|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
España es, junto a Italia y Portugal, uno de los países europeos donde la Iglesia Católica conserva mayor influencia institucional, económica y simbólica. Un poder secular que se sostiene sobre un patrimonio incalculable, exenciones fiscales históricas y una presencia social que, pese al avance del laicismo, sigue marcando la vida pública del país. Pero, ¿es compatible este modelo con una democracia plena y equitativa?
Un patrimonio que desafía toda estimación
Hablar del patrimonio de la Iglesia Católica en España es adentrarse en cifras que escapan a cualquier censo oficial completo. Según diversas estimaciones recogidas por medios como El Diario, Público y el propio portal Nueva Revolución, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y sus entidades vinculadas gestionan un patrimonio inmobiliario valorado en más de 6.000 millones de euros, aunque fuentes independientes elevan la cifra considerablemente si se incluyen fincas rústicas, obras de arte, participaciones empresariales y activos financieros.
La Iglesia es, con diferencia, la mayor propietaria inmobiliaria de España. Posee más de 40.000 inmuebles entre templos, palacios episcopales, residencias, escuelas y terrenos agrícolas. Solo en la diócesis de Madrid, su patrimonio supera los 1.500 millones de euros. A esto hay que sumar colecciones artísticas de valor incalculable: catedrales como la de Toledo o Santiago de Compostela, monasterios como El Escorial o Poblet, y miles de obras depositadas en museos diocesanos que rara vez se exhiben.
Como señala el historiador Juan José Tamayo en sus múltiples análisis sobre la relación Iglesia-Estado, «la Iglesia española acumuló su riqueza no solo por donaciones piadosas, sino por desamortizaciones fallidas, herencias forzosas y, sobre todo, por siglos de privilegios fiscales que le permitieron retener lo que otros tuvieron que vender».
Privilegios fiscales: una anomalía europea
El pilar económico del poder eclesiástico ha sido, históricamente, su régimen fiscal privilegiado. La Iglesia Católica en España goza de exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en el Impuesto de Sociedades para actividades no mercantiles, y en el IRPF para sus clérigos, que tributan a través de un sistema propio acordado con Hacienda.
Hasta 2023, la Iglesia no pagaba IBI por sus inmuebles de culto ni por sus sedes institucionales, una exención que le suponía un ahorro anual estimado en cientos de millones de euros. Solo en Madrid, según cálculos del Ayuntamiento, la exención del IBI eclesiástico representaba una pérdida recaudatoria superior a los 100 millones anuales.
La llamada «Ley de Mecenazgo» aprobada en 2023 modificó parcialmente este escenario, obligando a la Iglesia a pagar IBI por inmuebles que generen actividad económica (tiendas, aparcamientos, alquileres). Sin embargo, como denuncian organizaciones laicistas como Europa Laica o Laicismo.org, la reforma fue cosmética: el grueso del patrimonio sigue exento y la Iglesia mantiene su capacidad de recibir donaciones con deducciones fiscales del 80% para empresas y del 35% para particulares, un mecanismo que en la práctica supone una subvención encubierta del Estado.
En comparación, países como Francia, Alemania o incluso Portugal —históricamente católicos— avanzaron hace décadas hacia regímenes de financiación transparentes basados en un impuesto eclesiástico voluntario o en acuerdos bilaterales que, al menos en teoría, someten a la Iglesia a criterios de equidad.
La sombra del Concordato y la Transición
Para entender por qué España mantiene este modelo hay que remontarse al Concordato de 1853 con la Santa Sede, reforzado durante la dictadura franquista y parcialmente revisado en 1979 tras la Transición. Fue precisamente en la negociación de los Pactos de la Moncloa donde la Iglesia logró blindar sus privilegios a cambio de aceptar la democracia.
El politólogo José María Maravall y el jurista Santos Juliá han documentado cómo la Transición española se construyó sobre un pacto implícito: la Iglesia renunciaba a la política activa a cambio de mantener su posición privilegiada en educación, sanidad, Ejército y vida social. Ese pacto, sostienen desde Nueva Revolución y otras voces críticas, «nunca se sometió a debate democrático real y sigue vigente cuarenta y cinco años después».
La presencia de la Iglesia en la educación concertada es otro capítulo clave. Más de 1,5 millones de alumnos estudian en centros católicos financiados con fondos públicos, lo que supone una transferencia anual de aproximadamente 5.000 millones de euros. Críticos como el profesor Francisco del Pozo (Universidad de Valladolid) señalan que este modelo perpetúa la desigualdad: las familias con mayor poder adquisitivo eligen la privada, mientras la pública queda desfinanciada, y la Iglesia recibe dinero del Estado para adoctrinar.
¿Hacia dónde va España?
Los datos del CIS y del Eurobarómetro reflejan una paradoja: más del 70% de los españoles se declara católico, pero apenas un 15% asiste a misa semanalmente. La sociedad española es, en la práctica, profundamente laica en sus costumbres, pero institucionalmente confesional en sus estructuras.
Movimientos como España Laica, la plataforma Recuperando (que exige la devolución de bienes desamortizados) y partidos como Podemos o Sumar han impulsado propuestas de reforma, pero chocan con la inercia de un sistema donde la Iglesia sigue nombrando capellanes en hospitales, hospitales militares y prisiones, y donde sus obispos tienen escaño y voz en comisiones parlamentarias.
El poder de la Iglesia Católica en España no es solo un residuo histórico. Es un sistema vivo, rentable y profundamente arraigado que plantea una pregunta incómoda para cualquier democracia que se precie de justa: ¿es legítimo que una institución religiosa acumule más patrimonio que las mayores empresas del país, pague menos impuestos que un autónomo y condicione la educación de millones de niños, todo ello con la bendición del Estado?
La respuesta, cada vez más ciudadanos la dan en las urnas y en las encuestas. Pero el poder, como bien sabe la Iglesia, prefiere los privilegios a las reformas.
Generado por ernie 5.1 preview
