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Por Liza Gross / Inside Climate News y sus socios
Durante décadas, la distorsión de la ciencia con fines económicos ha sido una herramienta predilecta de la industria. La tabacalera fue la pionera más célebre, pero las industrias química, de combustibles fósiles, farmacéutica y azucarera han financiado campañas sistemáticas para desacreditar evidencia independiente, tachándola de «ciencia basura» cuando amenazaba sus intereses. Como periodista científica veterana, llevo años rastreando estos patrones. Lo que ocurre ahora, sin embargo, va mucho más lejos.
Los actores republicanos del poder han pasado de distorsionar la ciencia a censurarla directamente.
Un manual borrado, una señal de alarma
El mes pasado, el Centro Judicial Federal —una agencia educativa creada por el Congreso en 1967 para servir al poder judicial— eliminó un capítulo entero sobre ciencia climática de un influyente manual de referencia que los jueces federales han utilizado durante años para interpretar cuestiones científicas complejas en los tribunales.
La maniobra fue orquestada por 27 fiscales generales republicanos, quienes exigieron la retirada inmediata del capítulo alegando que era necesario para preservar «la imparcialidad del poder judicial» en casos relacionados con el clima y la energía. La paradoja es evidente: eliminar información científica rigurosa no es un acto de imparcialidad, sino de parcialidad deliberada hacia quienes se benefician de la ignorancia judicial en materia climática.
La respuesta de los expertos
La reacción de la comunidad académica no se hizo esperar. Expertos de diversas disciplinas, alarmados por este ataque político a un recurso minuciosamente revisado y de enorme importancia para los tribunales, firmaron una carta abierta en la que advierten con claridad:
«Si los actores políticos pueden determinar qué campos de la ciencia establecida están en desgracia y fuera del alcance de la educación judicial, todas las disciplinas científicas relevantes para litigios complejos se vuelven vulnerables a la misma táctica.»
Hank Greely, profesor de Derecho en la Universidad de Stanford y firmante de la carta, lo resumió con una mezcla de resignación y perplejidad: «Me encantaría decir que es impactante. Pero el umbral de lo que nos impacta se reajusta constantemente.»
Un patrón que se repite y se intensifica
El politólogo y ex alto funcionario de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, David Michaels, de la Universidad George Washington, documentó en su libro de 2020 El triunfo de la duda cómo los fundamentos de las políticas basadas en evidencia «sufrieron un ataque sin precedentes» durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
En un panel reciente sobre los peligros de los petroquímicos, Michaels fue aún más contundente: el segundo mandato de Trump es, en sus palabras, el primero «con esteroides.»
No es una metáfora vacía. La actual administración ha acelerado de forma sistemática el desmantelamiento de las instituciones científicas federales, al tiempo que la industria de los combustibles fósiles empuja con fuerza para eliminar regulaciones ambientales que frenan la contaminación y agravan la crisis climática. La eliminación del capítulo climático del manual judicial no es un episodio aislado: es parte de una estrategia coherente para vaciar de contenido científico las decisiones que afectan a millones de personas.
Las consecuencias pueden ser irreversibles
Los científicos temen que el daño causado por esta guerra contra la ciencia, impulsada por intereses industriales, tarde años en repararse. Y algunos se preguntan en voz baja si la reparación será siquiera posible.
Cuando los jueces pierden acceso a recursos educativos fiables sobre el cambio climático, sus decisiones en casos de contaminación, responsabilidad corporativa o regulación energética quedan huérfanas de contexto científico. Las empresas contaminantes lo saben. Por eso financian a los fiscales que piden borrar capítulos. Por eso los capítulos desaparecen.
La ciencia no es una opinión política. Es el método colectivo que la humanidad ha desarrollado para distinguir lo verdadero de lo conveniente. Cuando el poder decide qué conocimiento es admisible en los tribunales, no está protegiendo la imparcialidad judicial: la está destruyendo.
Liza Gross es periodista científica especializada en salud medioambiental. Este artículo fue publicado originalmente en Inside Climate News.
