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El 28 de marzo de 1757, en la Place de Grève de París, miles de espectadores se agolparon para presenciar lo que el Estado francés llamaba «justicia» y que la historia registraría como uno de los episodios más brutales de la crueldad humana institucionalizada. Robert-François Damiens, un sirviente de 42 años, fue sometido a un suplicio de horas que superaba cualquier noción de castigo proporcional. Su crimen: haber intentado asesinar al rey Luis XV con un cuchillo de cocina, hiriéndolo levemente en el costado. Su castigo: ser descuartizado en público, un espectáculo diseñado no solo para matarlo, sino para borrar su humanidad ante los ojos de la multitud.
Lo que ocurrió aquel día no fue un acto de justicia, sino un ritual de terror estatal. Damiens fue arrastrado hasta el cadalso, donde verdugos —a menudo borrachos para soportar su propia tarea— lo sometieron a torturas que incluían tenazas al rojo vivo para arrancarle la carne, azufre y plomo derretidos vertidos en sus heridas, y el desmembramiento sistemático de sus extremidades con caballos. Según el relato de Giacomo Casanova, testigo ocular, la escena fue tan espantosa que muchos espectadores desmayaron o huyeron. El cuerpo de Damiens, aún consciente en varios momentos del proceso, tardó horas en morir. Cuando finalmente su torso fue arrojado a una hoguera, lo que quedó de él era irreconocible.
La farsa de la «justicia ejemplar»
Los defensores de la pena de muerte en la época —y algunos hoy— argumentarían que semejante crueldad era necesaria para disuadir futuros regicidios. Pero la realidad es que el suplicio de Damiens no servía para prevenir delitos, sino para reafirmar el poder absoluto de la monarquía. El mensaje era claro: atacar al rey era atacar a Dios, y el castigo debía ser tan desproporcionado que nadie osara siquiera pensarlo. Sin embargo, la historia demuestra que la violencia estatal no reduce la violencia social; solo la normaliza. Francia, que en 1757 torturaba a sus enemigos en plazas públicas, sería la misma que, décadas después, guillotinaría a su rey en nombre de la revolución. La barbarie, una vez institucionalizada, no distingue entre monarcas y republicanos.
El sadismo como espectáculo
Lo más perturbador del caso de Damiens no es solo el método, sino el público que lo aclamó. Casanova describe cómo la multitud, inicialmente horrorizada, terminó por reírse de los gritos del condenado, como si el dolor ajeno fuera un entretenimiento más. Esto revela una verdad incómoda: la pena de muerte, especialmente en sus formas más crueles, no es solo un instrumento legal, sino un show que corrompe a quienes lo consumen. Cuando el Estado convierte el sufrimiento en espectáculo, deshumaniza no solo al condenado, sino también a los ciudadanos que lo celebran. ¿Acaso una sociedad que disfruta del tormento de otro puede llamarse civilizada?
La hipocresía de la «civilización»
Francia abolió la pena de muerte en 1981, pero el caso de Damiens sigue siendo un recordatorio de que la justicia penal ha estado históricamente más cerca de la venganza que de la reparación. Hoy, países como Estados Unidos, China o Irán siguen aplicando ejecuciones —ya sea por inyección letal, electrocución o lapidación—, y aunque los métodos son menos sangrientos, la lógica es la misma: el Estado se arroga el derecho de decidir quién vive y quién muere. La diferencia entre descuartizar a un hombre con caballos y matarlo con químicos en una camilla es de grado, no de principio.
Los apologistas de la pena capital dirán que Damiens «se lo merecía». Pero ¿qué significa merecer semejante horror? ¿Acaso existe un crimen tan grave que justifique horas de agonía diseñadas para humillar? La justicia no debería imitar la crueldad que pretende castigar. Cuando el Estado tortura, se convierte en lo que dice combatir: un verdugo.
El legado de Damiens: ¿justicia o venganza?
La ejecución de Damiens no fue un error de una época oscura, sino la consecuencia lógica de un sistema que cree en la redención a través del dolor. Hoy, cuando algunos claman por la vuelta de la pena de muerte como solución a la delincuencia, deberíamos recordar su cara más oscura: no es un acto de justicia, sino de cobardía institucional. Matar a un hombre no devuelve la vida a sus víctimas, ni repara el daño causado; solo perpetúa el ciclo de violencia bajo la bandera de la ley.
El verdadero escándalo no es que Damiens intentara matar a un rey, sino que una sociedad entera —desde los verdugos hasta los espectadores— colaborara en su aniquilación como si fuera un acto sagrado. Mientras la pena de muerte exista, en cualquier forma, seguiremos siendo cómplices de esa misma barbarie. La civilización no se mide por cómo castiga a sus criminales, sino por cómo protege la dignidad de todos, incluso la de los más viles. Damiens merecía un juicio justo, no un carnaval de sangre. Y esa es una lección que, siglos después, aún no hemos aprendido.
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