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Mientras miles de personas intentan regularizar su situación en España, organizaciones y el Defensor del Pueblo denuncian un aumento de identificaciones por perfil étnico y detenciones que vulneran derechos fundamentales. La advertencia es clara: perseguir a quienes están tramitando su permiso es una contradicción política y jurídica.
En mitad del proceso extraordinario de regularización que abrió sus puertas el pasado 16 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, un mensaje se repite con creciente preocupación en los barrios obreros, en las sedes de las organizaciones de migrantes y en las oficinas de asistencia jurídica: no basta con presentar la solicitud para sentirse seguro. Decenas de testimonios recogidos por entidades sociales apuntan a un incremento de controles policiales selectivos, identificaciones por perfil racial y, en algunos casos, detenciones e incluso intentos de expulsión de personas que se encuentran en pleno trámite para obtener su permiso de residencia y trabajo.
La situación ha alcanzado tal gravedad que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha visto obligado a intervenir. Este lunes, la institución que dirige emitió un comunicado público en el que exigía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que «no se proceda a la expulsión de aquellas personas migrantes que estén tramitando su permiso de residencia y trabajo en España a través del proceso de regularización extraordinaria». Asimismo, reclamó expresamente que durante todo el periodo habilitado para presentar solicitudes —entre el 16 de abril y el 30 de junio— se garantice la no devolución ni expulsión de quienes hayan iniciado el procedimiento o manifiesten su intención de acogerse a la misma.
«No se puede criminalizar a quienes están ejerciendo su derecho a regularizarse conforme a la ley», subrayó la institución en un pronunciamiento que, lejos de ser una medida aislada, responde a la avalancha de quejas recibidas en las últimas semanas desde distintos puntos del territorio.
«Nos paran por el color de la piel, no por nada más»
Las denuncias no son nuevas, pero sí han adquirido una virulencia especial coincidiendo con la ventana de regularización. Organizaciones como SOS Racismo, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Andalucía Acoge, CEAR, APDHA o la Coordinadora Obrim Fronteres llevan semanas documentando casos en los que personas en situación administrativa irregular —muchas de ellas ya con la solicitud presentada o en proceso de reunir la documentación— son sometidas a identificaciones policiales basadas exclusivamente en su apariencia física.
«Es un patrón que conocemos bien: te ven con rasgos racializados, te identifican, te piden los papeles y, si no los tienes en regla en ese momento, te trasladan a dependencias policiales. Aunque luego se demuestre que estás tramitando, ya has pasado el calvario», explica una trabajadora social del SJM en el área metropolitana de Barcelona que prefiere no identificarse por temor a represalias. «Lo que estamos viviendo ahora es una auténtica caza. La Policía está a la caza de migrantes», sentencia, reproduciendo la frase que da título a las denuncias recogidas por Infobae y que resume el sentir de muchas comunidades.
Los relatos son estremecedores por su reiteración. En Madrid, varias personas originarias de Senegal, Marruecos o Colombia han denunciado haber sido interceptadas en el transporte público, en mercados populares o simplemente caminando por sus barrios. En Valencia, asociaciones vecinales alertan de redadas selectivas en zonas con alta presencia migrante. En el área de Murcia, conocida por su fuerte sector agrícola, se han documentado identificaciones masivas en puntos de encuentro de jornaleros, incluso durante horas de descanso.
«Yo ya había presentado mi solicitud online. Tenía el resguardo en el móvil. Aun así, me pararon dos veces en una misma semana. En la segunda, el agente me dijo que ‘eso de la regularización no me sirve’ y que me fuera preparando. Solo se calmaron cuando llegó mi abogada», relata Mamadou, un joven senegalés residente en la Comunidad de Madrid desde hace cuatro años. Su caso no es excepcional.
El perfil racial, una práctica prohibida pero persistente
La identificación por perfil étnico o racial está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico español y por múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos. La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) ya fue objeto de críticas por facilitar prácticas discrecionales, pero incluso antes de su reforma parcial, tanto el Tribunal Constitucional como el Defensor del Pueblo habían alertado sobre el uso indebido de criterios raciales en los controles de identidad.
El propio Defensor del Pueblo ha emitido reiteradas recomendaciones en este sentido. En su último informe anual, la institución advertía que las identificaciones policiales siguen estando «marcadamente influenciadas por el origen étnico o nacional de las personas», una realidad que vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.
Estudios académicos y encuestas respaldan estas denuncias. La macroencuesta sobre discriminación realizada por el Ministerio de Igualdad en 2022 ya reflejaba que las personas de origen africano o latinoamericano sufrían tasas muy superiores de controles policiales. Por su parte, investigaciones como las del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) o informes de SOS Racismo constatan que, lejos de disminuir, estas prácticas se han consolidado como un mecanismo de control social selectivo.
Lo que resulta especialmente grave en este momento es la temporalidad: se está produciendo durante un proceso que el propio Gobierno ha impulsado para reducir la irregularidad administrativa. Regularizar no debería implicar exponerse a una mayor persecución, sino todo lo contrario.
Una contradicción política y de mensaje
La puesta en marcha de esta regularización extraordinaria —que responde a compromisos adquiridos y a necesidades estructurales del mercado laboral, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería o el cuidado— ha sido presentada por el Ejecutivo como una vía para la integración y la normalización. Sin embargo, las actuaciones policiales sobre el terreno parecen caminar en sentido opuesto.
«Es profundamente contradictorio que mientras la administración abre una ventana para la regularización, las fuerzas de seguridad actúen como si estuvieran en una operación de deportación masiva», denuncia Helena Maleno, activista de derechos humanos especializada en migraciones. «Se envía un doble mensaje: formalízate, pero nosotros te seguimos buscando. Eso genera desconfianza y, en muchos casos, provoca que personas con derecho a regularizarse no se atrevan a hacerlo por miedo a ser detenidas».
Este temor ya está teniendo efectos prácticos. Desde las organizaciones se alerta de un cierto retraimiento en la presentación de solicitudes por parte de colectivos especialmente vulnerables, como personas en situación de calle, trabajadoras del hogar en régimen de interno o migrantes que han sufrido experiencias traumáticas en fronteras. La amenaza de la expulsión, incluso cuando es jurídicamente improcedente durante el trámite, actúa como elemento disuasorio.
La respuesta institucional y los límites jurídicos
Más allá de la declaración del Defensor del Pueblo, otras instituciones comienzan a mostrar su preocupación. Algunos ayuntamientos gobernados por fuerzas progresistas han reclamado a Delegaciones del Gobierno que se ordene a las unidades policiales la suspensión de controles con motivación racial durante el periodo de regularización. Asimismo, varios grupos parlamentarios han registrado preguntas y solicitudes de comparecencia para que el Ministerio del Interior aclare estas actuaciones.
Sin embargo, desde Interior no se han producido hasta el momento medidas contundentes. Fuentes policiales consultadas, que prefieren el anonimato, argumentan que los controles de identidad se realizan «de forma rutinaria» y conforme a la legalidad vigente, negando de plano la existencia de un sesgo racial sistemático. Esta respuesta, recurrente, choca frontalmente con la evidencia acumulada durante años.
Jurídicamente, la situación es clara: una persona que ha presentado su solicitud de regularización dentro del plazo establecido se encuentra en una situación de expectativa de derechos. Aunque su situación administrativa no esté aún resuelta, la apertura del expediente implica que la administración está valorando su caso y, en aplicación del principio de buena fe y de los criterios de no devolución establecidos en la normativa, no procede su expulsión mientras no recaiga una resolución denegatoria firme.
Llevar a cabo detenciones con fines de expulsión en estos casos no solo puede ser calificada como una actuación arbitraria, sino que podría derivar en responsabilidad patrimonial del Estado e incluso en vulneraciones de derechos fundamentales susceptibles de ser denunciadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa e, incluso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De la impunidad a la rendición de cuentas
Las organizaciones exigen medidas urgentes. Entre ellas, la emisión de una instrucción clara y vinculante por parte del Ministerio del Interior dirigida a todas las comandancias para prohibir expresamente las identificaciones por perfil étnico y para paralizar cualquier procedimiento de expulsión contra personas solicitantes de la regularización. Asimismo, reclaman la creación de mecanismos efectivos de denuncia y seguimiento, así como la formación obligatoria en perspectiva antirracista para el personal policial.
También apuestan por la dotación de recursos a las oficinas de asistencia jurídica y por garantizar que los resguardos de solicitud tengan plena validez probatoria frente a las identificaciones policiales. «Que un papel en el móvil no sea suficiente para evitar un maltrato es una muestra de la desprotección que vivimos», lamenta un abogado que acompaña estos casos.
La gravedad del momento exige, además, una reflexión más profunda sobre el modelo de control migratorio vigente. Porque lo que está ocurriendo no es un fallo puntual, sino la manifestación de una lógica securitaria que convierte la migración en un problema de orden público antes que en una realidad social y laboral.
Mientras miles de personas cumplen con lo que la ley les permite, la respuesta de una parte del aparato policial es la persecución. Esa contradicción no solo es moralmente inaceptable, sino que mina la propia eficacia del proceso de regularización y socava los principios constitucionales de igualdad y dignidad.
La advertencia del Defensor del Pueblo es un primer paso, pero no suficiente. Se necesitan hechos. Porque, como repiten desde los barrios, «no estamos a salvo ni siquiera tramitando». Y en una democracia que se dice comprometida con los derechos humanos, esa frase debería sonar como una alarma ineludible.
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