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América Latina atraviesa una encrucijada histórica en materia de igualdad de género. La última década ha dejado conquistas significativas —paridad política, derechos reproductivos, sistemas de cuidados, leyes contra la violencia e instituciones especializadas—, pero también señales inequívocas de estancamiento y retroceso. El balance es agridulce: se avanza, pero no lo suficiente, y lo ganado puede perderse.
Logros reales, pero insuficientes
Los balances de ONU Mujeres, la CEPAL y el sistema de Naciones Unidas coinciden: el progreso es real, aunque desigual y vulnerable al rechazo conservador. Ningún indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre igualdad está plenamente cumplido y, al ritmo actual, la paridad en los parlamentos tardaría décadas en alcanzarse.
Los avances más visibles se han producido en el ámbito legislativo. México se ha convertido en referente de paridad gracias a reformas que exigieron listas equilibradas en los cargos de decisión, lo que condujo a la elección de su primera presidenta en 2024, Claudia Sheinbaum. Sus palabras durante la toma de posesión —»no llego sola, llegamos todas»— resonaron como símbolo de una conquista colectiva que llevó décadas de lucha.
Sin embargo, los datos estructurales revelan que las leyes no bastan. América Latina y el Caribe cuentan con uno de los marcos legales más robustos del mundo en materia de derechos de las mujeres, pero tropiezan con su débil aplicación y una cotidiana realidad de discriminación y violencia. La pobreza afecta a tres de cada diez mujeres, mientras más de la mitad de las trabajadoras se encuentra en la informalidad.
La violencia sigue siendo la herida más profunda. Según la CEPAL, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la región solo en 2023. Catorce de los 25 países con mayores tasas de feminicidio en el mundo se encuentran en América Latina y el Caribe.
El retroceso como advertencia
El caso más dramático de regresión lo representa Argentina. Desde 2023, el gobierno de Javier Milei desmanteló la institucionalidad de género —eliminó el Ministerio de Mujeres—, recortó los programas contra la violencia y promovió iniciativas para recriminalizar el aborto, todo ello desde un discurso estatal abiertamente antigénero. El mensaje es claro: sin continuidad institucional y presupuesto sostenido, años de construcción pueden derrumbarse en meses.
En Centroamérica el patrón es igualmente severo. El Salvador mantiene la prohibición total del aborto, con mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. El cierre de espacios cívicos bajo Nayib Bukele ha forzado al exilio o al cierre a organizaciones clave de derechos reproductivos.
Estos retrocesos golpean con especial dureza a las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, quienes enfrentan violencias específicas, discriminación en salud y justicia, y barreras lingüísticas y territoriales que profundizan la desigualdad.
La reacción conservadora como paradoja
Hay una paradoja en el auge del antifeminismo: confirma la magnitud de lo logrado. Las ofensivas antigénero emergen precisamente como reacción a décadas de logros feministas en legislación y políticas públicas. América Latina alberga hoy algunos de los movimientos feministas más fuertes e interconectados del Sur Global, responsables de conquistas como la «marea verde», los sistemas de cuidados y la consolidación de instituciones de igualdad.
Cerca del 75% de la población mundial vive bajo regímenes que han recortado derechos y libertades. La inseguridad, las crisis y el deterioro democrático han creado un entorno propicio para los embates contra los derechos de las mujeres. Pero, como señalan activistas de todo el continente, la resistencia no cede.
Un horizonte que exige voluntad política
Un informe conjunto de la CEPAL y ONU Mujeres publicado en 2025 revela que, de 68 metas vinculadas a igualdad de género, solo el 19,1% muestra un pronóstico favorable para cumplirse antes de 2030; el 48% avanza, pero de forma insuficiente; y el 27% presenta retrocesos.
El informe identifica cuatro obstáculos estructurales: la desigualdad socioeconómica, los patrones culturales patriarcales y violentos, la injusta distribución del trabajo de cuidados, y la concentración del poder en manos masculinas. Ante estos nudos, las mujeres de la región dedican en promedio 38 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, frente a las 16 horas de los hombres, lo que restringe su autonomía y las confina a empleos precarios.
En agosto de 2025, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer celebrada en Ciudad de México aprobó el Compromiso de Tlatelolco. Este acuerdo establece una década de acción para lograr la igualdad sustantiva de género y avanzar hacia la llamada «sociedad del cuidado» en América Latina y el Caribe. Las palabras son ambiciosas. La pregunta que queda abierta es si los Estados estarán dispuestos a convertirlas en presupuestos, leyes y voluntad política sostenida, o si el compromiso quedará, una vez más, en el papel.
La igualdad de género en América Latina no es irreversible. Es una conquista frágil que requiere, cada día, ser defendida.
