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La imagen ha perdurado durante décadas, cuidadosamente cultivada por la propaganda del régimen y sorprendentemente asumida por la conciencia colectiva española: Francisco Franco, el austero militar gallego, hombre de misa diaria y costumbres espartanas, ajeno a las tentaciones materiales y entregado en cuerpo y alma al servicio de España. Nada más lejos de la realidad. Cincuenta años después de su muerte en la cama, las investigaciones de historiadores como Ángel Viñas y Paul Preston revelaron un retrato demoledor: el dictador que durante casi cuatro décadas controló los destinos del país fue, también, el arquitecto de una colosal operación de enriquecimiento personal que sentó las bases de un patrimonio familiar que todavía hoy sigue generando controversia.
“Franco se consideraba el Estado, España. Necesitaba dinero y se apropió de él”, sentencia con contundencia Ángel Viñas, cuyo libro La otra cara del caudillo (Crítica, 2015) representa un paso definitivo en el proceso de desmitificación de una figura que el revisionismo nostálgico sigue empeñándose en blanquear. El historiador, reconocido por su minucioso trabajo de archivo, cifra el capital acumulado por el dictador en agosto de 1940 en 34,3 millones de pesetas de la época, el equivalente actual a unos 388 millones de euros. Una fortuna que contrasta brutalmente con la nómina de 2493 pesetas que cobraba como militar en 1935 y que llegó a 50000 como Jefe de Estado. “Todo ganado en cuatro años. No está mal para empezar”, ironiza Viñas con el filo preciso de quien ha buceado en documentos hasta ahora ocultos.
¿Cómo logró el autoproclamado salvador de la patria acumular semejante riqueza mientras media España se hundía en la miseria de la posguerra? La respuesta, escalofriante en su sencillez, la tomó prestada del mismísimo Adolf Hitler. Viñas describe cómo Franco aplicó a su beneficio el Führerprinzip o principio de liderazgo, una concepción totalitaria que convierte la voluntad del dictador en fuente suprema de Derecho. “Usaba ‘leyes reservadas’ y ocultas al Boletín Oficial del Estado, disposiciones secretas que explotó desde los años de la guerra civil hasta 1957”, explica el investigador. Estas normas clandestinas, que solo conocían los privilegiados encargados de ejecutarlas, constituyeron el perfecto instrumento jurídico para la rapiña organizada.
El botín de guerra fue el primer gran manantial de ingresos. Desde octubre de 1936, apenas tres meses después del golpe militar contra la legalidad republicana, Franco ya había aprendido a filtrar hacia sus cuentas personales parte de las donaciones económicas destinadas a la llamada “causa nacional”. Miles de españoles contribuían con alhajas, dinero y propiedades al esfuerzo bélico de los sublevados, convencidos de que su sacrificio financiaba la Cruzada de Liberación. Ignoraban que una porción significativa de aquella generosidad patriótica acababa directamente en los bolsillos del generalísimo. Las “mordidas”, como las denomina Viñas, inauguraron lo que se convertiría en una sofisticada y corrupta estructura de apropiación de fondos públicos y donativos privados.
El episodio más grotesco de aquella maquinaria de expolio tuvo como protagonista al café. Al finalizar la guerra civil, en un gesto de simpatía ideológica hacia el nuevo régimen, el dictador brasileño Getúlio Vargas —otro exponente del fascismo tropical— envió a España un cargamento de 600 toneladas de café. El regalo estaba destinado oficialmente al Estado español, un presente diplomático para un país devastado por tres años de contienda. Sin embargo, Franco tenía otros planes: transfirió el cargamento a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y “cobró por adelantado su importe”, 7,5 millones de pesetas que equivaldrían hoy a aproximadamente 85,6 millones de euros. El truco era tan simple como obsceno: el dictador vendió al Estado aquello que había sido donado al Estado.
Paul Preston, el gran hispanista británico que ha dedicado su vida académica a desenterrar los crímenes y miserias del franquismo, amplía el catálogo de corruptelas. “Ha perdurado la convicción de que Franco era un hombre honesto y austero”, lamenta en declaraciones a eldiario.es. La realidad documentada demuestra lo contrario. El dictador y su esposa, Carmen Polo, recibían “regalos de varios tipos, desde medallas de oro a fincas y hasta automóviles de lujo”. Estos obsequios, lejos de ser meras atenciones protocolarias, constituían la punta de un iceberg colosal cuyo origen se remonta, según Preston, “a su acceso particular a las suscripciones que se hicieron para sufragar el coste del esfuerzo bélico de los rebeldes militares”. La pareja institucionalizó un sistema de saqueo disfrazado de agradecimiento que operó durante toda la dictadura.
La voracidad recaudatoria de los Franco no conocía límites. A las suscripciones patrióticas se sumaron los negocios turbios con el estraperlo, el control de importaciones y exportaciones, y las comisiones ilegales pagadas por empresarios que aspiraban a prosperar bajo el proteccionismo nacional-católico. El patrimonio incluía el famoso Pazo de Meirás, regalado en 1938 mediante una suscripción forzosa entre los gallegos —“donación voluntaria” la llamó la propaganda—, el palacio de Cornide en A Coruña, adquirido mediante argucias legales, y una extensa red de propiedades y cuentas bancarias que convertirían a la familia Franco en una de las grandes fortunas inmobiliarias de España, mantenida en la más absoluta opacidad hasta bien entrada la democracia.
El verdadero significado político de esta corrupción fundacional trasciende la anécdota biográfica. Revela la esencia patrimonialista de un régimen que nunca distinguió entre los intereses del Estado y los del clan gobernante. Cuando Franco firmaba una ley secreta para desviar fondos públicos hacia sus cuentas corrientes, no cometía un acto de corrupción en el sentido contemporáneo del término: estaba ejerciendo su concepción del poder, aquella que identificaba su voluntad con la ley, su persona con la nación y su fortuna privada con el patrimonio nacional. La dictadura fue, desde sus cimientos, una empresa familiar con apariencia de Estado.
Años después de aquellos 34 millones de pesetas acumulados en plena posguerra, la familia Franco sigue blindando sus privilegios. Mientras los tribunales obligan a devolver el Pazo de Meirás al patrimonio público tras acreditar la irregularidad de su adquisición, los herederos del dictador continúan litigando para conservar lo que consideran legítimo legado familiar. La fortuna amasada mediante leyes secretas, donativos patrióticos desviados y cargamentos de café vendidos a su propio gobierno ha generado réditos durante generaciones. La transición democrática, tan celebrada por modélica, nunca se atrevió a investigar el origen de aquellas cuentas corrientes. El pacto de silencio que amortajó el franquismo político dejó intacto el franquismo económico.
Frente a la leyenda del militar austero que murió sin otro patrimonio que su sueldo, la historiografía más rigurosa opone hoy datos incontestables. La honestidad de Franco es un mito tan falso como el de la paz que su régimen decía haber traído. Lo que trajo fue represión, miseria generalizada y, para unos pocos, la oportunidad de enriquecerse sin control. Él fue el primero en aprovecharla. El Caudillo invicto, el centinela de Occidente, el hombre providencial: un vulgar ladrón de Estado que utilizó la guerra, el hambre y el terror como palancas para construir el mayor botín personal de la historia contemporánea española.
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