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Valencia ha sido escenario de una revelación que debería conmover los cimientos de la comunidad médica y académica española. La Universidad CEU Cardenal Herrera, institución privada de reconocido prestigio en la formación de sanitarios, ha utilizado al menos tres cadáveres portadores de enfermedades infecciosas —entre ellas, hepatitis— en prácticas docentes de Medicina durante el periodo comprendido entre 2022 y 2024. El dato, por sí solo, resulta alarmante. Lo inadmisible es que esta práctica no solo contradice los estándares de seguridad biológica que rigen en la mayor parte de las facultades del país, sino que vulnera el propio protocolo interno de la universidad. Cuando una institución que forma a futuros médicos decide saltarse sus normas de bioseguridad con restos humanos infectados, no comete un error administrativo: incurre en una grave irresponsabilidad ética y sanitaria.
El primer escollo que salta a la vista es la flagrante contradicción entre la normativa escrita y la práctica real. Los protocolos de anatomía de cualquier facultad de Medicina seria establecen categorías de exclusión tajantes para el manejo de cuerpos donados. La presencia de patologías infecciosas activas, especialmente aquellas transmitidas por fluidos corporales como el virus de la hepatitis B o C, suele constituir una contraindicación absoluta para su empleo en disección estudiantil. No se trata de un capricho burocrático, sino de una medida de sentido común: los cadáveres, aunque sin vida, conservan fluidos y tejidos capaces de albergar agentes patógenos durante horas, incluso días. El CEU Cardenal Herrera, lejos de ignorar este riesgo, lo tenía explícitamente recogido en su manual de procedimientos. Que la dirección docente o los responsables de la unidad de anatomía hayan decidido obviar esta prohibición no denota desconocimiento, sino una deliberada asunción de riesgos ajenos.
Y aquí reside el núcleo de la crítica. El manejo de cadáveres en la enseñanza médica no es comparable a cualquier otra actividad académica. Los estudiantes que se enfrentan por primera vez a una disección no son profesionales experimentados en control de infecciones. Sus manos, aún en aprendizaje, sufren punciones, cortes y contacto prolongado con tejidos preservados. La probabilidad de incidentes —un corte con bisturí, una salpicadura, una microlaceración— es inherente al proceso formativo. Introducir en ese escenario un cuerpo portador de hepatitis es, cuanto menos, jugar a la ruleta rusa con la salud de alumnos y docentes. La hepatitis B, por ejemplo, es notablemente resistente fuera del organismo y puede sobrevivir en superficies y fluidos durante siete días o más. La idea de que un estudiante de primer o segundo curso, con una técnica aún imperfecta, esté expuesto a tal agente en nombre de la «práctica clínica» raya la negligencia premeditada.
Es significativo observar que esta no es la norma general. La mayoría de las universidades españolas, tanto públicas como privadas, mantienen filtros rigurosos para la aceptación y clasificación de cuerpos donados. Los certificados de defunción, las historias clínicas y los protocolos serológicos previos sirven precisamente para descartar aquellos casos que supongan un riesgo biológico inaceptable. El consenso en la comunidad académica es claro: la escasez de material anatómico nunca puede justificar la relajación de las medidas de seguridad. El CEU, sin embargo, parece haber optado por una vía expeditiva, priorizando la disponibilidad de cuerpos sobre la integridad física de quienes los manipulan. En un contexto de creciente competitividad entre facultades privadas, donde el prestigio se mide a veces por la ratio de prácticas por alumno, la tentación de doblar las reglas sanitarias para mantener el aula abierta resulta particularmente sospechosa.
El asunto adquiere tonalidades especialmente graves cuando se considera el perfil de la institución. El CEU Cardenal Herrera no es una escuela de barrio sin recursos ni tradición. Es una de las universidades privadas más grandes de España, con una matriz confesional y un discurso público que hace gala de valores como la responsabilidad social, la dignidad de la persona y la excelencia ética. Resulta paradigmático que precisamente una entidad que se presenta como guardiana de la tradición humanista católica haya tratado con tan escaso respeto la integridad de sus estudiantes y, por extensión, la voluntad de los propios donantes de cuerpos. Nadie dona su cuerpo a la ciencia para que se convierta en un vector de riesgo sanitario en manos inexpertas. La relación de confianza entre la sociedad y la medicina se sustenta en el respeto absoluto al cuerpo donado; quebrar ese pacto, además desde una institución que predica la ética cristiana, es una hipocresía institucional que debería avergonzar a sus gestores.
La opacidad con la que se han gestionado estos casos entre 2022 y 2024 añade un agravante. No estamos hablando de un incidente aislado, de un cadáver que se coló por error en una cohorte de prácticas. Se trata de al menos tres casos documentados en un periodo de tres años, lo que sugiere una sistematicidad difícil de atribuir al azar o a la mera desidia. ¿Dónde estaban los comités de seguridad? ¿Quién autorizó la entrada de esos cuerpos al aula de disección? ¿Se informó a los estudiantes de la naturaleza infectiva del material sobre el que trabajaban? Las respuestas a estas preguntas son urgentes, porque de no mediar una explicación contundente, solo queda la sospecha de que la universidad optó por el silencio para evitar el descrédito, exponiendo a jóvenes a un riesgo del que no fueron debidamente advertidos.
La defensa de la autonomía universitaria no puede servir de escudo para prácticas que ponen en riesgo la salud pública. En el sector privado, donde la gestión del aula y del laboratorio dependen de criterios internos menos sujetos a escrutinio público que en las facultades estatales, existe una tentación constante de optimizar recursos a expensas de la seguridad. La compra, mantenimiento y conservación de cuerpos donados es costosa; descartar tres cadáveres por motivos de infección representa una pérdida económica directa que, en la lógica contable de una empresa educativa, resulta incómoda. Pero la anatomía no admite lógicas de amortización. Un cuerpo humano no es un consumible fungible cuyo riesgo biológico pueda subsumirse al balance de cuentas. Cuando una universidad trata a los donantes y a sus propios alumnos como variables ajustables de un presupuesto, traiciona el contrato social que legitima su existencia.
La Administración sanitaria y educativa no puede mirar hacia otro lado. La utilización de material biológico humano en la enseñanza está sujeta a regulaciones estatales y autonómicas estrictas, incluidas las normativas de prevención de riesgos laborales y de seguridad biológica. Si una universidad privada decide que sus protocolos internos son opcionales, el mensaje que lanza es demoledor: la autonomía de centro no puede confundirse con la impunidad sanitaria. Es imperativo que la Conselleria de Sanidad y las autoridades universitarias valencianas abran una investigación rigurosa que aclare el alcance real de estas prácticas, identifique responsabilidades directas y determine si los afectados han recibido seguimiento médico adecuado.
Más allá de las sanciones administrativas o penales que pudieran derivarse, lo que está en juego es la credibilidad de un modelo. La medicina española no necesita profesionales formados a toda costa, sino médicos que aprendan desde el primer día que la seguridad del paciente —y la del propio equipo— es inviolable. Si la universidad que los forma les enseña, con hechos y no con palabras, que los protocolos son molestas formalidades susceptibles de saltarse cuando nadie mira, estaríamos sembrando una cultura médica de irresponsabilidad. El CEU Cardenal Herrera tiene ante sí la obligación de transparentar, corregir y asumir responsabilidades. El silencio o la minimización solo confirmarían que, para esta institución, la salud de sus alumnos y la ética médica han sido, en definitiva, materia optativa.
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