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En política, como en la vida, hay gestos que revelan más que mil discursos. El pasado miércoles, durante una sesión del Congreso de los Diputados, un diputado de Vox protagonizó un episodio que, más allá de su gravedad puntual, expuso una deriva preocupante: la normalización de la violencia verbal, la falta de contención y, sobre todo, la incapacidad de la derecha española para defender principios básicos como el respeto al orden y la autoridad institucional. Lo más llamativo no fue el arrebato en sí —que ya de por sí merece reproche—, sino la tibieza, cuando no el silencio cómplice, de quienes deberían ser los primeros en condenarlo: el Partido Popular (PP).
El incidente: cuando el tic autoritario se hace gesto
El diputado de Vox, José María Sánchez se levantó de su escaño visiblemente alterado, interrumpió el desarrollo de la sesión y se dirigió con tono amenazante hacia la letrada de las Cortes y el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE). Las imágenes son elocuentes: con el la voz elevada, desafió la autoridad de la mesa de la Cámara, en un acto que muchos calificaron de «intimidatorio». No era un debate acalorado, sino un ataque frontal a las normas que rigen la convivencia parlamentaria.
El episodio no fue un hecho aislado. Forma parte de una estrategia de Vox —y, en menor medida, de sectores del PP— que consiste en erosionar las instituciones desde dentro, presentándolas como enemigas cuando no se pliegan a sus intereses. Lo novedoso, sin embargo, fue la reacción del resto de partidos: todos, excepto Vox y el PP, firmaron un texto de condena unánime. El PP, en un ejercicio de ambigüedad calculada, se abstuvo de respaldarlo, alegando que el documento incluía «valoraciones políticas» que no compartía. Una excusa pobre para no posicionarse contra un acto que, en cualquier democracia sana, debería ser repudiado sin matices.
El PP y su síndrome de Estocolmo con Vox
La actitud del PP ante este incidente no es casual. Refleja una dinámica que se repite desde que la formación de Santiago Abascal irrumpió en el escenario político: la derecha tradicional, incapaz de marcar distancias claras con la ultraderecha, termina normalizando sus excesos. No es solo que el PP dependa de Vox para gobernar en algunas comunidades autónomas o ayuntamientos; es que ha interiorizado su lenguaje, sus marcos mentales y, en ocasiones, hasta sus métodos.
Cuando un diputado de Vox insulta a un presidente autonómico llamándole «hijo de puta» (como hizo Macarena Olona con Quim Torra) o cuando otro amenaza con «colgar» a un rival político (como hizo Ortega Smith con Pablo Iglesias), el PP mira hacia otro lado. En el mejor de los casos, emite un comunicado genérico sobre «respeto institucional», pero sin nombrar a los responsables. En el peor, como ocurrió con el incidente de Flores, ni siquiera firma una condena colectiva.
Esta pasividad tiene un nombre: complicidad. No es que el PP sea Vox, pero su estrategia de no confrontación directa con la ultraderecha —por miedo a perder votos o por cálculo electoral— le lleva a tolerar lo intolerable. Y lo más grave es que, al hacerlo, legitima una forma de hacer política basada en la crispación, la descalificación y, en última instancia, la violencia simbólica.
El orden como coartada, no como principio
La derecha española ha hecho del «orden» uno de sus ejes discursivos. Lo repite como un mantra: «ley y orden», «autoridad», «seguridad». Pero cuando el orden se rompe en su propio seno —como ocurrió en el Congreso—, su reacción es de perplejidad. ¿Dónde queda entonces la coherencia?
El problema no es que el PP defienda el orden; es que lo hace de manera selectiva. Cuando se trata de reprimir protestas sociales (como las de los pensionistas o los sindicatos), no duda en apelar a la «ley y el orden». Pero cuando un diputado de su aliado político agrede verbalmente a un miembro de la mesa del Congreso, el orden pasa a un segundo plano. Esta doble vara de medir revela que, para buena parte de la derecha, el orden no es un principio, sino una herramienta al servicio de sus intereses.
Lo mismo ocurre con la autoridad. El PP ha criticado en numerosas ocasiones la «debilidad» del Gobierno de Sánchez, acusándolo de no saber imponer autoridad. Sin embargo, cuando un diputado de Vox desafía abiertamente la autoridad del vicepresidente del Congreso, el PP prefiere no mojarse. ¿Dónde queda entonces su discurso sobre la firmeza institucional?
La deriva autoritaria y el riesgo para la democracia
El episodio no es un hecho menor. Forma parte de una tendencia más amplia: la normalización de los tics autoritarios en la política española. Cuando un partido como Vox —que ha llegado a justificar la violencia política en el pasado— actúa con impunidad en el Parlamento, algo se está pudriendo en el sistema.
Pero el verdadero peligro no es Vox, sino la complicidad de quienes deberían ser sus contrapesos. Si el PP no es capaz de condenar un acto de desobediencia institucional como el de Flores, ¿qué pasará cuando la ultraderecha cruce líneas aún más peligrosas? La historia nos enseña que los autoritarismos no surgen de la noche a la mañana, sino que se van instalando poco a poco, con la aquiescencia de quienes podrían frenarlos.
Conclusión: El PP ante el espejo
La derecha española tiene un problema de identidad. Por un lado, quiere presentarse como garante del orden y la estabilidad; por otro, tolera —e incluso fomenta— los excesos de su aliado más radical. Esta contradicción no es sostenible. Si el PP aspira a ser una alternativa de gobierno creíble, debe decidir de una vez por todas qué tipo de derecha quiere ser: ¿una que defiende las instituciones, aunque le perjudique electoralmente, o una que las socava cuando le conviene?
El incidente del Congreso no fue un simple arrebato. Fue un síntoma. Y la reacción del PP —o, mejor dicho, su falta de reacción— confirmó que la derecha española está más cerca del borde de lo que parece. La pregunta es: ¿caerá al abismo o dará un paso atrás a tiempo?
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