Un récord siniestro que desafía a la comunidad internacional y sitúa al reino wahabí entre los mayores verdugos del mundo
En el reino donde el petróleo fluye sin pausa y los rascacielos de cristal compiten con las dunas del desierto, hay otra estadística que Arabia Saudí acumula en silencio: cadáveres. Más de 1130 ejecuciones en apenas cinco años. Un promedio de más de una persona muerta por mano del Estado cada dos días. Una cadencia de muerte que no ha hecho sino acelerarse.
Las cifras, documentadas por organizaciones de derechos humanos como Reprieve y Amnistía Internacional, sitúan a Arabia Saudí como uno de los países que más personas ejecuta en el mundo, junto a China, Irán y Egipto. Pero lo que distingue al reino saudí no es solo la cantidad, sino el método: la decapitación con espada, practicada en plazas públicas y transmitida a veces en vídeo, como advertencia y como espectáculo.
El año más sangriento
2022 fue el año en que el mundo tuvo que mirar. Arabia Saudí ejecutó al menos a 196 personas en doce meses, la cifra más alta registrada en el país en décadas. Entre los condenados había traficantes de drogas, pero también disidentes políticos, ciudadanos de países pobres sin acceso a una defensa legal digna, y personas que habían cometido sus supuestos delitos siendo menores de edad.
Ese año, un solo día concentró 81 ejecuciones simultáneas, una masacre legal que sacudió brevemente la conciencia internacional antes de caer en el olvido mediático habitual. Entre los ejecutados aquel 12 de marzo había shiíes acusados de terrorismo, muchos de ellos detenidos tras las protestas de la Primavera Árabe.
La trampa del reformismo
El príncipe heredero Mohammed bin Salmán, conocido como MBS, lleva años proyectando hacia el exterior la imagen de un reformador moderno: abrió cines, permitió a las mujeres conducir, impulsó el turismo y atrajo inversiones extranjeras multimillonarias. El mundo occidental, con sus intereses energéticos y sus contratos de armamento, aceptó el relato con comodidad.
Pero detrás del barniz de modernidad, el aparato represivo no solo se mantuvo intacto, sino que se intensificó. La ejecución del periodista Jamal Khashoggi en 2018 fue la grieta que dejó ver el fondo. Las condenas a muerte por delitos de drogas, por apostasía, por brujería, por participar en protestas, continuaron acumulándose con discreción burocrática.
Justicia de clase y justicia de origen
Un patrón preocupante atraviesa los datos: los ciudadanos extranjeros, especialmente trabajadores migrantes procedentes de países como Pakistán, Yemen, Nigeria o Indonesia, representan una proporción desproporcionada de los ejecutados. Muchos fueron juzgados sin intérprete, sin abogado, con confesiones obtenidas bajo tortura y en procedimientos que duraron apenas minutos.
La pena de muerte en Arabia Saudí se aplica por asesinato, violación, robo, apostasía, adulterio y tráfico de drogas. La discrecionalidad es amplia, la transparencia es nula, y el acceso consular o jurídico para los condenados extranjeros es frecuentemente denegado o retrasado hasta que ya es tarde.
El silencio cómplice
La respuesta internacional ha sido, en el mejor de los casos, tibia. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España mantienen contratos de venta de armamento con Riad que se miden en decenas de miles de millones de euros. El G20 se celebró en Arabia Saudí. El Mundial de Fútbol de clubes aterrizó allí. La Fórmula 1 tiene su carrera en Jeddah. El dinero saudí compra clubes de fútbol europeos y financia torneos de golf.
Cada acuerdo firmado, cada apretón de manos con MBS, cada foto oficial en Riad es, de alguna manera, una señal de que el mundo acepta las condiciones del reino. Que las decapitaciones son un detalle menor, un asunto interno, una cuestión cultural.
Lo que dicen los números
Más de 1130 ejecuciones en cinco años no son una abstracción. Son nombres. Son familias que esperaron noticias y recibieron un cadáver, o ni siquiera eso. Son personas que tal vez eran culpables y tal vez no, pero que en cualquier caso merecían un juicio justo, una defensa real, la posibilidad de apelar.
Arabia Saudí ha batido su propio récord. Y el mundo, distraído o cómplice, sigue mirando hacia otro lado.
Las organizaciones Reprieve, Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan de manera continuada las ejecuciones en Arabia Saudí y ofrecen recursos para quienes deseen conocer más sobre estos casos.
