|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La paradoja de una sanidad que adelgaza en médicos y engorda en sotanas
En medio de una de las crisis más profundas que ha vivido el Servicio Andaluz de Salud (SAS) —con listas de espera desbordadas, plantillas exhaustas, urgencias colapsadas y el reciente escándalo de los cribados fallidos de cáncer de mama que ha sacudido a miles de mujeres andaluzas—, el gobierno de Juanma Moreno ha encontrado una forma cuanto menos pintoresca de «reforzar» el sistema sanitario público: contratar a 117 capellanes católicos para atender espiritualmente a los pacientes ingresados en hospitales públicos. Sí, ha leído bien: ciento diecisiete capellanes, pagados con dinero de todos los andaluces, creyentes o no, católicos o no.
La noticia, que en otro contexto podría haberse despachado como una anécdota curiosa, resulta especialmente sangrante cuando se contrasta con la realidad cotidiana de la sanidad andaluza. Mientras los profesionales sanitarios denuncian falta de personal, contratos precarios encadenados, sustituciones que no se cubren y servicios al borde del colapso, la Junta de Andalucía considera prioritario engrosar la nómina pública con un cuerpo de capellanes que, según los acuerdos firmados, percibirán retribuciones equivalentes a las de un técnico especialista, con sus correspondientes pagas extras, trienios y cotizaciones a la Seguridad Social.
Un acuerdo a la medida de la Conferencia Episcopal
La medida tiene su origen en el desarrollo del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 —aquel concordato heredado de la Transición que sigue otorgando privilegios fiscales, educativos y ahora también sanitarios a la Iglesia católica—, y en convenios posteriores que regulan la asistencia religiosa católica en los hospitales públicos. Pero conviene recordar algo fundamental: ningún tratado obliga a que estos capellanes sean personal laboral del SAS, ni que sus sueldos salgan de las arcas públicas destinadas a la sanidad. Otras comunidades han optado por modelos menos onerosos para el erario, e incluso la propia Andalucía mantenía hasta ahora una situación más contenida.
Lo que ha hecho el PP andaluz, con la connivencia silenciosa de Vox cuando le ha convenido y la oposición tibia de buena parte del arco parlamentario, es blindar y ampliar este cuerpo eclesiástico dentro de la estructura sanitaria pública, transformando lo que debería ser, como mucho, un servicio voluntario y financiado por la propia Iglesia, en una categoría profesional reconocida y remunerada con fondos públicos.
¿Cuánto cuesta rezar en un hospital andaluz?
Las cifras hablan por sí solas. Si calculamos un coste medio por capellán —entre salario, cotizaciones y complementos— que ronda los 30.000 o 35.000 euros anuales, la factura total para los contribuyentes andaluces se sitúa en torno a los cuatro millones de euros al año. Cuatro millones de euros que podrían traducirse, por ejemplo, en cerca de un centenar de enfermeras adicionales, en decenas de médicos de familia, en miles de pruebas diagnósticas que hoy se demoran meses, o en la modernización de unidades de oncología sobrecargadas.
Es difícil no recordar que, hace apenas unas semanas, las mujeres andaluzas afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama denunciaban que el SAS no tenía recursos para realizar las pruebas complementarias en plazos razonables. La consejera Rocío Hernández tuvo que dimitir tras el escándalo, y el propio Moreno se vio obligado a pedir perdón. Pero, mientras tanto, había presupuesto para 117 capellanes.
El laicismo, gran ausente
España es, según el artículo 16 de la Constitución, un Estado aconfesional. Ninguna religión tiene carácter estatal y los poderes públicos solo deben mantener «relaciones de cooperación» con las confesiones, atendiendo a las creencias religiosas de la sociedad. Pero una cosa es garantizar que un paciente que lo solicite pueda recibir asistencia espiritual —algo perfectamente compatible con permitir el acceso de ministros de cualquier culto al hospital— y otra muy distinta es convertir a los sacerdotes en funcionarios sanitarios pagados por todos.
¿Se ha contratado también a 117 imanes, a 117 rabinos, a 117 pastores evangélicos, a 117 representantes de la asistencia humanista para los no creyentes, que en Andalucía superan ya el 30 % de la población según el CIS? Por supuesto que no. El privilegio es exclusivamente católico, lo que vulnera el principio de igualdad y la propia neutralidad religiosa del Estado que la Constitución exige.
Europa Laica, asociaciones de profesionales sanitarios y diversos colectivos cívicos llevan años denunciando esta anomalía, sin que ningún gobierno —ni del PP ni del PSOE, todo hay que decirlo— haya tenido la valentía de derogar los acuerdos preconstitucionales con la Santa Sede. Pero el caso andaluz lleva la cuestión al paroxismo: en plena crisis sanitaria, ampliar el cuerpo de capellanes es una declaración política inequívoca.
La Iglesia, siempre acomodada al poder
La jerarquía católica andaluza, lejos de mostrar pudor por aceptar este maná en un contexto de penuria sanitaria, ha celebrado la medida. La Iglesia, que en sus documentos oficiales habla con frecuencia de los pobres, de la dignidad de los enfermos y de la opción preferencial por los desfavorecidos, no ha hecho el menor gesto de renuncia, ni siquiera simbólico. Bien podría haber propuesto que los capellanes fueran sufragados por la propia diócesis —que para eso recibe ya cientos de millones vía IRPF, exenciones del IBI y conciertos educativos—, pero ha preferido, una vez más, que pague el contribuyente.
Es la misma Iglesia que mantiene un patrimonio inmatriculado de miles de inmuebles obtenidos gracias a la reforma de Aznar en 1998, la que sigue sin tributar como cualquier otra entidad, la que cobra por bodas, comuniones y entierros, y la que ahora suma a su nómina pública 117 nuevos funcionarios celestiales.
Una cuestión de prioridades
Más allá del debate ideológico sobre el laicismo —legítimo y necesario—, lo que el caso de los 117 capellanes pone sobre la mesa es una cuestión elemental de prioridades políticas. Un gobierno que durante años ha repetido el mantra de que «no hay dinero» para reforzar la atención primaria, para mejorar las condiciones del personal sanitario o para reducir las listas de espera, encuentra de pronto recursos, plazas y voluntad administrativa para multiplicar un cuerpo de asistencia religiosa católica.
No se trata de prohibir que nadie rece en un hospital, ni de impedir que un paciente reciba el consuelo espiritual que desee. Se trata de decidir, como sociedad democrática y plural del siglo XXI, si el dinero público de la sanidad debe pagar batas blancas o sotanas negras. Y la respuesta, en una Andalucía con miles de enfermos esperando, debería ser obvia.
Generado por claude opus 4 7 thinking
