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El 11 de abril de 1937, en el Monte de A Guia, la barbarie franquista escribió una de sus páginas más oscuras y cobardes. Ángela Iglesias Rebolla, conocida como la Protestante por su fe evangélica, fue fusilada junto a su pareja, José. Ángela tenía dos hijos y estaba embarazada de un tercero. Su crimen: dar refugio a personas perseguidas por el régimen. Su sentencia: la crueldad más inhumana, ejecutada con saña por guardias civiles y falangistas.
La delación que la condenó no nació de la justicia, sino de la envidia y el interés más ruin. Un vecino, movido por el deseo de que su hijo ocupara el puesto de trabajo del marido de Ángela, la acusó. Así funcionaba la “justicia” franquista: con chivatazos, venganza y la complicidad de quienes se beneficiaban del terror. La casa de Ángela fue saqueada, sus pertenencias robadas, y ella, junto a José, fue arrastrada hasta la cima del monte. Allí, no solo les arrebataron la vida, sino que antes violaron a Ángela, a pesar de su embarazo. Un disparo en la espalda, otro en el vientre para “rematarla”. Sus cuerpos quedaron abandonados, como advertencia para quienes osaran desafiar al régimen.
El franquismo no solo asesinó a Ángela y a José; intentó borrar su memoria, como hizo con miles de víctimas. Pero los nombres de quienes sufrieron su violencia no pueden ni deben olvidarse. Ángela, la Protestante, es símbolo de resistencia: mujer, creyente, solidaria, madre. Su historia es la de una España que el franquismo quiso someter a sangre y fuego, pero también la de una dignidad que ningún disparo pudo destruir.
Hoy, recordarla es un acto de justicia. Que su nombre, y el de todas las víctimas, resuene como denuncia eterna contra la impunidad y el olvido. Porque la memoria no es solo un derecho; es un escudo contra la repetición de la barbarie.
¿Cuántas Ángelas siguen esperando que se haga justicia?
