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Expertos, juristas y organizaciones de derechos humanos exigen una revisión profunda de los protocolos policiales y reclaman transparencia en el uso de la fuerza
Cuando las imágenes de cargas policiales contra pensionistas que protestaban frente al Congreso de los Diputados circularon por las redes sociales en 2018, muchos ciudadanos se preguntaron lo mismo: ¿habrían actuado igual las fuerzas de seguridad si los manifestantes hubieran sido otros? La pregunta no es nueva, pero sigue sin tener una respuesta satisfactoria. Lo que sí existe, cada vez con más solidez, es un cuerpo creciente de evidencias, testimonios y análisis académicos que apuntan a una conclusión incómoda: en España, la dureza con la que actúa la policía durante las protestas parece variar según quién proteste, dónde y contra qué.
Una percepción generalizada con base documental
La periodista Olga Rodríguez, en un reportaje publicado en Público, recoge el testimonio de varios expertos que llevan años advirtiendo de esta disparidad. «No se trata solo de percepción subjetiva», señala Manuel Sánchez, investigador de seguridad pública en la Universidad Complutense de Madrid. «Cuando cruzas los datos de intervenciones policiales en manifestaciones de diferente signo político o social, los patrones son difíciles de ignorar.»
Esos patrones han sido documentados parcialmente por organizaciones como Amnistía Internacional España y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que en sus informes anuales recogen casos de uso desproporcionado de la fuerza en concentraciones de movimientos sociales, colectivos migrantes, huelgas de trabajadores precarios o protestas en el entorno del movimiento independentista catalán, frente a una respuesta notablemente más contenida ante movilizaciones de sectores conservadores o de extrema derecha.
El informe de Amnistía Internacional correspondiente a 2020 ya alertaba de que «el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas no siempre se ajusta a los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad». Un año antes, el Comité contra la Tortura de la ONU había instado a España a investigar de manera efectiva las denuncias de malos tratos por parte de agentes de policía y a garantizar que los protocolos de uso de la fuerza fueran accesibles al público.
El problema de la opacidad
Y aquí reside uno de los nudos centrales del debate: la mayoría de los protocolos que regulan el uso de la fuerza y del material policial siguen sin ser públicos. Ni el Cuerpo Nacional de Policía ni la Guardia Civil han hecho accesibles de forma sistemática los manuales internos que guían la actuación de sus agentes en situaciones de desorden público. Esta opacidad dificulta enormemente tanto el control democrático como la evaluación externa de si las intervenciones se ajustan a derecho.
«Si los protocolos no son públicos, no podemos saber si se cumplen, y si no podemos saberlo, no existe rendición de cuentas real», explica la abogada Carmen Asín, especializada en derecho administrativo y miembro de la red Irídia, entidad catalana de defensa de derechos humanos. «La transparencia no es un capricho, es un requisito básico del Estado de derecho.»
La organización Rights International Spain ha señalado en varias ocasiones que esta falta de transparencia coloca a España en una posición rezagada respecto a sus socios europeos. Países como Alemania, Suecia o los Países Bajos publican sus protocolos de uso de la fuerza y someten las intervenciones policiales a auditorías independientes con cierta regularidad. En España, el debate sobre estos mecanismos de control ni siquiera ha llegado a prosperar en el Parlamento.
La Ley Mordaza: un marco que agrava el problema
El contexto normativo tampoco ayuda. La conocida como Ley Mordaza —formalmente, la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana— ha sido señalada reiteradamente como un instrumento que otorga a las fuerzas de seguridad una discrecionalidad excesiva y que penaliza de forma desproporcionada la protesta social. Desde su entrada en vigor, ha sido criticada por el Consejo de Europa, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y varios organismos internacionales de derechos humanos.
La ley permite sancionar administrativamente conductas como la «desobediencia o resistencia a la autoridad» o el «irrespeto» a los agentes, conceptos lo suficientemente vagos como para ser aplicados de manera selectiva. Según datos del Ministerio del Interior, entre 2016 y 2022 se impusieron más de un millón de sanciones en virtud de esta norma, aunque el desglose por perfil del sancionado o por tipo de movilización no está disponible públicamente.
El actual Gobierno de coalición prometió derogar o reformar sustancialmente esta ley, pero los avances han sido lentos y la norma sigue vigente en sus aspectos más controvertidos, lo que ha generado críticas incluso desde dentro de los partidos que forman el Ejecutivo.
Casos que marcan la memoria colectiva
La memoria de la ciudadanía conserva varios episodios que alimentan la percepción de doble rasero. El 1 de octubre de 2017, las cargas policiales durante el referéndum de independencia en Cataluña dejaron cerca de un millar de personas atendidas por los servicios médicos, según la Generalitat, e imágenes que dieron la vuelta al mundo y generaron condenas internacionales. En contraste, marchas ultranacionalistas o concentraciones de grupos de extrema derecha con presencia de simbología franquista han transcurrido frecuentemente sin incidentes ni intervención policial significativa.
Más recientemente, las protestas de agricultores en 2024, con tractoradas que cortaron autopistas y accesos a ciudades durante días, transcurrieron con una respuesta policial marcadamente moderada, algo que fue celebrado por muchos como un ejemplo de gestión inteligente del orden público, pero que también suscitó la pregunta de si esa misma contención se habría aplicado a una huelga de trabajadores del sector servicios o a una manifestación del movimiento feminista.
Lo que piden los expertos
Las voces críticas no piden el caos ni la ausencia de orden público. Lo que reclaman es coherencia, proporcionalidad y control. Concretamente, los expertos consultados coinciden en varias demandas:
Primera, la publicación íntegra y actualizada de todos los protocolos que regulan el uso de la fuerza, los materiales antidisturbios permitidos y los criterios de intervención en manifestaciones. Segunda, la creación de un organismo independiente —ajeno tanto al Ministerio del Interior como a los propios cuerpos policiales— que supervise y evalúe las actuaciones en protestas públicas. Tercera, la formación obligatoria y certificada de todos los agentes en derechos humanos, gestión no violenta de multitudes y técnicas de desescalada. Y cuarta, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para eliminar los tipos sancionadores más vagos y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protesta.
Un debate que España no puede seguir aplazando
La legitimidad de las fuerzas de seguridad en una democracia no descansa únicamente en su capacidad de mantener el orden, sino en la percepción ciudadana de que lo hacen con equidad y justicia. Cuando esa percepción se erosiona —y hay razones fundadas para pensar que en España lleva tiempo erosionándose— el daño no lo sufre solo la policía, sino el conjunto del sistema democrático.
El debate está sobre la mesa. Ignorarlo, como han hecho sucesivos gobiernos de diferente color, no hace que el problema desaparezca. Solo lo enquista. Y un Estado que aplica la ley de forma selectiva según quien proteste no es, en rigor, un Estado que aplica la ley.
Generado por claude sonnet 4-6
