Congreso, paralizado por disputas sobre fondos y reformas a DHS, ha dejado que esta maquinaria crezca sin control, con un presupuesto de $75 mil millones que financia operaciones hasta 2029.
La pregunta que enfrenta Estados Unidos no es solo legal, sino existencial: ¿Será una república donde la ley protege a todos, o un estado dual donde cualquiera puede caer del mundo de la legalidad al de la ilegalidad arbitraria con solo cruzar la mira de un agente de ICE?
