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Hoy comienza uno de los juicios más importantes de la democracia española reciente, y conviene llamarlo por lo que es: no un caso de corrupción al uso, sino algo cualitativamente peor. El caso Kitchen es la historia de cómo el aparato del Estado —la policía, los fondos reservados del Ministerio del Interior— fue puesto al servicio de un partido político para destruir pruebas de su propia corrupción.
La diferencia importa. Cuando un político roba, comete un delito. Cuando ese mismo político utiliza recursos públicos para ocultar que robó, estamos ante otra categoría de criminalidad: la del Estado capturado, la del poder que se protege a sí mismo usando las herramientas que los ciudadanos pusieron en sus manos para otra cosa. Eso es Kitchen.
El propio Villarejo —protagonista indeseable pero involuntario narrador de esta historia— lo explicó con una claridad brutal en una de sus grabaciones: «Una operación para quitarle a Bárcenas los papeles que comprometían al presidente. ¿Te parece poco?». No, no parece poco. Parece exactamente lo que es: una operación de Estado para expoliar a un testigo incómodo, para vaciarle el móvil, para neutralizar las pruebas de una financiación ilegal que llegaba hasta la cúpula del Partido Popular.
Quién se sienta y quién no
A partir de hoy se sientan en el banquillo diez personas: dos políticos y ocho policías. Entre ellos el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, considerado el nexo entre el ministerio y la operación. Entre ellos varios funcionarios que ejecutaron lo que alguien ordenó.
Pero Mariano Rajoy no está. María Dolores de Cospedal no está. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un relato judicial para convertirse en una lección de anatomía del poder en España.
La comparación con el GAL no es caprichosa. Aquel escándalo de los años ochenta, en el que el Estado español financió con fondos reservados grupos parapoliciales que asesinaron a ciudadanos en el País Vasco y Francia, también tuvo sus ejecutores juzgados y condenados. Felipe González nunca fue sentado en un banquillo. La «X» del GAL, como se la llamó entonces, quedó impune en términos penales aunque no en los políticos. La historia es conocida.
Kitchen reproduce ese patrón con escalofriante fidelidad. La cadena de mando —si es que existió tal como los indicios sugieren— se corta quirúrgicamente antes de llegar a quienes tomaban las decisiones en Génova o en la Moncloa. Los que ejecutan asumen. Los que ordenaron, si es que ordenaron, observan desde fuera.
La mecánica del escándalo
Conviene recordar los hechos para no perderse en los tecnicismos del juicio. Cuando Luis Bárcenas empezó a hablar —cuando sus famosos «papeles» y sus declaraciones comenzaron a señalar directamente al PP y a su financiación ilegal durante décadas— alguien decidió que había que neutralizarlo. No refutar sus acusaciones. Neutralizarlo.
Para ello se habría utilizado a un chófer infiltrado en su entorno familiar, se habrían intervenido sus comunicaciones, se habría accedido a sus dispositivos. Todo ello financiado, según la acusación, con fondos reservados: dinero público sin control parlamentario, diseñado para operaciones de seguridad del Estado, redirigido para proteger a un partido.
Si eso se demuestra en el juicio —y hay indicios sólidos de que así ocurrió— estaremos ante algo que debería conmover los cimientos de cualquier sistema democrático que se tome en serio. No es solo corrupción. Es la corrupción protegiéndose con las herramientas del Estado democrático.
Lo que el juicio puede y no puede hacer
Los juicios tienen límites. Pueden condenar a quienes están en el banquillo. No pueden sentar a quienes no están. Pueden establecer hechos. No siempre pueden trazar la cadena de responsabilidad política hasta sus últimas consecuencias.
Pero incluso con esos límites, este juicio importa. Importa porque pone sobre la mesa pública, con toda la solemnidad del proceso penal, una verdad que algunos todavía prefieren relativizar: que durante el Gobierno de Rajoy se utilizó el aparato policial y fondos reservados para sabotear una investigación judicial que afectaba al propio partido gobernante. Eso no es una acusación de la oposición. Es lo que la instrucción judicial ha considerado suficientemente probado para sentarse a juzgar.
La impunidad como sistema
Lo más inquietante del caso Kitchen no es lo que pasó, sino el patrón que revela. En España, los grandes escándalos de Estado —los que implican a lo más alto del poder— tienden a resolverse de la misma manera: los ejecutores pagan, los arquitectos se jubilan. El GAL fue así. Kitchen apunta a serlo también.
Esa impunidad no es accidental. Es el resultado de una cultura política que distingue entre responsabilidad penal —para los de abajo— y responsabilidad política —que en España apenas existe para nadie—. Rajoy llegó a ser desahuciado de la Moncloa por una moción de censura vinculada precisamente a la corrupción del PP, pero nunca tuvo que responder ante un tribunal por nada relacionado con su etapa de gobierno.
El juicio comienza hoy. Durará meses. Al final habrá condenas, probablemente, para algunos de los que están en el banquillo. Y la «K» de Kitchen —como la «X» del GAL— seguirá, muy probablemente, sin nombre en ninguna sentencia.
Eso también forma parte de la historia que este juicio cuenta.
Generado por Claude
