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Introducción
En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo giro en el relato que ciertos medios de comunicación y dirigentes de la derecha repiten con insistencia: el supuesto problema del «absentismo laboral». Según esta narrativa, España estaría sumida en una epidemia de bajas por enfermedad que estaría lastrando la productividad, sobrecargando las arcas públicas y poniendo en riesgo nuestra competitividad.
Lo curioso —o más bien lo revelador— es cuándo aparece este discurso con tanta fuerza: justo cuando se empieza a hablar de posibles cambios de ciclo político. No es casualidad. Se trata de una vieja táctica: fabricar un enemigo interno para justificar recortes, erosionar derechos laborales y preparar el terreno para medidas que, en nombre de la «eficiencia», acaban siempre pesando sobre las trabajadoras y los trabajadores.
El mensaje es simple y peligroso: si estás enfermo, en lugar de quedarte en casa deberías pensar en el daño que le haces a tu empresa y a la economía. Pero lo que esta historia omite deliberadamente es algo fundamental: que la principal razón por la que hoy hay más personas que pueden permitirse cogerse una baja cuando están enfermas es, precisamente, que tienen empleos más estables que hace una década.
Y eso, para buena parte de la patronal, es un problema. No porque afecte a la productividad, sino porque rompe con la cultura de la disponibilidad absoluta y el miedo que antes mantenía a mucha gente trabajando incluso con fiebre o con procesos médicos graves.
¿Qué significa realmente «absentismo laboral»?
Antes de entrar en el debate, conviene aclarar términos. Llamamos «absentismo laboral» a las ausencias del puesto de trabajo que no están justificadas por vacaciones, permisos retribuidos u otras causas legales. Dentro de esa categoría entran las bajas médicas por enfermedad común, accidente laboral o contingencias profesionales.
Lo primero que salta a la vista es el uso interesado del término: agrupar bajas justificadas por razones de salud junto a ausencias injustificadas es ya una manipulación semántica. Nadie discute que las faltas sin justificar sean un problema que debe abordarse, pero equipararlas con una persona que acude al médico y obtiene una baja por una neumonía o una depresión es profundamente deshonesto.
Además, los datos que se manejan con ligereza suelen estar descontextualizados. Es cierto que en algunos periodos se han incrementado las bajas por enfermedad, pero ese aumento responde a múltiples factores: un mejor acceso y reconocimiento de problemas de salud (especialmente mentales, largamente ignorados), el envejecimiento de plantillas en ciertos sectores, o incluso el efecto de pandemias como la de COVID-19 que dejaron secuelas. También responde, como veremos, a un cambio estructural en el mercado de trabajo.
La estabilidad que cambió las reglas del juego
Durante muchos años, el mercado laboral español estuvo marcado por una precariedad endémica. Los contratos temporales eran la norma en sectores enteros y millones de personas vivían con la espada de Damocles sobre su cabeza: hoy trabajas, mañana quizás no. En ese contexto, cogerse una baja por enfermedad era un acto de valentía —o de imprudencia— que podía costarte el empleo o, al menos, dificultar la renovación de tu contrato.
Esa lógica perversa cambió de manera significativa en la última década. Gracias a reformas laborales que, aunque limitadas e imperfectas, redujeron la temporalidad y favorecieron contratos indefinidos, hoy tenemos una tasa de temporalidad mucho menor que la de hace quince años. El miedo a perder el puesto por una gripe o por una lesión se ha reducido.
Ese es, ni más ni menos, el cambio de fondo: cuando la gente tiene estabilidad, puede ejercer derechos elementales sin poner en riesgo su sustento. Puede cuidar su salud y, con ello, evitar complicaciones mayores que acabarían siendo mucho más costosas para el sistema sanitario y para la propia empresa a medio plazo.
Es decir, lo que la patronal califica de «absentismo» no es otra cosa que el resultado lógico de tener trabajadores con derechos efectivos.
Por qué a la patronal le parece «fatal»
Resulta revelador escuchar las reacciones empresariales ante este fenómeno. En lugar de celebrar que sus plantillas estén más sanas y que se eviten contagios o recaídas, muchas patronales insisten en que hay que «combatir el absentismo». ¿Qué proponen? Habitualmente medidas que van desde endurecer los controles médicos hasta facilitar los despidos por bajas reiteradas, pasando por la externalización de la gestión o la penalización indirecta a quienes se enferman.
Detrás de ese discurso se esconde una visión del trabajo profundamente caduca: la de un empleado como una pieza perfectamente intercambiable y siempre disponible, cuyo valor se mide exclusivamente por su presencia física, no por su productividad real o su bienestar.
También hay un cálculo económico mezquino: para algunas empresas resulta más barato presionar a la plantilla para que trabaje enferma que invertir en condiciones laborales decentes, prevención de riesgos o planes de salud. Pero trasladar ese coste a la salud de las personas es éticamente inaceptable y, a largo plazo, ineficiente.
No es casualidad, además, que este relato se intensifique en sectores donde históricamente se han vulnerado derechos o donde existen convenios precarios. Se trata de reimponer un clima de temor.
El papel de la derecha mediática y política
La derecha española ha sabido leer perfectamente esta oportunidad. Con el apoyo de buena parte de sus medios afines, han convertido el «absentismo» en una palabra comodín que aparece casi a diario: asociado a la supuesta «deriva» del país, a los gastos del sistema público y, por supuesto, a la necesidad de una reforma laboral «más profunda».
El objetivo es doble:
- Desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales: salarios bajos, temporalidad persistente en algunos nichos, falta de inversión en prevención o la precariedad energética que afecta a muchas empresas y hogares.
- Generar opinión pública para que, cuando lleguen al gobierno, puedan presentar medidas restrictivas como «inevitables» y «técnicas». Medidas que probablemente incluirán límites más estrictos a las bajas, mayor control sobre los procesos médicos o incluso facilitar mecanismos para despedir a personas con patologías crónicas.
Es un guion que ya hemos visto antes: crear una alarma social fabricada para justificar recortes de derechos.
Los datos que desmontan la alarma
Si analizamos las cifras con rigor, la supuesta «epidemia» se desvanece. Según fuentes oficiales, el índice de absentismo en España se sitúa en parámetros similares a los de otros países europeos con nuestro nivel de desarrollo. De hecho, en muchos casos por debajo de economías vecinas.
Además, hay que distinguir: una parte importante de las ausencias se deben a accidentes laborales, que deberían llevar a preguntarse por las deficiencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, no a penalizar a quien sufre uno. Otra parte corresponde a enfermedades crónicas o procesos que requieren tiempo de recuperación. Penalizar eso es simplemente cruel.
Por último, conviene recordar que trabajar enfermo (lo que se conoce como «presentismo») tiene un coste enorme: reduce la productividad, aumenta el riesgo de errores y puede provocar contagios masivos, como aprendimos dolorosamente durante la pandemia. Desde el sentido común y desde la salud pública, lo sensato es precisamente lo contrario: facilitar que quien no está en condiciones se quede en casa.
Una alternativa: salud, prevención y derechos
En lugar de demonizar a las trabajadoras y trabajadores, lo que deberíamos hacer es fortalecer las políticas que protegen su salud. Eso significa:
- Invertir de manera decidida en prevención de riesgos laborales, especialmente en sectores de alta siniestralidad.
- Garantizar tiempos de recuperación adecuados y reconocimientos médicos ágiles y justos.
- Mejorar la atención a la salud mental en el ámbito laboral, un problema creciente que durante años se ha minimizado.
- Apostar por modelos organizativos que prioricen la eficiencia real sobre la presencialidad obligatoria cuando no es necesaria.
- Y, sobre todo, consolidar la estabilidad laboral para que ningún empleo dependa de la capacidad de trabajar con fiebre.
Son medidas que benefician a toda la sociedad: personas más sanas, empresas con menor rotación y mayor compromiso, y un sistema sanitario menos sobrecargado por complicaciones evitables.
Conclusión: no confundamos derechos con privilegios
Lo que está en juego es mucho más que una discusión estadística. Es la definición misma del modelo de sociedad que queremos.
Convertir el derecho a la salud y a la recuperación en un síntoma de «vaguería» colectiva es un ataque directo a los derechos laborales y a la dignidad de quienes sostienen con su esfuerzo la economía.
La derecha y la patronal pueden intentar repetir este mantra las veces que quieran, pero la realidad es tozuda: tener empleos estables permite cuidar la salud. Y cuidar la salud no es un lujo, es una necesidad. Pretender lo contrario solo demuestra hasta qué punto algunos están dispuestos a priorizar el beneficio inmediato sobre las personas.
No caigamos en esa trampa. Defender que quien está enfermo debe quedarse en casa no es debilidad, es responsabilidad. Y exigirlo no es atacar a las empresas, es proteger el bien común.
Porque una sociedad que obliga a sus trabajadoras y trabajadores a elegir entre su salud y su sueldo es, sencillamente, una sociedad injusta. Y de eso, precisamente, es de lo que deberíamos hablar.
Generado por bronze
