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Con la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura y el acuerdo alcanzado en Aragón para mantener a Jorge Azcón al frente del Gobierno autonómico, quedó cristalino lo que muchos venían anunciando con creciente inquietud: el Partido Popular ha puesto a España en “modo Vox”. No es una metáfora exagerada ni un titular catastrofista sin fundamento. Es la descripción literal de una deriva política en la que la derecha tradicional, en lugar de contener a la ultraderecha, la incorpora al poder ejecutivo, le concede influencia institucional y, lo más grave, asume como propias algunas de sus banderas ideológicas más tóxicas.
La secuencia es preocupante por su ritmo y por su dirección. Vox, que hace apenas dos años parecía haber salido de algunos gobiernos autonómicos como consecuencia del desgaste y de la contestación social, regresa ahora con más poder que nunca. Y lo hace no como fuerza marginal tolerada desde fuera, sino como socio de coalición con capacidad para imponer condiciones, marcar agendas y condicionar políticas públicas. En Aragón, el pacto (publicado ya en su versión completa) no solo asegura la continuidad de Azcón: también compromete al PP a impulsar el nuevo concepto-bandera de Vox: la “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas públicas. Una fórmula aparentemente anodina que, sin embargo, encierra un cambio de paradigma: convertir la administración en un instrumento de discriminación, premiando o castigando a personas y colectivos según criterios de pertenencia nacional, origen o identidad.
Lo que está ocurriendo en Extremadura y Aragón no es un caso aislado ni una anomalía local. Es, con toda probabilidad, una precuela de lo que Santiago Abascal pretende escenificar a escala estatal si las urnas le dan la oportunidad de negociar con Alberto Núñez Feijóo. La ultraderecha no necesita ganar por mayoría absoluta para imponer su agenda: le basta con que el PP, por cálculo electoral o por debilidad interna, acepte normalizar sus ideas y convertirlas en políticas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora: el PP no solo “tolerando” a Vox, sino integrando su lenguaje y sus exigencias en los acuerdos de gobierno.
La “prioridad nacional” es un buen ejemplo de cómo se opera esta colonización ideológica. En el discurso público, se presenta como una medida de “justicia” para quienes “han contribuido” a España. En la práctica, sin embargo, abre la puerta a una administración arbitraria, donde los funcionarios y los responsables políticos tendrían margen para decidir quién merece más o menos atención según criterios subjetivos y políticamente orientados. No es una cuestión menor: las ayudas públicas son, por definición, un mecanismo redistributivo que debería regirse por principios de igualdad, necesidad y transparencia. Introducir una jerarquía nacional en ese sistema no solo vulnera el sentido constitucional de la igualdad ante la ley, sino que también alimenta la fractura social, al enfrentar a ciudadanos entre sí y alentar la sospecha permanente hacia el “otro”.
Además, hay un detalle jurídico que el PP y Vox prefieren pasar por alto: gran parte de esa ingeniería discriminatoria no se puede aplicar sin modificar leyes estatales. Y, como el propio pacto aragonés reconoce implícitamente, luego habrá que ver si no lo tumba el Tribunal Constitucional. Esto significa que lo que estamos presenciando no es solo una disputa sobre políticas públicas, sino una estrategia política deliberada: forzar el debate público hacia terrenos de confrontación cultural y nacionalista, aunque las medidas sean inconstitucionales o estén condenadas al fracaso. Porque el objetivo no es solo legislar, sino marcar el terreno, normalizar el discurso y acostumbrar a la opinión pública a que ciertos prejuicios formen parte del “sentido común” institucional.
El problema no es solo Vox. El problema es el papel del PP como facilitador. Cuando un partido que aspira a gobernar España decide que la única forma de mantenerse en el poder es pactar con la ultraderecha, está enviando un mensaje muy claro: que los principios democráticos —pluralismo, igualdad, respeto a las minorías, separación entre identidad y derechos— son negociables. Y cuando ese pacto incluye cláusulas ideológicas “más duras” que las de la legislatura anterior, lo que se está diciendo es que el PP no solo no ha aprendido nada, sino que ha decidido competir con Vox en su propio terreno, como si la moderación fuera un lastre electoral.
No se trata aquí de exagerar el alcance inmediato de cada medida concreta, sino de entender el efecto acumulativo. Cada gobierno autonómico entregado a Vox es un laboratorio de políticas y narrativas: restricciones simbólicas, ataques a derechos conquistados, campañas contra la diversidad, estigmatización de migrantes, recortes de facto al pluralismo cultural y, en última instancia, una erosión de la confianza en las instituciones. Porque cuando la administración pública se convierte en un instrumento de identidad política, todos los ciudadanos —independientemente de su origen— terminan perdiendo: pierden la certeza de que serán tratados con imparcialidad, pierden la seguridad de que sus derechos no dependen del color de un discurso de moda y pierden la convicción de que la democracia es algo más que un reparto de sillones.
España no necesita “modo Vox”. Necesita gobiernos capaces de resolver problemas reales: vivienda inaccesible, servicios públicos debilitados, precariedad laboral, transición ecológica justa, atención a la dependencia, educación pública de calidad y una convivencia que no esté permanentemente en tensión. En lugar de eso, el PP ha elegido el camino de la polarización, el de la confrontación identitaria y el de la cesión estratégica a quienes construyen su proyecto político sobre el miedo al diferente.
La responsabilidad, en última instancia, no recae solo en Abascal y su retórica incendiaria. Recae en quienes, desde posiciones de poder tradicional, han decidido que la ultraderecha puede ser útil, gestionable o “necesaria” para mantenerse. Esa decisión no es neutral: es una apuesta por un modelo de sociedad más desigual, más excluyente y menos democrática. Y si Extremadura y Aragón son la prueba piloto, el país entero debería preguntarse con urgencia: ¿hasta dónde está dispuesto el PP a llegar para conservar el poder, y a qué precio para la convivencia y para los derechos de todos?
