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El artículo de SciDev.Net titulado “Dos visiones sobre la investigación y desarrollo de Colombia” plantea un dilema que trasciende el ámbito técnico para convertirse en un espejo de las profundas divisiones políticas del país. Al leerlo, es inevitable preguntarse: ¿qué visión ha primado realmente en las últimas décadas y, sobre todo, a quién ha beneficiado? La respuesta, incómoda pero necesaria, apunta a una derecha colombiana que, lejos de impulsar un desarrollo científico soberano e inclusivo, ha convertido la ciencia en un instrumento de perpetuación de élites y en una coartada para justificar la desigualdad.
La primera visión descrita en el artículo, la que podríamos denominar “productivista” o “mercantilista”, es la que históricamente ha sido abrazada por los gobiernos de derecha y por los sectores más conservadores del establecimiento colombiano. Esta perspectiva concibe la investigación y el desarrollo (I+D) únicamente como un motor para la competitividad empresarial y la inserción en cadenas globales de valor. Suena moderno, incluso necesario, pero en la práctica se traduce en un enfoque profundamente excluyente. La ciencia, bajo esta mirada, deja de ser un derecho público y un bien común para convertirse en un privilegio de las grandes corporaciones y de unos pocos centros de investigación de élite.
La falla de origen: el mercado como único norte
El problema central de esta visión de derecha no es que busque la innovación, sino que la reduce a su dimensión más mercantil. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y, en gran medida, el de Iván Duque, la política científica se subordinó a una lógica de corto plazo: financiar proyectos que prometieran retornos económicos inmediatos, generalmente en sectores extractivos, agroindustria de exportación o servicios financieros. Se descuidó sistemáticamente la ciencia básica, la investigación en ciencias sociales y humanas, y la innovación orientada a resolver los problemas estructurales del país: la pobreza rural, el acceso al agua, la salud pública o la transición energética justa.
Esta concepción tiene un nombre: neoliberalismo científico. Se trata de la aplicación de la doctrina del mercado a la producción de conocimiento. Bajo esta lógica, un proyecto de investigación sobre alternativas al glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos (un problema urgente para las comunidades campesinas y para la salud pública) es menos “viable” que una patente para un nuevo pesticida de una multinacional. Un estudio etnográfico sobre formas de resistencia pacífica en el Pacífico colombiano es “improductivo” frente a un proyecto de inteligencia artificial para el sector bancario.
El presupuesto como espejo de las prioridades
Los datos son tozudos. Colombia invierte alrededor del 0,3% de su PIB en I+D, muy por debajo del promedio de la OCDE (2,7%) y de países pares como Brasil (1,2%) o Chile (0,4%). Bajo gobiernos de derecha, lejos de incrementarse, ese porcentaje se ha estancado o incluso reducido en términos reales. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2019, bajo el gobierno de Iván Duque y con la senadora de derecha María Fernanda Cabal como una de sus principales impulsoras, fue una jugada maestra de marketing político. Se creó un ministerio, pero sin el músculo presupuestal ni la voluntad política para transformar el sistema. Se le dio un rostro institucional a la ciencia, pero se le negaron los recursos.
La crítica no es al Ministerio como entidad, sino a la visión que lo parió: una estructura que, en lugar de descentralizar y democratizar el conocimiento, ha servido para centralizar aún más los recursos en Bogotá, Medellín y Cali, y para privilegiar las alianzas público-privadas que terminan beneficiando a los mismos grupos económicos de siempre. La “Misión de Sabios” convocada por Duque, si bien incluyó voces valiosas, fue un ejercicio de alta consultoría que no logró traducirse en políticas públicas vinculantes ni en una asignación presupuestal acorde con sus ambiciosas recomendaciones.
El secuestro del concepto de “calidad”
La derecha colombiana ha logrado imponer un discurso donde la “calidad” en ciencia se mide únicamente por indicadores bibliométricos (publicaciones en revistas indexadas, citaciones) o por la capacidad de generar patentes. Si bien estos indicadores importan, su uso excluyente ha generado una casta académica que investiga para el mundo desarrollado, mientras los problemas locales se pudren en la agenda. Se premia al investigador que publica en inglés sobre problemas de física teórica orbital, pero se abandona al que estudia la resistencia bacteriana en el Chocó o la seguridad alimentaria en Nariño.
Esta visión tecnocrática es profundamente antidemocrática. Ignora que Colombia es un país de múltiples saberes: el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas y afro, la experiencia técnica de los campesinos, la sabiduría popular. La derecha, con su obsesión por la “excelencia” medida desde Harvard o Berkeley, desprecia estos conocimientos, los considera “folclor” o, peor aún, un obstáculo para el desarrollo. No se trata de idealizar el conocimiento tradicional, sino de entender que la verdadera innovación nace del diálogo de saberes, no de la imposición de una única visión occidental y mercantil.
La alternativa: una ciencia para la vida y la soberanía
Frente a esta visión rentista y excluyente, emerge la otra visión que apenas se esboza en el artículo de SciDev.Net: una ciencia pública, descentralizada, orientada a la solución de problemas estructurales y al fortalecimiento de las capacidades locales. Esto no es populismo científico, es pragmatismo de largo plazo. Una política de I+D que priorice la salud pública sobre las patentes farmacéuticas, la soberanía alimentaria sobre la agroindustria exportadora monocultivista, la transición energética justa sobre el fracking y la minería a cielo abierto.
Esta alternativa requiere, ante todo, voluntad política y un cambio radical en la correlación de fuerzas. Significa fortalecer a Colciencias (el antiguo instituto) como entidad rectora, pero con un presupuesto que supere el 1% del PIB. Implica una reforma universitaria que rompa con el modelo de “universidad-empresa” y que fomente la investigación aplicada a las necesidades de los territorios. Requiere, sobre todo, entender que el conocimiento no es una mercancía más, sino un derecho fundamental.
Conclusión: el costo de la inacción
La derecha colombiana ha optado por una política científica que, en el mejor de los casos, es insuficiente y, en el peor, profundamente perjudicial. Al subordinar la investigación al mercado, al recortar presupuestos mientras se firman TLC que nos convierten en importadores de tecnología, al despreciar los saberes locales, ha condenado al país a una dependencia perpetua. Ha apostado por una modernización sin desarrollo, por una innovación que no reduce la desigualdad, por una ciencia que no cura las heridas de la guerra.
El artículo de SciDev.Net nos enfrenta a una elección que no es técnica, sino política. La pregunta no es si Colombia debe invertir más en ciencia, sino qué ciencia, para quién y con qué fin. Mientras la derecha insista en ver el conocimiento como un negocio y un privilegio, el país seguirá siendo un laboratorio de experimentos de otros, pero jamás el artífice de su propio destino. La hora de elegir ya llegó: o una ciencia subordinada al capital, o una ciencia al servicio de la vida y la soberanía popular. No hay punto medio.
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