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La primera agencia federal estadounidense en reconocer el uso de spyware comercial contra comunicaciones cifradas ha abierto una caja de Pandora que amenaza derechos civiles fundamentales
La noticia llegó sin fanfarria, casi como si sus protagonistas esperaran que pasara desapercibida: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha confirmado oficialmente que compró y utilizó el spyware Graphite, desarrollado por la empresa israelí Paragon Solutions, para espiar comunicaciones cifradas. Es la primera agencia federal del país en reconocer abiertamente el uso de esta clase de herramienta. Y eso, lejos de ser un motivo de orgullo institucional, debería ser una señal de alarma para cualquier persona que valore la privacidad digital y el Estado de derecho.
Un contrato de dos millones de dólares y muchas preguntas sin respuesta
El director interino de ICE, Todd Lyons, comunicó a los legisladores mediante carta que la agencia adquirió y utilizó el spyware de Paragon Solutions en casos relacionados con el tráfico de drogas. La justificación oficial no se hizo esperar: Lyons indicó que autorizó a la unidad de investigaciones criminales de la agencia, conocida como Homeland Security Investigations (HSI), a utilizar «herramientas tecnológicas de vanguardia» para contrarrestar la «explotación floreciente de plataformas de comunicación encriptadas» por parte de organizaciones terroristas.
El argumento suena razonable en abstracto. El problema es que la realidad concreta de cómo se usa esta tecnología cuenta una historia muy diferente.
Según documentos públicos de adquisición analizados por The Guardian, ICE queda habilitado para operar Graphite, un sistema que posibilita rastrear ubicaciones, extraer mensajes y archivos, acceder a imágenes y a información almacenada en aplicaciones cifradas como WhatsApp o Signal. El software también permite emplear el micrófono del teléfono atacado de modo remoto. No es una herramienta de escucha selectiva: es una llave maestra digital capaz de convertir cualquier teléfono en un dispositivo de espionaje permanente.
La trampa del «proveedor ético»
Paragon ha construido su imagen de marca sobre una premisa aparentemente tranquilizadora: ser la alternativa «ética» a NSO Group, fabricante del infame Pegasus. La empresa ha alegado que solo se vende a gobiernos de países democráticos estables para luchar contra la delincuencia y proteger la seguridad nacional. Pero los hechos han erosionado sistemáticamente ese relato.
En Italia, el despliegue del spyware Graphite fue un escándalo mayúsculo: WhatsApp reveló que 90 periodistas y figuras de la sociedad civil habían sido objetivos de esta tecnología de vigilancia de grado militar, que otorga «acceso total» a los mensajes de la víctima. El gobierno italiano admitió haber espiado a activistas de los derechos de los refugiados, y Paragon canceló su contrato con ese gobierno casi de inmediato tras conocerse la historia.
La investigación de Citizen Lab documenta el uso de Graphite en Italia contra Francesco Cancellato, director del medio Fanpage.it; Luca Casarini, fundador de la organización de rescate de migrantes Mediterranea Saving Humans; y el doctor Giuseppe Caccia, cofundador de la misma entidad. Periodistas críticos con el poder y activistas pro-inmigrantes. Exactamente el tipo de personas que, en teoría, una democracia debería proteger, no vigilar.
Y ahora ese mismo software está en manos de ICE.
Las garantías vagas no son garantías
Ante las críticas, Lyons afirmó en su carta que el uso del spyware por parte de ICE se realizaría «de acuerdo con los requisitos constitucionales» y que «certificó que el uso operativo de la herramienta específica por parte de HSI no plantea riesgos significativos de seguridad o contrainteligencia, ni riesgos significativos de uso indebido». Certificó. Él mismo.
El director interino de ICE, Todd Lyons, señaló además que el software se utilizaría para vigilar a manifestantes contra la agencia y localizar a «cabecillas y agitadores profesionales». Ahí está la fisura en el discurso oficial: de combatir el narcotráfico a vigilar a quienes protestan contra la propia agencia. La deriva es inquietante y la distancia entre ambos objetivos, enorme.
La respuesta de los legisladores críticos lo resume con precisión. La representante demócrata Summer Lee expresó que «en lugar de abordar las serias preocupaciones constitucionales y de derechos civiles que planteamos, el DHS está pidiendo al público que acepte garantías vagas y justificaciones basadas en el miedo», y añadió que «las personas más en riesgo, incluidos inmigrantes, comunidades afrodescendientes y mestizas, periodistas, organizadores y cualquier persona que hable en contra del abuso gubernamental, merecen más que secretismo y evasivas de una agencia con un largo historial de abuso y exceso».
Un precedente peligroso
Cooper Quintin, tecnólogo de la Electronic Frontier Foundation, advirtió de que los informes de vigilancia en Italia «socavan el marketing público de Paragon Solutions como proveedor más ético de malware de vigilancia» y alertó de que «sin sólidas salvaguardas legales, existe el riesgo de que el malware sea utilizado de forma similar por el gobierno de EE.UU.».
Ese riesgo ya no es hipotético. ICE ha dado el paso. Ha comprado, ha usado y ahora ha reconocido el uso de una herramienta capaz de vulnerar cualquier comunicación cifrada, bajo la supervisión de la propia agencia que la maneja, sin un marco legal robusto ni una rendición de cuentas real ante el Congreso.
El cifrado de extremo a extremo no es un lujo para criminales: es la infraestructura básica de la privacidad en el siglo XXI. Cuando una agencia gubernamental adquiere la capacidad de atravesarlo a voluntad, sobre poblaciones vulnerables y con mínima supervisión judicial, no estamos ante una herramienta de seguridad. Estamos ante un Estado que ha decidido que la privacidad de ciertos ciudadanos —los más precarios, los que protestan, los que molestan— es negociable.
Eso no es seguridad. Es poder sin freno.
Generado por Claude
