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Documentos desclasificados confirman que la matanza de 1976 no fue una pelea fraticida, sino la «Operación Reconquista»: un plan del Gobierno de Arias Navarro y Manuel Fraga, ejecutado con mercenarios fascistas, para aplastar a un movimiento al que veían como una amenaza para la naciente monarquía de Juan Carlos I.
El mito de la Transición española como un modélico camino de rosas trazado en los despachos y exento de violencia hace tiempo que se resquebrajó ante el peso de la historiografía. Entre el final de la dictadura franquista y la aprobación de la Constitución de 1978, las calles de España se tiñeron de sangre con cientos de víctimas de la violencia política y policial. Sin embargo, pocos episodios condensan con tanta crudeza la intervención de las cloacas del Estado como los sucesos del 9 de mayo de 1976. Al cumplirse medio siglo de la matanza de Montejurra, las recientes revelaciones documentales no dejan lugar a dudas: aquello no fue un enfrentamiento entre facciones rivales, sino un crimen de Estado orquestado desde las más altas esferas del poder.
Aquel día de primavera en Navarra, dos personas —Ricardo García Pellejero, de 20 años, y Aniano Jiménez Santos, de 40— fueron asesinadas a tiros, y varias decenas resultaron heridas. El escenario era la tradicional romería anual del carlismo en el monte Montejurra. Durante décadas, la versión oficial impuesta por el régimen y sostenida por cierta inercia mediática redujo el crimen a una «pelea entre hermanos», un ajuste de cuentas cainita entre la rama izquierdista y la ultraderechista del movimiento carlista.
Hoy sabemos que esa narrativa fue una coartada perfecta. Documentos oficiales desvelados en 2023 han arrojado luz definitiva sobre la implicación directa del Gobierno de Carlos Arias Navarro, con especial protagonismo del entonces ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, en la planificación, financiación y encubrimiento de una operación destinada a aniquilar políticamente al Partido Carlista.
El «peligro» del socialismo autogestionario
Para entender por qué el Estado franquista, en plena metamorfosis tras la muerte del dictador en noviembre de 1975, decidió actuar con tanta saña en Montejurra, hay que comprender la insólita evolución del carlismo. El movimiento que históricamente había representado el tradicionalismo más intransigente («Dios, Patria, Fueros, Rey») había experimentado bajo el liderazgo de Carlos Hugo de Borbón-Parma un profundo viraje ideológico.
A mediados de los años 70, el Partido Carlista se había reconvertido en una fuerza de masas defensora del socialismo autogestionario y de una estructura federal para España. Formaba parte activa de la oposición democrática (la Junta Democrática y, posteriormente, la Platajunta) y movilizaba a miles de obreros y estudiantes.
Para las élites del tardofranquismo, este «nuevo carlismo» representaba una doble amenaza. Por un lado, sumaba fuerzas a la izquierda rupturista. Por otro, y esto era crucial para el aparato del Estado, deslegitimaba la monarquía recién instaurada. Carlos Hugo cuestionaba abiertamente la legitimidad de Juan Carlos I, coronado apenas seis meses antes por designio de Franco.
Los documentos secretos revelados en 2023 demuestran que los servicios de inteligencia del régimen (el SECED) catalogaron la inminente romería de Montejurra de 1976 como una “concentración subversiva contra Juan Carlos I”. Había que evitar a toda costa que la montaña navarra se convirtiera en un clamor popular contra el nuevo rey y a favor de la ruptura democrática. Nació así la llamada Operación Reconquista.
La ‘Operación Reconquista’: mercenarios, Fraga y Arias Navarro
La estrategia del Estado consistió en instrumentalizar al hermano menor de Carlos Hugo, Sixto Enrique de Borbón, quien se había mantenido fiel a los postulados de la extrema derecha tradicionalista. El objetivo era introducir a Sixto en Montejurra, reventar el acto de Carlos Hugo y recuperar el control del santuario carlista, proyectando ante la opinión pública la imagen de un movimiento dividido y violento.
Pero Sixto no tenía apenas seguidores en España. Según consta en los archivos revelados recientemente, el Gobierno de Arias Navarro solucionó este problema recurriendo a las arcas públicas y al terrorismo internacional. Con el conocimiento y la autorización de Manuel Fraga (quien el día de los hechos se encontraba estratégicamente de viaje oficial en Venezuela, dejando al mando a Adolfo Suárez), el Ministerio de la Gobernación y los Gobiernos Civiles organizaron el traslado, alojamiento y rearme de un ejército de mercenarios.
A las faldas de Montejurra llegaron autobuses pagados por el Estado repletos de guerrilleros de Cristo Rey, falangistas y, sobre todo, terroristas neofascistas internacionales. Entre ellos destacaban miembros de la Triple A argentina, la DINA chilena y terroristas italianos de Avanguardia Nazionale como Stefano Delle Chiaie, implicados en la estrategia de la tensión en Italia.
Aquel 9 de mayo, en medio de la niebla, estos comandos armados, ataviados con boinas rojas y brazaletes, bloquearon el acceso a la cima. Ante la pasividad y complicidad absoluta de la Guardia Civil —que tenía órdenes de no intervenir—, los mercenarios abrieron fuego con armas de guerra contra la multitud desarmada que ascendía pacíficamente en romería con sus familias. Las imágenes de hombres parapetados disparando impunemente, como el conocido ultra Augusto Cauchi, dieron la vuelta al mundo.
El punto de inflexión y la impunidad
La matanza de Montejurra logró sus dos objetivos espurios: sembró el terror y justificó la marginación política del Partido Carlista. La prensa afín al régimen vendió la masacre como una «reyerta fratricida».
Este estigma fue utilizado hábilmente por Adolfo Suárez. Cuando se convocaron las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, el Gobierno legalizó al Partido Comunista de España (PCE), pero mantuvo ilegalizado al Partido Carlista, impidiendo su participación en los comicios fundacionales de la democracia. Excluido del Parlamento, sin acceso a los medios y con sus bases traumatizadas por la violencia de Estado, el carlismo socialista sufrió un golpe del que nunca se recuperaría, convirtiéndose Montejurra en su definitivo punto de inflexión y declive.
La impunidad fue el sello final de la operación. Aunque se detuvo a algunos autores materiales frente al escándalo internacional, la Ley de Amnistía de 1977 los puso en la calle poco después. Ningún cargo político, ni Arias Navarro, ni Manuel Fraga —quien luego fundaría Alianza Popular y sería presidente de Galicia—, ni los mandos policiales, respondieron jamás ante la justicia.
Medio siglo después, Montejurra no es solo el lugar donde descansan la memoria de Aniano y Ricardo. Gracias a la desclasificación de documentos, hoy se erige como el símbolo innegable de hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el aparato del Estado franquista para tutelar la Transición, proteger la corona de Juan Carlos I y decidir, a punta de pistola, quién tenía derecho a formar parte de la nueva España democrática y quién debía ser liquidado en las cunetas de la historia.
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