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El principal organismo europeo de vigilancia de las libertades civiles ha publicado su diagnóstico más reciente sobre la salud democrática de los estados miembros de la Unión Europea, y España ocupa un lugar destacado —y no precisamente envidiable— en sus páginas. El Informe sobre el Estado de Derecho 2026 de Liberties, con más de 800 páginas, ha sido elaborado por casi 40 organizaciones de 22 estados miembros y ofrece un retrato detallado de las grietas que amenazan los pilares democráticos en nuestro país.
España figura entre los países considerados «estancados», es decir, aquellos que no han experimentado avances significativos en sus indicadores del Estado de Derecho. Junto a ella aparecen otras naciones como Grecia, Irlanda o los Países Bajos. El panorama que dibuja Liberties para España es una acumulación de episodios que, tomados en conjunto, generan una preocupación genuina sobre el funcionamiento de sus instituciones, la rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El caso Mazón y el escudo del aforamiento
Uno de los episodios más llamativos señalados por el informe tiene que ver con las consecuencias de la catástrofe de la DANA. El documento apunta que, en el desastre que causó más de 230 muertes en Valencia, el uso de la inmunidad parlamentaria por parte del entonces presidente regional Carlos Mazón para bloquear la investigación penal sobre la actuación de los funcionarios frente al desastre planteó cuestiones fundamentales sobre la rendición de cuentas. Mazón, tras dimitir como president de la Generalitat Valenciana y recuperar su escaño en Les Corts, se ampara en el aforamiento que le otorga esa condición para que su causa corresponda al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, un tribunal que ya desestimó investigarle al no apreciar responsabilidad penal concreta. Las víctimas y sus familias llevan semanas en la calle exigiendo que se le retire ese blindaje legal que, a su juicio, lo protege de responder ante la justicia ordinaria.
Torre Pacheco y el racismo organizado
El informe también se detiene en los graves disturbios ocurridos en la localidad murciana de Torre Pacheco, catalogándolos como un episodio de violencia racista de singular gravedad. Liberties subraya el peor brote de violencia racista organizada en décadas, protagonizado en Torre Pacheco, donde la tensión social derivó en ataques contra la comunidad inmigrante. Un episodio que ilustra, según el informe, las fallas en la protección de minorías y en la respuesta institucional ante manifestaciones de odio organizado.
Andalucía, los cribados y el derecho a la salud
La sanidad pública andaluza también aparece en el foco del informe europeo, concretamente en relación con los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama. Liberties señala fallos que provocaron muertes en la gestión de la sanidad pública en Andalucía, relacionados con retrasos en diagnósticos de cáncer de mama. Un escándalo que pone en cuestión la calidad y equidad del sistema sanitario público y que, desde la perspectiva de los derechos civiles, conecta directamente con el derecho a la vida y a una atención médica oportuna y digna.
Las clínicas abortivas y el acoso impune
El informe también recoge la situación que viven muchas mujeres a las puertas de las clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo. Liberties denuncia el acoso impune a mujeres en clínicas de salud reproductiva, debido a que los jueces absolvieron a activistas antiabortistas que ejercían presión sobre las pacientes. La organización considera que esta situación, tolerada por la justicia, compromete el ejercicio efectivo de un derecho reconocido legalmente y somete a las mujeres a una presión intimidatoria que ningún sistema democrático debería permitir.
La condena a García Ortiz, el nudo del informe
Sin embargo, el asunto que vertebra en buena medida el capítulo español del informe es la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Para Liberties, la condena penal del fiscal general del Estado plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas. La organización va más lejos y advierte de que el enjuiciamiento penal del fiscal general en ejercicio marca un punto de inflexión: la judicatura se ha convertido en un campo de batalla de la guerra partidista, en lugar de ser un poder independiente del Estado.
Esta lectura contrasta radicalmente con la que hacen quienes celebraron la condena como una prueba de que nadie está por encima de la ley. El informe no entra a valorar la culpabilidad o inocencia del fiscal, sino el patrón que observa: una tendencia a judicializar la política que acaba contaminando la propia independencia de la justicia.
Un estancamiento que debería inquietar
Una de las conclusiones de Liberties es que los gobiernos ignoran en gran medida las recomendaciones de la Comisión Europea: el 93% de todas las recomendaciones del informe de 2025 eran repeticiones de años anteriores, y el 61% no muestra signos visibles de progreso. España no es una excepción a esta inercia. El retrato que emerge del informe no es el de un país en colapso democrático, pero sí el de una democracia que arrastra viejas heridas sin tratar —la captura política del poder judicial, la opacidad en la contratación pública, la Ley Mordaza aún en vigor— y que genera nuevas fricciones sin resolverlas. Un estancamiento que, más que tranquilizar, debería inquietar.
Generado por Claude
