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El 15 de mayo de 2011, miles de personas salieron a las plazas de España con una mezcla de rabia, hartazgo y esperanza. No eran solo jóvenes desempleados, aunque ellos fueron emblema de la crisis; había también pensionistas, trabajadores precarios, estudiantes, familias desahuciadas y ciudadanos que, hasta entonces, habían creído en las reglas del juego democrático. Lo que empezó como una convocatoria en redes sociales bajo el lema “Democracia real YA” se convirtió en un movimiento masivo que sacudió la vida pública española. Quince años después, el balance es ineludible: el 15M transformó el lenguaje, la agenda y el mapa político, pero no consiguió cambiar de raíz el sistema económico y de poder.
“Las cosas han cambiado mucho y no han cambiado tanto”, añade Sònia Farré, militante por aquel entonces de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD). Con esa frase se resume con precisión el legado de una revuelta que abrió una brecha en el consenso neoliberal de la austeridad, pero que chocó con los límites de unas instituciones resistentes al cambio y con la dificultad de traducir indignación en poder real.
Del estallido a la nueva normalidad política
En 2011, España aún arrastraba las secuelas de la gran crisis financiera de 2008. La burbuja inmobiliaria había estallado, el desempleo se disparó (especialmente entre los jóvenes), y los gobiernos respondieron con recortes en sanidad, educación y servicios públicos, mientras se rescataban bancos y se blindaban privilegios. A esa herida económica se sumaba una creciente desconfianza hacia la clase política, alimentada por casos de corrupción como Gürtel y por la sensación de que los partidos mayoritarios estaban más atentos a los mercados que a la ciudadanía.
El 15M canalizó esa indignación en asambleas, comités y ocupaciones pacíficas de plazas. Su potencia no estuvo solo en las protestas, sino en la construcción de un relato alternativo: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, se coreaba. Por primera vez en décadas, millones de personas discutían en voz alta sobre la deuda, la democracia, los derechos laborales, la vivienda, la justicia fiscal o los límites del bipartidismo. La política dejó de ser cosa solo de profesionales: la gente se atrevió a hablar de “lo común”, de “mandar obedeciendo”, de participación y transparencia.
Ese cambio cultural tuvo consecuencias inmediatas. En 2014 irrumpió Podemos, partido que conectó con el vocabulario del 15M y llevó al Congreso cuestiones antes marginales: la desigualdad, la reforma electoral, la derogación de recortes o el control ciudadano de las instituciones. Poco después, las confluencias y candidaturas municipales dieron lugar a los “ayuntamientos del cambio” en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, con gobiernos que impulsaron medidas valiosas: remunicipalizaciones parciales, planes contra la pobreza energética, auditorías de contratos, políticas de vivienda o mayor apertura institucional. También la agenda feminista ganó centralidad, y conceptos como cuidados, brecha salarial o violencia machista se instalaron con más fuerza en el debate público.
Lo que sí cambió: discurso, conciencia y nuevas reglas parciales
A quince años vista, es innegable que el tablero político ya no es el mismo. El bipartidismo clásico perdió hegemonía; la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas; la corrupción dejó de ser tolerada como “normal”; y la precariedad laboral, la vivienda y la sanidad pública se han consolidado como ejes de conflicto político. Incluso fuerzas conservadoras han tenido que incorporar —a veces de forma retórica— parte del lenguaje de la justicia social para no quedar descolocadas.
La labor de organizaciones como la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD), mencionada por Sònia Farré, ejemplifica otro cambio profundo: la irrupción de una mirada crítica sobre la deuda pública. Antes de 2011, cuestionar la legitimidad de la deuda o denunciar que se estaba socializando el coste de una crisis provocada por la especulación financiera era un discurso minoritario. Hoy forma parte del sentido común de millones de personas entender que no toda deuda es igual y que las políticas de austeridad tuvieron un coste social inmenso. Esa conciencia es un triunfo cultural del 15M y de los movimientos sociales que lo acompañaron.
Lo que no cambió: el sistema sigue intacto en lo esencial
Sin embargo, transformar el sistema requiere algo más que cambiar el discurso o alternar gobiernos: exige modificar estructuras de poder económico, relaciones laborales, arquitectura institucional y reglas europeas. Y ahí el 15M topó con límites claros. La desigualdad sigue siendo escandalosa: mientras una minoría acumula riqueza, millones de trabajadoras y trabajadores conviven con sueldos bajos, contratos temporales y dificultad para acceder a una vivienda digna. La precariedad no se ha erradicado; se ha cronificado.
En el terreno institucional, la reforma del régimen político sigue pendiente: la Ley Electoral continúa favoreciendo el bipartidismo y dificultando mayorías plurales estables; la independencia del poder judicial y los mecanismos de control del poder económico avanzan lentamente, cuando no retroceden. Además, la Unión Europea y el euro, que en 2011 aparecían como corsés de la austeridad, siguen condicionando el margen de maniobra de cualquier gobierno progresista. La deuda pública, lejos de ser reestructurada democráticamente, se ha mantenido como dogma intocable.
También pesaron factores internos del propio ciclo movilizador: la dificultad de sostener la energía asamblearia más allá de los momentos álgidos, la fragmentación de los espacios políticos surgidos del 15M, la polarización creciente y, en algunos casos, la cooptación o la desmovilización tras logros parciales. El sistema demostró una notable capacidad de absorción: permitió la entrada de nuevas fuerzas en las instituciones, pero neutralizó muchas de sus propuestas transformadoras mediante alianzas, bloqueos legislativos o la presión de los mercados.
Conclusión: herencia viva, tareas pendientes
Quince años después, el 15M sigue siendo un punto de inflexión en la historia reciente de España. Cambió la política al ampliar la ciudadanía, renovar el imaginario democrático y abrir grietas en el relato único de la austeridad. Pero no logró transformar el sistema porque las estructuras de poder —económicas, mediáticas e institucionales— demostraron mayor resistencia de la esperada y porque la traducción de la indignación en hegemonía social y política resultó más compleja de lo que muchos imaginaron.
Como dice Sònia Farré, “las cosas han cambiado mucho y no han cambiado tanto”. Esa es la verdad incómoda del aniversario: el grito de 2011 sigue resonando, ha dejado una generación más exigente y más consciente, pero la España de la precariedad, la desigualdad y la democracia de baja intensidad no ha sido superada. La tarea pendiente, hoy más urgente que nunca, es convertir aquella energía colectiva en reformas profundas: democratizar la economía, garantizar derechos básicos para todas las personas y construir unas instituciones realmente al servicio de la mayoría. El 15M nos enseñó que otro mundo es posible; quince años después, falta todavía hacerlo realidad.
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