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La crisis de las residencias en Madrid no fue una fatalidad inevitable, sino el resultado de decisiones políticas concretas tomadas por el Gobierno de Ayuso y su entorno sanitario. Los documentos, correos y testimonios que han ido apareciendo apuntan a una misma dirección: mientras se anunciaba públicamente que las residencias estaban “medicalizadas”, en la práctica no se dotó a esos centros de los medios necesarios y se limitaron las derivaciones hospitalarias de miles de mayores.
Una promesa vacía
El relato oficial del PP madrileño se sostuvo sobre una idea simple y útil: la de que todo se hizo con criterio clínico y bajo presión extrema. Pero la evidencia conocida contradice esa versión. Ya en marzo de 2020 se hablaba de medicalizar las residencias, reforzar la atención primaria y coordinar el soporte sanitario, pero ese plan nunca se aplicó como se prometió.
Lo más grave no fue solo la ausencia de medios, sino la mezcla de improvisación y propaganda. Ayuso llegó a afirmar que las residencias estaban “en su práctica totalidad” medicalizadas, una afirmación que los hechos desmontan por completo, porque no se medicalizó ninguna de las 475 residencias operativas de Madrid. Esa distancia entre discurso y realidad resulta ofensiva para las familias que vieron morir a sus mayores sin la atención que necesitaban.
Los protocolos de la vergüenza
Los llamados protocolos de no derivación no fueron una ley natural ni una imposición abstracta de la pandemia. Fueron documentos concretos firmados por altos cargos del Gobierno regional, con “criterios de exclusión” que impedían trasladar a hospitales a muchos residentes, especialmente a los más frágiles o dependientes. La propia información judicial y periodística ha ido señalando a responsables directos dentro de la Consejería de Sanidad y del equipo político de Ayuso.
Durante meses, el PP intentó esconder la responsabilidad política detrás de la burocracia, como si el problema hubiera sido de ejecución y no de decisión. Pero cuando aparecen correos internos en los que se advierte de que la medicalización era “irrealizable” y de que no había medios suficientes, la excusa se derrumba. No se trató de un error menor: se diseñó un sistema que dejó a miles de ancianos fuera del circuito sanitario en el peor momento posible.
Responsabilidad política
El gobierno madrileño no puede seguir presentándose como mero gestor atrapado por las circunstancias. Si sabía que no había personal, ni recursos, ni capacidad real para medicalizar, tenía la obligación de reforzar el sistema antes de imponer restricciones selectivas. En cambio, se optó por la lógica del maquillaje político: anunciar una solución que no existía mientras se consolidaba una política de exclusión hospitalaria.
La responsabilidad también alcanza al PP en su conjunto, que ha convertido la defensa de Ayuso en una causa de partido. En vez de exigir claridad y asumir errores, ha preferido blindar un relato que minimiza la tragedia y descalifica a las víctimas. Esa actitud no solo agrava el daño moral, sino que proyecta la idea de que ciertas muertes son asumibles si convienen al poder.
Lo que sigue importando
El caso residencias no va solo de lo que ocurrió en 2020; va de cómo responde una democracia cuando sus mayores quedan desprotegidos. Si hubo protocolos de exclusión, si hubo decisiones para no derivar a hospitales y si se anunció una medicalización imposible, entonces no estamos ante un fallo técnico, sino ante una grave quiebra ética y política. La verdad no devolverá la vida a las víctimas, pero sí puede impedir que se reescriba la historia.
Madrid merece algo mejor que una administración que convierte la tragedia en propaganda. Y las familias merecen justicia, no excusas.
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