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Si Colombia consolida antes del 20 de junio su protocolo de erradicación basado en el diálogo intercultural, la región latinoamericana estaría a punto de convertirse en la primera del mundo en eliminar la mutilación genital femenina (MGF) en todos sus subgrupos poblacionales. El esfuerzo final se concentra en las comunidades emberá, donde esta práctica milenaria resiste como último bastión de una tradición en transformación.
El próximo 20 de junio marca una fecha simbólica para los derechos humanos en el continente. Colombia, país que alberga la mayor concentración de pueblos indígenas con prácticas tradicionales de «corte ritual» femenino, presentará ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el informe final de validación de su estrategia de sustitución cultural. Si los datos confirman la tendencia observada durante los últimos dieciocho meses —una reducción del 98% en nuevos casos reportados en territorios emberá— América Latina cerrará un capítulo que, durante décadas, pareció invisible en las agendas de salud pública.
Una herencia silenciada
La mutilación genital femenina en América Latina distingue por su especificidad. A diferencia del contexto africano, donde la práctica afecta a múltiples etnias y países, en el continente americano se concentra casi exclusivamente en el pueblo emberá, asentado entre los departamentos colombianos de Chocó, Risaralda, Caldas y Antioquia, así como en zonas limítrofes de Panamá. Antropólogos de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes han documentado que esta costumbre, conocida tradicionalmente como «curación» o «corte de la flor», se remonta al menos a tres siglos, aunque sus orígenes exactos permanecen difusos entre la oralidad del pueblo.
«La práctica no nació como un acto de violencia, sino como un rito de paso ligado a la cosmogonía emberá», explica la Dra. Lucía Fernández, médica antropóloga de la OPS. En la cosmovisión de este pueblo, el corte del clítoris y los pequeños labios —realizado generalmente entre los 3 y los 8 años con instrumentos como vidrios o cuchillas sin esterilizar— simbolizaba la purificación de la mujer, su preparación para la maternidad y el control de la sexualidad considerada «excesiva» o «peligrosa» para el orden comunitario. La menstruación, vista como una sustancia poderosa pero potencialmente contaminante, debía ser «domesticada» mediante esta intervención física.
El sostén histórico: entre el aislamiento y la autonomía
¿Cómo se mantuvo esta práctica hasta el siglo XXI, pese a la medicalización de la sociedad colombiana? La respuesta reside en la convergencia de tres factores: geográfico, jurídico y cultural. Durante el siglo XX, la población emberá habitó regiones de difícil acceso en la selva del Darién y la cordillera occidental, lo que limitó la presencia estatal y los servicios de salud. Simultáneamente, el reconocimiento constitucional colombiano de la jurisdicción especial indígena (Ley 89 de 1890, reforzada por la Constitución de 1991) generó un marco de respeto a las tradiciones que, interpretado de manera absoluta, dificultó la intervención en prácticas consideradas «internas» a la cultura.
«El dilema siempre fue cómo proteger los derechos de las niñas sin caer en el etnocidio», señala Pedro Jaramillo, defensor de Derechos Humanos de la Organización Indígena Emberá Katío. Durante años, organizaciones feministas y líderes tradicionales mantuvieron un enfrentamiento estéril: las primeras denunciaban la práctica como violación de derechos humanos; los segundos la defendían como patrimonio inmaterial. El punto de inflexión llegó cuando mujeres emberá jóvenes —muchas de ellas con acceso a educación superior— comenzaron a liderar el cambio desde dentro, argumentando que la identidad cultural no residía en el corte físico, sino en los conocimientos ancestrales sobre medicina, tejido y relación con la naturaleza.
La estrategia del cambio simbólico
La erradicación no llegó mediante la prohibición legal pura —Colombia tipificó la MGF como delito en 2015, pero la ley raramente se aplicaba en territorios indígenas—, sino a través de un modelo de «sustitución simbólica» diseñado por antropólogos y médicos junto a autoridades tradicionales. Este modelo, implementado intensivamente desde 2023, consiste en reemplazar el corte físico por rituales de iniciación alternativos que preservan el significado cultural (transición a la adultez, bendición de los espíritus, preparación para roles comunitarios) pero eliminan la mutilación.
«Las jaibanás [médicas tradicionales] fueron clave», afirma María Constanza Druída, líder emberá y enfermera. «Se les explicó las consecuencias médicas: infecciones severas, hemorragias, dolores crónicos, dificultades para el parto y trauma psicológico. Muchas desconocían la anatomía completa; creían que el clítoris era un ‘tejido muerto’ que debía removerse. Cuando entendieron la función anatómica y los riesgos, propusieron ellas mismas nuevas ceremonias». Estas ceremonias incluyen el baño ritual en ríos, la pintura facial con jagua y la entrega de collares tradicionales, pero omiten cualquier intervención genital.
El contexto médico actual
Desde la perspectiva epidemiológica, la OMS clasifica la práctica emberá dentro del Tipo IV de MGF (prácticas de injerencia no clasificadas), aunque algunos estudios recientes sugieren que en casos severos puede equivaler al Tipo I (clitoridectomía). Lo cierto es que, hasta 2024, se estimaba que alrededor del 40% de las mujeres emberá mayores de 15 años habían sido sometidas al procedimiento, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
La eliminación proyectada para junio de 2026 no implica que desaparezcan los casos aislados o que no existan comunidades resistentes, especialmente en zonas de frontera con Panamá donde el control estatal es limitado. Sin embargo, representa un umbral histórico: por primera vez, una región completa habrá logrado, mediante consenso y no imposición, la abolición de una práctica de MGF arraigada culturalmente.
Perspectivas regionales
El éxito colombiano está generando efecto dominio. Panamá, que también alberga poblaciones emberá, ha solicitado asistencia técnica para replicar el modelo de sustitución simbólica. Brasil y Perú, donde existieron reportes esporádicos de prácticas similares en comunidades amazónicas —aunque no sistematizadas como en el caso emberá— están fortaleciendo sus protocolos de vigilancia epidemiológica en salud sexual y reproductiva.
Para las organizaciones internacionales, el caso latinoamericano demuestra que la erradicación de la MGF no requiere necesariamente confrontación cultural, sino alianzas estratégicas con los saberes ancestrales. «Esto desmonta el mito de que la mutilación genital es ‘inerradicable’ donde existe tradición indígena», señala una declaración reciente de UNFPA. «El respeto a la autonomía y los derechos humanos no son excluyentes cuando las propias comunidades lideran la transformación».
A falta de pocos días para la fecha límite, los equipos de salud recorren los resguardos emberá realizando los últimos talleres de validación. Si el 20 de junio confirma lo que los indicadores anticipan, América Latina no solo habrá eliminado una violencia de género corporal, sino que habrá trazado un sendero inédito: la posibilidad de sanar tradiciones sin destruir identidades.
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