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Madrid vuelve a exhibir esa mezcla tan castiza de negocio, espectáculo y poder que tan bien se le da a la derecha cuando gobierna: todo puede convertirse en evento, todo puede ocupar el espacio público, todo puede presentarse como libertad mientras se desliza una agenda ideológica por la puerta de atrás. Esta vez, el reclamo no es una feria inmobiliaria, ni una cumbre de fondos de inversión, ni un congreso de ultraconservadores con pulsera VIP. Es el llamado Festival de la Esperanza, un macroencuentro evangélico anunciado durante semanas en iglesias, redes sociales y autobuses, y que tiene como estrella invitada al conocido como “pastor de Trump”.
La imagen es poderosa: Madrid convertida en escenario de una gran liturgia importada, con estética de concierto, lenguaje emocional y vocación de masas. No estamos ante una simple reunión religiosa de creyentes ejerciendo su derecho a la libertad de culto. Eso, en una democracia, no solo es legítimo, sino incuestionable. El problema aparece cuando esa expresión religiosa se mezcla con la bendición institucional, la promoción indirecta y el silencio complaciente de un gobierno autonómico y municipal que selecciona muy bien qué causas merecen alfombra roja y cuáles reciben porra, burocracia o indiferencia.
El Partido Popular madrileño lleva años presentando la región como una especie de paraíso de la libertad. Pero su idea de libertad es profundamente selectiva. Libertad para abrir negocios a cualquier hora, para bajar impuestos a los de arriba, para externalizar servicios públicos, para levantar macroproyectos urbanísticos y para que determinados discursos religiosos conservadores ocupen el centro del escaparate. En cambio, cuando la libertad la reclaman los sanitarios que denuncian el deterioro de la atención primaria, los profesores que advierten de la desigualdad educativa, los vecinos expulsados por los alquileres o los colectivos feministas y LGTBI, entonces la melodía cambia: ya no hay libertad, sino “ideología”, “ruido”, “sectarismo” o “adoctrinamiento”.
La llegada de un predicador asociado al trumpismo religioso no es un detalle menor. En Estados Unidos, una parte del evangelismo conservador ha funcionado durante años como maquinaria política: moviliza voto, fabrica enemigos culturales y convierte debates sociales complejos en batallas morales absolutas. Su receta es conocida: defensa de la “familia tradicional”, oposición al feminismo, rechazo de los derechos LGTBI, cruzada contra el aborto, retórica victimista frente al laicismo y una idea de nación con barniz religioso. No todos los evangélicos comparten esa agenda, por supuesto. Sería injusto meter a todas las comunidades en el mismo saco. Pero sí existe una corriente internacional muy activa que entiende la fe no solo como vivencia espiritual, sino como proyecto de poder.
Y Madrid parece encantada de prestarse al experimento.
Que un macroevento religioso se anuncie en autobuses y colonice durante semanas el paisaje urbano plantea una pregunta incómoda: ¿qué tipo de neutralidad institucional se está practicando? Si mañana una campaña atea, feminista, musulmana o de defensa de los derechos trans tuviera la misma presencia, ¿recibiría el mismo trato político y mediático? ¿Se hablaría también de libertad, de pluralidad y de convivencia? ¿O se activaría de inmediato el coro habitual de tertulianos, asociaciones ultracatólicas y dirigentes conservadores denunciando una provocación?
El problema no es que haya iglesias evangélicas. El problema es que determinados sectores religiosos, cuando coinciden con la agenda moral de la derecha, parecen encontrar siempre más facilidades para instalarse en el espacio público. Madrid se presenta así como una “corte de los milagros” contemporánea: un lugar donde la precariedad, la soledad y la incertidumbre social son convertidas en materia prima para grandes ceremonias de consuelo. En una ciudad donde miles de personas no pueden pagar un alquiler digno, donde la sanidad pública acumula listas de espera y donde los barrios del sur siguen sufriendo desigualdades estructurales, se ofrece esperanza empaquetada en formato espectáculo. Pero la esperanza sin justicia social corre el riesgo de convertirse en anestesia.
Ahí reside la gran hipocresía. Los mismos gobernantes que recortan, privatizan o deterioran servicios públicos celebran después iniciativas que prometen alivio espiritual a quienes padecen las consecuencias de esas políticas. Primero se debilita la red pública; después se aplaude a quienes reparten consuelo. Primero se abandona a la gente en nombre del mercado; después se invita a mirar al cielo. La caridad, religiosa o no, puede ser valiosa en lo inmediato, pero nunca debería servir como coartada para sustituir derechos. Una sociedad democrática no puede funcionar a base de milagros, conversiones y festivales emocionales. Necesita vivienda, sanidad, educación, salarios dignos y protección social.
El auge de estos eventos también conecta con una ofensiva cultural más amplia. La derecha madrileña ha entendido que la batalla política no se libra solo en parlamentos, sino en símbolos, escenarios y emociones. Por eso Madrid es escaparate permanente: capital de la “libertad”, capital contra el “sanchismo”, capital de la resistencia fiscal, capital de la hostelería sin límites, capital de las grandes banderas. Ahora también aspira a ser capital de una espiritualidad conservadora que encaja demasiado bien con los discursos reaccionarios globales.
El evangelismo político ofrece algo muy útil para ciertos proyectos de poder: una comunidad movilizada, una narrativa de salvación y un enemigo claro. La política democrática, con sus matices, sus negociaciones y sus controles, resulta lenta y frustrante. La política de púlpito, en cambio, simplifica: buenos y malos, fe y decadencia, familia y amenaza, esperanza y caos. Es una gramática perfecta para tiempos de incertidumbre. Y también una herramienta peligrosa cuando se utiliza para erosionar derechos conquistados.
Conviene insistir: la libertad religiosa debe protegerse siempre. Ningún creyente debe ser señalado por profesar su fe. Pero la libertad religiosa no obliga a las instituciones a actuar como promotoras entusiastas de proyectos confesionales, especialmente cuando estos vienen cargados de implicaciones políticas. La neutralidad del Estado no consiste en bendecirlo todo, sino en garantizar que ninguna creencia disfrute de privilegios por su afinidad con el poder.
Madrid merece algo mejor que convertirse en plató de predicadores ultraconservadores, sean católicos, evangélicos o de cualquier credo. Merece instituciones que cuiden lo común, no gobiernos que confundan pluralismo con barra libre para las agendas religiosas más reaccionarias. Merece políticas públicas que produzcan esperanza real, no festivales que la prometan entre focos, pantallas y sermones.
Porque la esperanza, cuando es democrática, no aterriza en avión privado ni se anuncia como un gran espectáculo de salvación. La esperanza se construye en los centros de salud abiertos, en las aulas con recursos, en los barrios habitables, en los alquileres regulados, en los derechos protegidos y en una ciudadanía que no tenga que buscar milagros para sobrevivir.
Madrid no necesita pastores de Trump. Necesita menos púlpito y más justicia social.
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