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En un sistema judicial que debería ser garante de la justicia, la figura de la jueza María José Alcázar Ocaña emerge como un símbolo de contradicciones, opacidad y, en el peor de los casos, complicidad con estructuras de poder que han mancillado la credibilidad de las instituciones. Su reciente decisión de archivar el caso del asesinato de Haitam —el joven marroquí muerto bajo custodia policial en Melilla en 2022— no es solo un fallo judicial más: es la culminación de una trayectoria marcada por sospechas, conexiones turbias y una preocupante falta de sensibilidad ante la violencia institucional.
El archivo de Haitam: justicia o impunidad disfrazada
El caso de Haitam, un joven de 23 años que murió tras ser reducido por agentes de la Policía Nacional en Melilla, conmocionó a la opinión pública. Las imágenes de su agonía, grabadas por testigos, mostraban a un hombre desarmado, inmovilizado boca abajo, mientras los agentes lo sometían con una fuerza desproporcionada. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un «síndrome de asfixia posicional», un eufemismo médico para describir lo que, en términos llanos, fue un homicidio por estrangulamiento.
Sin embargo, la jueza Alcázar Ocaña decidió archivar la causa, argumentando que no existían indicios de delito en la actuación policial. ¿En serio? ¿Acaso no es delito matar a un ciudadano bajo custodia del Estado? ¿O es que, para la magistrada, la vida de un migrante —porque Haitam lo era— vale menos que la de cualquier otro? Su resolución no solo ignora las pruebas forenses, sino que envía un mensaje peligroso: en España, la violencia policial puede quedar impune si el sistema cierra filas.
La Cruz al Mérito Policial: ¿premio o conflicto de intereses?
El currículum de Alcázar Ocaña está salpicado de detalles que deberían haber levantado alarmas. En 2013, recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, una condecoración que, en teoría, premia servicios destacados a la seguridad ciudadana. Pero, ¿qué méritos concretos justificaron este reconocimiento? ¿Acaso su labor en Melilla, donde la violencia policial contra migrantes es un secreto a voces? ¿O fue, más bien, un gesto de gratitud por su «comprensión» hacia los cuerpos de seguridad?
Lo cierto es que, en un contexto donde la policía española arrastra un historial de abusos —desde las torturas en comisaría hasta las devoluciones en caliente—, premiar a una jueza que sistemáticamente archiva casos de violencia institucional no es neutral. Es una declaración de intenciones: el Estado premia a quienes protegen a los suyos, aunque eso implique dejar impunes crímenes contra los más vulnerables.
El «Caso Ronda»: el pasado que persigue a la jueza
Pero el caso más escandaloso de la trayectoria de Alcázar Ocaña es, sin duda, su vinculación con el Caso Ronda, una trama de corrupción policial destapada en 2007 que llevó a prisión a varios agentes por extorsión, tráfico de influencias y asociación ilícita. ¿Qué papel jugó la jueza en este escándalo? Oficialmente, ninguno. Pero hay un detalle revelador: su pareja en aquel momento, un policía, fue imputado en la causa.
Ante la presión mediática y el conflicto de intereses evidente, Alcázar Ocaña solicitó su traslado a Melilla, una plaza que, casualmente, suele ser destino para funcionarios con expedientes controvertidos. ¿Fue una huida? ¿O una recompensa encubierta por su silencio? Lo cierto es que, desde entonces, su carrera ha estado marcada por decisiones que benefician a las fuerzas de seguridad, incluso cuando estas actúan al margen de la ley.
Melilla: el feudo de la impunidad
Melilla, la ciudad donde Alcázar Ocaña ejerce desde hace años, es un territorio donde la violencia policial contra migrantes y solicitantes de asilo es endémica. Organizaciones como Amnistía Internacional o CEAR han documentado decenas de casos de malos tratos, devoluciones ilegales y muertes bajo custodia. Sin embargo, la jueza ha sido una aliada clave para que estos abusos queden impunes.
Su archivo del caso Haitam no es una excepción, sino la norma. En 2014, archivó una denuncia por torturas contra un agente de la Guardia Civil que había golpeado a un migrante hasta dejarlo inconsciente. En 2018, hizo lo mismo con una causa por lesiones graves a un menor marroquí durante una redada. ¿Coincidencia? Difícilmente. Más bien parece un patrón: donde hay violencia policial, allí está Alcázar Ocaña para cerrar el caso.
¿Justicia o complicidad?
La pregunta que surge es inevitable: ¿actúa la jueza por convicción, por presión o por interés? Su historial sugiere que, más que una servidora de la ley, es una pieza más en el engranaje de un sistema que protege a los suyos. No es casualidad que, en un país donde la policía goza de una impunidad casi absoluta, una jueza con su perfil sea la encargada de decidir sobre casos de violencia institucional.
El archivo del caso Haitam no es solo una injusticia contra su familia. Es un golpe a la credibilidad de la justicia española, que una vez más demuestra que, cuando se trata de migrantes, pobres o disidentes, las garantías procesales se diluyen. Y lo peor es que, mientras juezas como Alcázar Ocaña sigan en sus puestos, esta impunidad seguirá siendo la norma.
Conclusión: un sistema que premia la complicidad
La historia de María José Alcázar Ocaña es la historia de un sistema judicial que, en lugar de ser un contrapeso al poder, se ha convertido en su cómplice. Desde su condecoración policial hasta su papel en el archivo de casos de violencia institucional, todo apunta a una magistrada que ha hecho de la impunidad su sello de identidad.
El caso Haitam no es un error judicial. Es la consecuencia lógica de un modelo donde la justicia se doblega ante los uniformes y donde la vida de un migrante vale menos que el silencio de una jueza. Mientras figuras como Alcázar Ocaña sigan decidiendo sobre la libertad y la vida de las personas, España seguirá siendo un país donde la justicia es un privilegio, no un derecho.
Y eso, señoras y señores, no es justicia. Es complicidad.
Fuente: Diario Red
