|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Hay películas que incomodan. Las hay que irritan a los poderosos. Pero pocas han sido perseguidas con tanto ensañamiento judicial como Rocío, el documental de Fernando Ruiz Vergara que, cuatro décadas y media después de su estreno, sigue sin poder verse completo en España. No porque sea una obra menor. Sino precisamente porque es demasiado verdadera.
Rocío se rodó entre 1976 y 1978, cuando la dictadura acababa de morir con Franco en la cama y el país se debatía entre el miedo heredado y las tímidas esperanzas de apertura. Su propósito era antropológico: analizar la romería del Rocío, esa marea de fe y folclore que cada año recorre la marisma onubense. Pero Ruiz Vergara no se conformó con las postales. Mostró también el hambre, el paro, el silencio de los jornaleros andaluces. Y tuvo la honestidad —o la valentía, que en España suelen ser la misma cosa— de dejar que un vecino de Almonte señalara a José María Reales Carrasco como uno de los responsables de la represión franquista en el pueblo durante la Guerra Civil.
Aquello bastó para desencadenar el escándalo.
En abril de 1981, apenas meses después del intento de golpe del 23-F, un juez ordenó el secuestro de la película. Los hijos del presunto represor habían interpuesto una querella por injurias. El director tapó los ojos de la foto con una franja negra, silenció el apellido en el sonido. No fue suficiente. El juez consideró que el sombrero de ala ancha y el alfiler de corbata del hombre permitían identificarlo. Tan frágil era la democracia recién estrenada que no podía soportar que alguien señalara a un verdugo con el rostro parcialmente oculto.
El juicio, celebrado en Sevilla en junio de 1982, fue un espectáculo desolador. Diecisiete ancianos de Almonte comparecieron dispuestos a corroborar el relato. El juez desestimó todos sus testimonios. El propio testigo del documental, Pedro Gómez Clavijo, aterrorizado después de décadas de miedo acumulado, acabó negando su propia voz e imagen ante el tribunal. La defensa lo dijo con claridad: «Aquí se está enjuiciando, no a Pedro, sino a la fuente oral de la historia». Eso era exactamente lo que estaba pasando.
La sentencia condenó a Ruiz Vergara a dos meses de arresto, una multa y una indemnización millonaria. Prohibió la proyección del documental en todo el territorio nacional salvo que se suprimieran los fragmentos comprometedores. El director se negó a mutilar su obra. El Tribunal Supremo confirmó la condena en 1984. El magistrado ponente, Luis Vivas Marzal, confeso adepto al franquismo, dejó escrita una frase que resume con escalofriante precisión el espíritu de toda una época: era «indispensable inhumar y olvidar» la guerra civil para que las generaciones futuras pudieran convivir pacíficamente.
Ahí está, en blanco y negro jurídico, la filosofía de la Transición: enterrar, callar, perdonar sin juzgar, avanzar pisando cadáveres con la mirada al frente. El problema no eran los crímenes del franquismo. El problema era quien osara nombrarlos.
Lo que ocurrió con Rocío no fue un accidente ni un exceso judicial aislado. Fue la expresión coherente de un sistema diseñado para garantizar la impunidad de quienes habían sostenido cuarenta años de dictadura. Los herederos políticos del régimen negociaron su propia amnistía mientras se vendía al mundo una imagen de modernidad y reconciliación. Los represores murieron en sus camas. Sus hijos llevaron a los tribunales a quienes se atrevieron a hablar.
Fernando Ruiz Vergara nunca más dirigió un largometraje. Se exilió en Portugal, donde murió en 2011. Su obra quedó mutilada, archivada, condenada al olvido que los poderes de siempre consideran la mejor medicina para los crímenes propios. Solo en los últimos años, gracias a los movimientos por la recuperación de la memoria histórica, el documental ha ido recuperando una visibilidad que nunca debió perder.
Resulta pertinente revisitar este caso hoy, cuando determinadas fuerzas políticas —directas continuadoras de aquel consenso del silencio— siguen combatiendo las leyes de memoria democrática con el argumento de que «reabrir heridas» solo divide. La herida no la abrió Ruiz Vergara. La herida la abrieron los que fusilaron a miles de personas y luego exigieron que nadie hablara de ello. El documental solo intentó mirarla de frente.
Una democracia que condena a sus cineastas por mostrar los crímenes del régimen anterior no es todavía una democracia plena. Es una democracia con el disfraz puesto encima de la levita del franquismo. Y el caso Rocío es, en ese sentido, un espejo incómodo en el que España aún no ha terminado de mirarse.
Porque los fantasmas no desaparecen cuando se les ordena que callen. Se quedan, esperando.
Fuente: La condena a la memoria: ‘Rocío’, el documental secuestrado que todavía duele en España. Lo que somos
