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El Congreso de los Diputados ha sido, durante décadas, escenario de debates encendidos, tensiones ideológicas y, a veces, acusaciones graves. Sin embargo, lo vivido en los últimos meses, y particularmente la comparecencia del empresario Víctor de Aldama, trasciende el ámbito parlamentario o judicial para instalarse en un territorio mucho más oscuro y lamentable: el del espectáculo degradante. Lo que presenciamos no fue una declaración jurídicamente relevante, sino el estreno de un nuevo capítulo de un reality show político de pésimo gusto, donde la verdad es un accesorio prescindible y la gravedad de la acusación se diluye en un mar de anécdotas, cambios de versión y cinismo calculado.
Aldama, cuya credibilidad como testigo es, por su propia condición de confeso y arrepentido negociador, ya de por sí frágil, ha elevado la farsa a niveles estratosféricos. Tras dos años de declaraciones ante jueces y medios, «se acuerda» ahora, en el momento oportuno y ante la máxima audiencia, de que los fajos de billetes que entregaba a Koldo García y José Luis Ábalos no eran comisiones por su gestión en la compra de mascarillas, sino donaciones para financiar al Partido Socialista bajo el mandato directo de Pedro Sánchez. La coreografía es tan burda como efectiva: una acusación gravísima, lanzada al aire con un «me lo dijo Koldo», sin una sola prueba documental, un testigo corroborante o un indicio verificable que la sostenga. Es la palabra de un hombre que busca una rebaja de su pena a cambio de «colaborar», es decir, a cambio de contar lo que el público —y, supuestamente, la Fiscalía— quiere oír.
Aquí reside la perversión central del espectáculo. El juicio por el «caso Koldo» versa sobre la presunta malversación y corrupción en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Es un caso grave, que afecta a la gestión de una crisis humanitaria. Sin embargo, la estrategia de Aldama, amplificada hasta la náusea por ciertos sectores políticos y mediáticos, busca transformar este núcleo concreto de corrupción en una mega-conspiración que llegue hasta La Moncloa. El objetivo no es esclarecer los hechos, sino incendiar el panorama político. Convertir un juicio por delitos económicos en un impeachment de facto sin las garantías de un proceso constitucional, todo ello alimentado por la máquina de hacer ruido de las redes sociales y los tertulianos de trinchera.
La táctica es la del reality show más vil: crear una narrativa simple y emocional (el malvado empresario, el político corrupto, el líder máximo como titiritero) y bombardear con ella hasta que se fije en el imaginario colectivo, con independencia de su veracidad. Aldama, como un concursante desesperado por no ser expulsado, ha entendido que para mantenerse relevante y obtener su premio (la rebaja de condena) debe proporcionar cada vez más «contenido», más impacto, más rating. Y así lo ha hecho, explayándose en «anécdotas privadas» hasta el punto de que las declaraciones de los dos acusados principales tuvieron que posponerse. El proceso judicial queda secuestrado por el monólogo del confeso, y la búsqueda de la verdad ahogada por la necesidad de espectáculo.
La irresponsabilidad de quienes impulsan y amplifican esta farsa es monumental. Alimentar la idea de que el Gobierno de la nación se financió con dinero negro de forma masiva y criminal, sin pruebas y basándose en el testimonio interesado de un delincuente confeso, no es hacer oposición; es dinamitar los cimientos de la confianza en las instituciones. Es tratar de imponer una verdad judicial a golpe de titular, de trending topic y de insinuación permanente. Se busca un efecto político inmediato: deslegitimar al adversario, manchar su gestión de la pandemia y crear una sombra de delincuencia que le acompañe hasta las urnas. Pero el daño colateral es el Estado de Derecho y la fe ciudadana en que, al menos, los procesos judiciales buscan la justicia y no servir de arma arrojadiza en una guerra sucia.
La Justicia, por su parte, se encuentra en una posición incómoda. Debe filtrar, con parsimonia y rigor, el grano de la paja. Tiene que evaluar si detrás del espectáculo hay un delito estructural o simplemente el relato desesperado de un hombre que quiere salir de la cárcel antes. Su tiempo es lento, metódico, aburrido. El reality show político es rápido, estridente y adictivo. El pulso entre ambos ritmos define nuestro presente.
Finalmente, hay que preguntarse por el papel de la ciudadanía en este teatro del absurdo. Somos, a nuestro pesar, la audiencia cautiva. Nos vemos obligados a consumir esta degradación del debate público, donde la acusación más grave se lanza como un cebo para la indignación partidista. La tentación es tomar partido inmediatamente, según la ideología, y declarar a Aldama como un mártir de la verdad o un mentiroso compulsivo. La posición más sensata, aunque menos emocionante, es la de la escepticismo radical: desconfiar de las revelaciones oportunistas, exigir pruebas contundentes y recordar que, en democracia, no se puede derribar a un Gobierno con el testimonio televisivo de un corrupto, por muy convincente que este se muestre.
Lo de Aldama no ha sido una declaración. Ha sido un capítulo más de un reality show patrocinado por la desesperación política y el oportunismo más ramplón. Ha demostrado que, para ciertos actores, la gravedad de una acusación es directamente proporcional a su utilidad electoral. Cuando la política y la justicia se convierten en un plató de televisión donde prima el espectáculo sobre la verdad, todos perdemos. La democracia no se construye con titulares de un día, sino con hechos probados, instituciones sólidas y un mínimo respeto a la inteligencia colectiva. Frente al ruido ensordecedor del reality, la única salida es abogar por la sobriedad, la prudencia y el imperio de la prueba. Porque, como ya sabemos, en el espectáculo de los horrores, el único premio final es la destrucción del escenario común.
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