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Nunca habíamos tenido tantos datos sobre el crimen, la reincidencia, la eficacia de las penas o los factores sociales que influyen en la delincuencia. Y, sin embargo, pocas veces se había opinado con tanta rotundidad sobre cómo castigar, cuánto endurecer el sistema penal o qué hacer con quienes delinquen. Esa paradoja —más información disponible, pero también más simplificación en el debate público— está en el centro del nuevo episodio de El Disfraz de Polifemo, en el que converso con Antonio Sanz, criminólogo y autor de Diario de un criminólogo incomprendido.
La charla gira en torno a una pregunta que parece sencilla pero que encierra una gran complejidad: cuando pedimos castigo, qué estamos reclamando exactamente, justicia o venganza. Y detrás de esa cuestión aparecen otras igual de incómodas: por qué el miedo condiciona tanto nuestras opiniones sobre delincuencia, por qué solemos creer que endurecer penas resolverá automáticamente los problemas y cómo los medios de comunicación y la política contribuyen a moldear nuestra percepción de la inseguridad.
Vivimos en una época en la que el crimen no solo se analiza: también se consume. Los casos más mediáticos se convierten en espectáculo, en combustible ideológico y en argumento emocional. No importa tanto lo que dicen las estadísticas como la impresión de amenaza que deja un suceso particularmente brutal o ampliamente difundido. La criminología lleva años mostrando que la percepción de inseguridad no siempre coincide con la inseguridad real, pero eso no impide que la conversación pública se organice, muchas veces, a partir del impacto, la indignación y el miedo.
Ahí entra de lleno uno de los conceptos clave del episodio: el populismo punitivo. Es decir, la tendencia de responsables políticos, comentaristas e incluso ciudadanos a reclamar más dureza penal como respuesta casi automática a cualquier problema relacionado con el delito. Más años de prisión, menos garantías, más excepcionalidad, más castigo. El mensaje funciona porque es simple, intuitivo y emocionalmente satisfactorio: si algo nos asusta o nos indigna, castigarlo con más severidad parece una reacción lógica. El problema es que lo intuitivo no siempre coincide con lo eficaz.
La criminología precisamente incomoda porque introduce matices allí donde el debate público prefiere eslóganes. Pregunta, por ejemplo, para qué sirve una pena. ¿Para retribuir el daño? ¿Para disuadir? ¿Para incapacitar temporalmente? ¿Para reinsertar? ¿Para reparar? En teoría, los sistemas penales modernos combinan varias de estas funciones. En la práctica, sin embargo, el discurso social suele quedarse casi exclusivamente con la dimensión retributiva: quien ha hecho daño debe sufrir un daño proporcional. Esa lógica resulta comprensible desde el punto de vista moral y emocional, pero no basta para construir una política criminal inteligente.
Uno de los grandes malentendidos que atraviesan cualquier discusión sobre delincuencia es pensar que la severidad del castigo guarda una relación directa y automática con la reducción del crimen. Como si aumentar penas fuera una especie de palanca mágica. Sin embargo, la evidencia criminológica lleva tiempo señalando que la certeza de la respuesta penal suele influir más que su dureza, y que muchos delitos no se producen tras un cálculo racional sobre el posible castigo. Factores como la exclusión social, la impulsividad, las adicciones, la desigualdad, la socialización violenta o la falta de oportunidades tienen un peso decisivo que no desaparece porque el Código Penal se vuelva más severo.
Esto no significa, por supuesto, negar la necesidad del castigo ni relativizar el daño causado por los delitos. Significa algo mucho más incómodo: reconocer que castigar más no siempre equivale a proteger mejor, y que a menudo usamos el endurecimiento penal como sustituto simbólico de políticas más complejas, costosas y menos vistosas. Es más fácil prometer “mano dura” que intervenir seriamente sobre las condiciones sociales, educativas, urbanísticas o psicológicas que están detrás de muchos comportamientos delictivos.
En este punto, el papel de los medios resulta central. La forma en que se narran los delitos influye poderosamente en lo que creemos sobre ellos. No solo importa qué casos se cuentan, sino cómo se cuentan, con qué frecuencia, con qué lenguaje y con qué encuadre emocional. Un crimen especialmente violento puede ocupar días de tertulia, portadas y redes sociales, mientras cientos de datos que contextualizan el fenómeno pasan desapercibidos. El resultado no es solo desinformación: es una construcción social del crimen donde ciertos delitos parecen omnipresentes, ciertos perfiles de delincuente se vuelven estereotipos y determinadas respuestas punitivas empiezan a parecer inevitables.
La política, por su parte, rara vez desaprovecha ese clima emocional. La inseguridad es una herramienta electoral potentísima porque apela a una emoción primaria. Prometer orden, control y castigo da réditos inmediatos, incluso si las propuestas carecen de base empírica. Defender enfoques preventivos, restaurativos o rehabilitadores exige más pedagogía y ofrece menos titulares. De ahí que a menudo parezca más rentable parecer implacable que ser eficaz.
Por eso la conversación con Antonio Sanz resulta especialmente valiosa. Porque no se limita a repetir lugares comunes ni a oponer una ingenuidad desarmada a la dureza punitiva. Lo que plantea es algo bastante más serio: la necesidad de pensar el crimen sin dejarnos arrastrar por reflejos emocionales simplistas. Y eso no implica frialdad moral ni indiferencia hacia las víctimas. Implica tomarse en serio la pregunta de qué respuestas funcionan realmente, qué tipo de sociedad construimos al castigar y qué idea de justicia estamos defendiendo.
Hay un momento particularmente sugerente en el episodio cuando aparece la palabra “buenista”, tantas veces usada como descalificación automática. En determinados contextos, defender que la evidencia importa, que la reinserción no es una fantasía, que el castigo tiene límites o que la prevención social puede ser más eficaz que la retórica del puño de hierro parece casi una provocación contracultural. De ahí esa ironía tan acertada: quizá ser “buenista” se ha convertido casi en una posición punk. No porque implique ingenuidad, sino porque desafía una lógica dominante que identifica complejidad con debilidad y humanidad con blandura.
Lo interesante es que esta discusión no pertenece solo a especialistas. Aunque el episodio será especialmente recomendable para estudiantes y personas interesadas en Criminología, Derecho, Sociología, Psicología o Comunicación, en realidad interpela a cualquiera que haya participado alguna vez en una conversación sobre reincidencia, inseguridad, prisión permanente revisable, ocupación, violencia sexual o “mano dura”. Todos tenemos intuiciones sobre el castigo. Todos reaccionamos ante ciertos crímenes con miedo, rabia o deseo de reparación. La cuestión es qué hacemos con esas emociones cuando intentamos convertirlas en política pública o en teoría de la justicia.
En el fondo, la pregunta que da título a este texto no tiene una respuesta cómoda. Probablemente queremos justicia, pero a menudo la imaginamos con la gramática de la venganza. Y quizá ahí radica uno de los mayores retos de la criminología: recordarnos que comprender no es justificar, que explicar no es excusar y que la complejidad no debe ser una coartada para la inacción, sino una condición para responder mejor.
En tiempos de opiniones instantáneas y certezas furiosas, detenerse a pensar el castigo ya es casi un gesto de resistencia intelectual. Este nuevo episodio de El Disfraz de Polifemo va precisamente de eso: de desmontar automatismos, incomodar prejuicios y abrir una conversación más honesta sobre crimen, miedo y justicia.
