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La noticia del joven francés que cargó una cruz de 35 kg hasta la cumbre del Aneto, el pico más alto del Pirineo aragonés, debería inquietarnos más de lo que parece. Lo que algunos han celebrado como un gesto de fe y superación personal, representa en realidad una usurpación simbólica del espacio público con fines confesionales. La respuesta del colectivo laico que pide sanciones no es una exageración intolerante, sino la defensa razonable de un principio fundamental de las sociedades democráticas: la laicidad.
El acto, en apariencia inofensivo, encierra una carga ideológica mucho más pesada que el propio madero. Cuando un individuo decide transformar una montaña compartida, patrimonio natural de todos, en escenario de una manifestación religiosa privada, está haciendo algo más que ejercer su libertad de culto. Está imponiendo un símbolo particular en un territorio común, reclamando para su credo un espacio que, por definición, debe permanecer neutral.
La montaña no es tuya, es de todos
El Aneto no es una catedral al aire libre. Es un espacio natural protegido, gestionado con fondos públicos, y pertenece a la ciudadanía en su conjunto, independientemente de sus creencias o ausencia de ellas. Cuando un excursionista decide subir una cruz a su cumbre, no está ejerciendo un derecho individual, sino violando el derecho colectivo a disfrutar de un paisaje libre de imposiciones simbólicas.
La libertad de conciencia implica, necesariamente, la libertad desde la religión. Una sociedad que respeta verdaderamente esta libertad no permite que los espacios comunes se conviertan en escenarios de proselitismo encubierto. El argumento de que «no molesta a nadie» es falaz: la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos normaliza la idea de que la fe es un valor compartido por la comunidad, cuando no lo es. Es una forma sutil de exclusión de quienes no profesan esa religión.
El colectivo laico que ha denunciado el hecho no ataca la libertad del joven de creer lo que quiera, sino su decisión de hacerlo en un escenario que no le pertenece. Una cosa es rezar en silencio en la cima, ejercicio íntimo y privado que nadie cuestionaría, y otra muy distinta es instalar un símbolo permanente —o incluso realizar un acto espectacular con la intención de difundirlo mediáticamente— que transforma el paisaje en predicación.
Simbolismo y espectáculo: la teatralización de la fe
La elección de una cruz de 35 kilos no es casual. No se trata de una cruz pequeña que pudiera colgar del cuello, sino de un objeto diseñado para generar impacto visual y narrativo. Es un performance religioso, un acto de teatralización de la fe que busca la admiración del colectivo creyente y la visibilidad pública. El peso mismo del símbolo es una metáfora de su pretensión: una carga que el devoto asume para demostrar la entrega a su dios, pero que termina siendo soportada por el espacio público.
Este tipo de gestos responde a una lógica misionera que, aunque disfrazada de piedad personal, busca testificar y convertir. Las redes sociales se inundaron de imágenes del joven con su cruz, convirtiendo el acto en un viral de contenido religioso. La montaña pasó a ser un escenario, el excursionista un mártir contemporáneo, y la cumbre, un altar. Esa mercantilización espiritual del paisaje es precisamente lo que la laicidad debe combatir.
La neutralidad del Estado no es un capricho ideológico, sino una conquista histórica que garantiza la convivencia. En España, la Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal (artículo 16.3). Este principio no se agota en la no oficialidad de una religión, sino que implica la activa protección del espacio común contra cualquier captura confesional. Permitir que el Aneto se convierta en un lugar de peregrinación cristiana simbólica es una vulneración de ese principio.
La laicidad, mal entendida y peor aplicada
Uno de los argumentos más recurrentes contra la crítica laica es la confusión deliberada entre laicidad y ateísmo. Los colectivos que defendemos la separación Iglesia-Estado somos acusados de ser «intolerantes» o de querer «prohibir la religión». Nada más lejos de la realidad. La laicidad no es enemiga de la libertad de culto, sino su condición de posibilidad. Es precisamente la separación entre lo público y lo privado lo que permite que cada cual crea o deje de creer sin imposiciones.
El problema no es que el joven francés sea cristiano, sino que utiliza un bien común para manifestar su credo de forma impositiva. Si cada grupo religioso decidiera realizar actos similares, el Aneto se convertiría en un campamento de símbolos en competencia: cruces, crescentes, estrellas de David, estatuas de Buda. El espacio natural perdería su condición de bien común para transformarse en un tablero de ajedrez confesional. Esa es la lógica que la laicidad impide.
La defensa del espacio público laico no es una postura radical, sino conservadora en el mejor sentido: conserva el principio de neutralidad que ha costado siglos de lucha establecer. La historia de Europa está marcada por los horrores cometidos en nombre de la religión de Estado. La paz civil que disfrutamos no es un accidente, sino el resultado de haber confinado la religión a la esfera privada.
Sanción y precedente
Por eso, la petición de sanción al joven francés es no solo legítima, sino necesaria. No se trata de castigar la fe, sino de establecer un límite claro: los espacios públicos no son lugares de proclamación religiosa. La sanción debe ser proporcional, pero debe existir. No se trata de criminalizar, sino de pedagogía cívica: cada ciudadano debe entender que sus derechos terminan donde comienzan los de los demás, y que el espacio común no puede ser monopolizado por ninguna visión del mundo.
La legislación española ya contempla este tipo de situaciones. La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, por ejemplo, permite sancionar actos que alteren la convivencia o utilicen el espacio público sin autorización. Aunque el acto del joven no fuera expresamente previsto, su naturaleza es similar: usurpación de un bien común para fines particulares de carácter ideológico.
Además, hay que considerar el impacto ambiental. Una cruz de 35 kilos no es un objeto que se desmaterializa. Su transporte, instalación y posible abandono generan una huella que va contra la preservación del entorno natural. Los parques naturales tienen normativas estrictas sobre lo que se puede llevar, instalar o dejar en sus instalaciones. Si no podemos clavar un cartel publicitario en la cumbre del Aneto, ¿por qué debería permitirse una cruz?
El privilegio de lo sagrado
Lo que subyace a esta polémica es el persistente privilegio que la religión sigue disfrutando en nuestras sociedades. Mientras que cualquier otra ideología política o filosófica que intentara ocupar el espacio público de forma tan espectacular sería cuestionada sin contemplaciones, la religión sigue amparada en un respeto reverencial que no se cuestiona.
Imaginemos por un momento que un activista político sube una gran hoz y martillo de 35 kilos a la cumbre para celebrar el aniversario de la Revolución Rusa. ¿Sería recibido con la misma benevolencia? ¿No se denunciaría inmediatamente como una provocación ideológica? La diferencia de reacción revela el sesgo: lo religioso sigue siendo tratado como algo intrínsecamente respetable, mientras que otras creencias son consideradas meras opiniones sujetas a crítica.
Ese doble rasero es inaceptable en un Estado aconfesional. La religión es una opción ideológica entre otras, y como tal debe someterse a las mismas reglas. La libertad de culto no incluye la libertad de imponer símbolos en espacios compartidos. El derecho a la expresión religiosa no puede convertirse en un derecho a la ocupación simbólica del territorio común.
Hacia una ciudadanía verdaderamente laica
Este incidente, aparentemente menor, nos enfrenta a una pregunta mayor: ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Una donde cada grupo intenta señalizar el espacio público con sus símbolos, o una donde el espacio común permanece libre para que cada cual lo viva según sus propias convicciones?
La laicidad no es un valor abstracto, sino una práctica cotidiana. Se construye en estos pequeños actos de defensa del espacio común. Permitir que el Aneto se convierta en un escenario religioso, aun sea puntual y espectacular, es erosionar el principio de neutralidad que nos protege a todos.
La respuesta institucional debe ser clara. Las autoridades aragonesas y del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici deben actuar. No para reprimir la fe, sino para proteger el derecho de todos a un espacio natural libre de imposiciones ideológicas. La sanción debe ser proporcional, pero firme en su mensaje: aquí, la montaña es de todos, y nadie puede apropiársela para sus ritos.
Conclusión: la laicidad es el verdadero bien común
El joven francés tiene todo el derecho a creer en su crucificado y a expresar su fe. Tiene derecho a subir montañas, a rezar en sus cumbres y a sentirse más cerca de su dios en la naturaleza. Lo que no tiene derecho es a convertir esa naturaleza en su parroquia particular.
El colectivo laico que denuncia el hecho no es intolerante: es el único actor verdaderamente tolerante en esta historia. Defiende el espacio donde puedan convivir el creyente, el ateo, el agnóstico, el que profesa otra fe. La laicidad no es enemiga de la pluralidad, sino su condición.
La cruz de 35 kilos en el Aneto es un símbolo de una concepción del mundo donde lo religioso sigue reclamando privilegios sobre lo común. Retirarla no es un acto de odio, sino de justicia. Es la afirmación de que nuestras montañas, nuestras calles, nuestras plazas, pertenecen a todos los ciudadanos, no solo a quienes creen tener la verdad revelada.
La verdadera cumbre que debemos conquistar es la de una sociedad donde la libertad de conciencia no sea un eslogan vacío, sino una realidad cotidiana. Y eso pasa por defender, con el mismo esfuerzo con el que ese joven subió su cruz, la laicidad de nuestros espacios comunes. Porque el bien común no necesita de símbolos religiosos para ser sagro: lo es por derecho propio.
Fuente: elDiario.es
