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Vivimos en una era que ha elevado la expresión personal a la categoría de derecho casi absoluto. Frases como “yo respeto tu opinión, aunque no la comparta” se han convertido en un mantra social, un pegamento que intenta mantener la cohesión en una sociedad cada vez más polarizada. Sin embargo, esta premisa, bienintencionada en apariencia, oculta una peligrosa falacia: la idea de que toda opinión, por el mero hecho de ser expresada, merece un mismo grado de respeto y consideración.
La realidad, tanto desde un punto de vista jurídico como ético, es bien distinta. No todas las opiniones son respetables. Y, de hecho, la sociedad democrática, basada en el Estado de Derecho, tiene la obligación no solo de no respetar, sino de sancionar aquellas que atentan contra los derechos constitucionales y legales de los demás. Defender lo contrario no es tolerancia, sino una forma peligrosa de nihilismo moral o, peor aún, de complicidad pasiva.
El malentendido sobre la libertad de expresión
El primer paso para desmontar este mito es comprender qué es y qué no es la libertad de expresión. Una consulta al Tribunal Constitucional de cualquier democracia occidental, incluyendo la española, revela una doctrina clara: la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución Española) protege al ciudadano de la censura previa y de la persecución del Estado por sus ideas. Es un derecho de defensa frente al poder público.
Sin embargo, el activista social o el usuario de redes sociales suele confundir esta garantía jurídica con una patente de corso social. La libertad de expresión garantiza que el Estado no te encarcele por pensar distinto, pero no garantiza que los demás tengan la obligación de escucharte, aplaudirte, considerarte o, menos aún, respetarte. Como escribió el filósofo Karl Popper en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, la tolerancia no puede ser ilimitada. Si una opinión promueve la intolerancia y el ataque a los derechos fundamentales, la sociedad tiene derecho a no tolerarla. Es la famosa «Paradoja de la Tolerancia»: tolerarlo todo, incluso la intolerancia, lleva inevitablemente a la desaparición de la tolerancia misma.
Un negacionista del Holocausto puede argumentar su «opinión», pero la historia, los archivos judiciales de Núremberg y la legislación europea contra el discurso de odio le recuerdan que su «opinión» no es un hecho, sino una falacia dañina que humilla a las víctimas y sus familias. El Estado no le persigue por pensar, sino por difundir una mentira con potencial criminógeno.
Opinión vs. Derecho: La jerarquía constitucional
Aquí radica el núcleo del argumento: cuando una opinión choca con un derecho constitucional ajeno, la balanza se inclina. La Constitución no es un menú del que se puedan elegir solo los derechos que nos convienen; es un sistema jerárquico donde la dignidad de la persona y los derechos fundamentales (vida, honor, intimidad, igualdad) son el límite infranqueable.
Pensemos en la llamada «Ley de Igualdad de Trato» (Ley 15/2022, en España) o en las directivas europeas contra la discriminación. No es «respetable» una opinión que afirme que un grupo étnico es inferior, que una mujer merece un salario menor por su género o que una persona LGTBI+ debe ser «curada». Eso no es una opinión: es una incitación al odio, una vulneración del derecho al honor y una violación del principio de igualdad.
Confundir estos actos con «opiniones» es un ejercicio de relativismo peligroso. Como argumenta el jurista Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales actúan como un «coto vedado» de la democracia. No se pueden negociar ni poner a votación. Por lo tanto, una voz que pide la abolición de esos derechos no merece un espacio de respeto en el debate público, sino una respuesta contundente basada en la ley. Respetar la «opinión» de quien niega la violencia de género, por ejemplo, no es ser tolerante; es normalizar la desigualdad y el sufrimiento de millones de mujeres.
El derecho a la réplica y la contundencia social
Un error común es creer que «respetar» implica escuchar pasivamente. No. El respeto debido a la persona es incondicional (no insultamos a la persona). Pero el respeto debido a su idea es condicional: depende de su contenido y su impacto.
Si alguien profiere un discurso racista, la respuesta social no debe ser un tibio «bueno, esa es su opinión», sino una refutación enérgica, y si la ley lo permite, una denuncia. El silencio o la falsa equidistancia («ambas partes tienen su razón») legitiman el abuso. Aquí entra en juego el papel del «Tercero» en la ética del discurso (Habermas). Una comunidad sana no premia con validación social a quien vulnera derechos; lo aísla y lo combate con argumentos y, cuando es necesario, con la ley.
La libertad de expresión no obliga a nadie a darle un altavoz a quien discrimina. Las plataformas digitales, como Meta o X (antes Twitter), han empezado a aplicar este principio (con mayor o menor acierto) al etiquetar o eliminar discursos de odio. No lo hacen por censura, sino porque un «like» o un «retuit» a una idea xenófoba no es un acto neutral; es un acto de propagación de un virus social.
Conclusión: La intolerancia ante lo intolerable
En resumen, es necesario abandonar la pereza intelectual de tratar todas las ideas como iguales. La historia nos enseña que el fascismo, el genocidio y la opresión comenzaron con «opiniones» que nadie quiso llamar por su nombre. La democracia no es un ring de boxeo donde todo vale; es un espacio de convivencia con reglas muy claras.
No todas las opiniones son respetables. Son respetables aquellas que buscan la verdad, que se basan en hechos contrastables y, sobre todo, que no atentan contra la dignidad y los derechos constitucionales de los demás. Las opiniones que piden recortar la igualdad, negar la historia o incitar a la exclusión merecen ser desenmascaradas, no respetadas.
Respetar a la persona implica tener la valentía de no respetar su idea cuando ésta es dañina. Defender el pluralismo no es ser complaciente con la injusticia. Es, como decía Popper, estar dispuesto a retirarle la tolerancia al intolerante para salvar a los tolerantes. La verdadera fortaleza de una sociedad no está en cuántas voces puede soportar, sino en su capacidad para silenciar, por la vía de la ley y la razón, aquellas que intentan destruir los cimientos de la convivencia. Defender los derechos constitucionales es, al final, el único respeto que importa.
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