La investigación interna abierta por la Delegación del Gobierno no escondrá lo que el vídeo ya mostró: un agent de la UIP agredió por la espalda a una docente que simplemente caminaba. El caso pone sobre la mesa preguntas incómodas sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la accountability real de los cuerpos policiales en España.
Hay imágenes que duelen no solo porque muestran violencia, sino porque revelan una asimetría brutal de poder. El vídeo que circuló masivamente en redes sociales —y que la propia Delegación del Gobierno no ha podido ignorar— muestra a una agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) empujando con ambas manos y a plena velocidad a una profesora del IES Honori García de la Vall d’Uixó mientras esta se retiraba de la Avenida Pío XII en Valencia. La docente, que participaba en una movilización educativa junto a miles de compañeros, cayó contra el asfalto con una violencia que le provocó la rotura del tabique nasal y múltiples contusiones. Los partes médicos, ya incorporados a la investigación interna, certifican una lesión que no es el resultado de un forcejeo ni de un choque fortuito: es la consecuencia directa de un impacto propinado contra una persona que tenía la espalda vuelta hacia quien la agredió.
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha abierto una investigación interna exhaustiva a cargo de la Jefatura Superior de Policía. El objetivo, según fuentes oficiales, es identificar formalmente al agente grabado en el vídeo —una identificación que, teniendo en cuenta la nitidez de la imagen y la presencia de numeración identificativa en los cascos de las UIP, debería ser más que sencilla— y dictaminar las sanciones o expedientes disciplinarios correspondientes. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha calificado el hecho de «totalmente incomprensible» y ha confirmado la apertura del expediente. Palabras firmes, sin duda. Pero las palabras, por sí solas, no reparan una nariz rota ni devuelven la confianza a miles de docentes que salieron a defender su derecho a protestar.
Un «totalmente incomprensible» que resulta insuficiente
Resulta cuando menos contradictorio que la máxima representante del Gobierno en la Comunitat Valenciana califique de «totalmente incomprensible» una actuación policial que, para cualquiera que haya seguido de cerca la historia reciente de las protestas sociales en España, resulta terriblemente comprensible en su lógica punitiva. No es comprensible éticamente, claro está, pero sí lo es como patrón recurrente: cada vez que colectivos sociales salen masivamente a la calle —profesores, sanitarios, funcionarios, estudiantes—, la respuesta policial parece seguir un guion que prioriza la contención a cualquier costo, incluyendo el de la integridad física de los manifestantes.
El empujón contra la profesora no fue un error aislado ni un lapsus individual inexplicable. Fue la manifestación tangible de una cultura institucional que, en demasiadas ocasiones, ha tratado a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional de manifestación como enemigos que domar. Decir «incomprensible» y abrir un expediente es, como mínimo, una respuesta que se queda a mitad de camino. Porque lo verdaderamente incomprensible —para usar la palabra de Bernabé— es que, con la claridad del vídeo disponible, la identificación del agente requiera una «investigación exhaustiva» y no una diligencia inmediata.
La versión policial versus la realidad del vídeo
Según los informes oficiales, el empujón se produjo cuando un grupo de manifestantes intentó cortar de forma espontánea el tráfico en la Avenida Pío XII. Esta narrativa, que ha circulado desde fuentes policiales, busca presentar la actuación como una respuesta a una provocación o a una situación de desorden vial. Pero los sindicatos que convocaron la manifestación —y múltiples testigos presentes en el lugar— señalan un dato que el vídeo confirma sin lugar a dudas: la agresión ocurrió por la espalda, cuando la profesora ya se estaba retirando de la calzada.
Este dato es clave, porque desmonta la justificación de la defensa o del mantenimiento del orden público. No había ninguna amenaza inminente que requiriera el uso de la fuerza. No había un enfrentamiento en curso. Había una mujer caminando, alejándose del asfalto, y un agente decidió —consciente y deliberadamente— empujarla con una fuerza desproporcionada que la dejó inconsciente contra el pavimento. En cualquier otro contexto, fuera de una protesta y sin el paraguas de la autoridad policial, ese acto tendría un nombre claro: agresión.
Las palabras no bastan: se exige responsabilidad real
La apertura de un expediente disciplinario es un paso necesario, pero insuficiente si se pretende que la ciudadanía recupere la confianza en la capacidad del Estado para garantizar el derecho de manifestación. Los precedentes no son alentadores. Las investigaciones internas policiales en casos de actuaciones brutales durante protestas tienen una tasa de sanción efectiva escandalosamente baja. En demasiadas ocasiones, los expedientes se archivan, las sanciones son leves —rara vez superan la suspensión de empleo temporal— y los agentes continúan operando en unidades de intervención. La sensación de impunidad se retroalimenta, y cada nueva protesta trae consigo el mismo riesgo de que la fuerza policial se ejerza sin mesura.
Lo que la profesora del IES Honori García y el conjunto de la comunidad educativa valenciana merecen no es solo la identificación del agente, sino una sanción que sea proporcional a la gravedad del acto y que envíe un mensaje claro: que la fuerza policial no es un cheque en blanco para golpear a quien piensa diferente o se atreve a protestar. Merecen también una investigación que vaya más allá del agente concreto y analice las órdenes de mando, la cadena de decisión y las protocolos de actuación que permitieron que una carga policial se desarrollara con un nivel de violencia tal que dejó a una docente con el tabique roto.
La educación también se defiende en la calle
No es casualidad que quienes salieron a protestar fueran profesores. La comunidad educativa lleva años denunciando recortes salariales, precariedad laboral y un deterioro progresivo del sistema público de enseñanza en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España. Cuando los docentes toman las calles es porque las instituciones han fallado previamente: han fallado en el diálogo, en la negociación y en la atención a unas demandas que son, en el fondo, demandas por una educación pública digna. Que la respuesta del Estado a ese clamor sea un empujón en la espalda es, además de una brutalidad física, una metáfora desoladora de la relación entre el poder y la ciudadanía.
La profesora del IES Honori García no estaba lanzando piedras ni incendiando contenedores. Estaba caminando. Y por eso mismo, su caso debería avergonzar a quienes tienen la responsabilidad de proteger el derecho a protestar y no a reprimirlo.
Lo que se juega en este expediente
La investigación abierta por la Jefatura Superior de Policía no es solo un trámite administrativo. Es una prueba de fuego para el sistema. Si las consecuencias para el agente resultan simbólicas o si el caso se diluye en la burocracia disciplinaria, el mensaje que se enviará es que la fuerza policial desproporcionada contra manifestantes pacíficos tiene consecuencias meramente teóricas. Si, por el contrario, la sanción es contundente y transparente, podría sentar un precedente disuasorio real.
Mientras tanto, la profesora continúa recuperándose de sus lesiones. Y miles de compañeros siguen esperando que el derecho a salir a la calle a reivindicar una educación mejor no cueste, literalmente, un hueso roto. Porque una democracia en la que protestar duele demasiado no es una democracia plena. Y un empujón por la espalda, por mucho que se llame «incomprensible», deja al descubierto una grieta que ni los expedientes disciplinarios más exhaustivos podrán sellar si no va acompañado de un cambio real en la forma en que el poder entiende la protesta legítima.
